Resumen de derecho ambiental en Canadá

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14 Emergencias ambientales

 

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14.1 Requisitos para la notificación y la presentación de informes en situaciones de emergencia

 

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En este apartado se abordan los requisitos para presentar informes y notificar a las autoridades en caso de situaciones de emergencia, principalmente los federales, aunque las asambleas legislativas provinciales han adoptado requisitos similares. Mientras que las diferentes medidas vigentes en cada provincia son muy variables, los requisitos federales se aplican en todo el país.

En el ámbito federal, las principales reglas relativas a la notificación de derrames se encuentran en la Ley Canadiense de Protección Ambiental (Canadian Environmental Protection Act, CEPA o Loi canadienne sur la protection de l'environnement), la Ley de Pesca (Fisheries Act o Loi sur les pêches), la Ley de Transporte de Productos Peligrosos (Transportation of Dangerous Goods Act o Loi sur le transport de marchandises dangereuses), la Ley de la Marina Mercante (Shipping Act o Loi sur la marine marchande) y la Ley de Operaciones Petroleras de Canadá (Canada Oil and Gas Operations Act o Loi sur les opérations pétrolières au Canada). Además de las obligaciones legales que requieren el envío de una notificación, el derecho consuetudinario prevé la obligación general de notificar a las personas que probablemente se vean afectadas por el derrame de sustancias peligrosas.

La Parte 8 de la CEPA otorga al ministro de Medio Ambiente y al Gobernador en Consejo (el Gabinete federal) la facultad de adoptar reglamentos y medidas no reglamentarias a fin de prevenir las emergencias ambientales, prepararse para enfrentarlas e intervenir, así como subsanar y reparar los daños. De igual modo, establece un régimen que obliga a la persona a quien pertenece o que controla la sustancia a reparar los daños causados al medio ambiente y asumir los gastos y los costos generados por las medidas tomadas en caso de una emergencia ambiental. La Parte 8 sirve como "red de seguridad" para el manejo integral de las contingencias ambientales. Cuando no hay reglamentos federales o provinciales que permitan prevenir una emergencia ambiental, prepararse para enfrentarla, intervenir y subsanar y reparar los daños ocasionados, la Parte 8 llena este vacío y permite proteger la salud humana y el medio ambiente.

De nuevo en virtud de la CEPA, el ministro el Medio Ambiente puede llevar a cabo investigaciones y establecer directrices y códigos de prácticas relativos a las emergencias ambientales. Estas investigaciones pueden incluir el estudio de las causas de las emergencias ambientales y las medidas correctivas necesarias. Asimismo, puede crear un sistema nacional de notificación e informes de emergencias ambientales.

Además, la Parte 8 autoriza al ministro a exigir la preparación y la instrumentación de planes de contingencia ambiental para las sustancias incluidas en la Lista de Sustancias Tóxicas [anexo 1 de la CEPA] o las sustancias consideradas tóxicas que se agreguen. Conforme a esta misma parte, el gobierno también puede adoptar reglamentos sobre diversos asuntos relativos a las emergencias ambientales. Por último, la Parte 8 instaura un régimen de responsabilidad civil que permite sufragar los costos y gastos relacionados con las medidas correctivas destinadas a evitar daños ambientales y restaurar el medio ambiente dañado por una emergencia ambiental o en el transcurso de ésta.

La CEPA contiene otras disposiciones relativas a las emergencias ambientales. La Parte 7 (Control de la contaminación y manejo de residuos) autoriza al gobernador en consejo a adoptar reglamentos con miras a prevenir, controlar y corregir las causas de la contaminación atmosférica o de las aguas internacionales. La Parte 9 (Operaciones gubernamentales, territorio nacional y tierras indígenas) autoriza al gobernador en consejo a promulgar reglamentos en materia de emergencias ambientales en el marco de las operaciones federales. Por otro lado, la Parte 10 (Control de aplicación) permite que un juez exija, en caso de una infracción en el marco de la CEPA, la preparación e instrumentación de un plan de contingencia ambiental.

La Ley de Pesca establece que en caso de descarga o inmersión irregular, real o inminente, de una sustancia nociva en aguas habitadas por peces se debe informar a un inspector o a cualquier otra autoridad indicada en el reglamento. El informe se debe elaborar de conformidad con la reglamentación adoptada para tal efecto, aunque actualmente no hay ningún reglamento que defina el contenido del informe o señale alguna otra autoridad, además del inspector, a quien se le deba enviar.

La Ley de Transporte de Productos Peligrosos estipula que todo derrame debe ser objeto de un informe presentado por la persona responsable y que deben tomarse todas las medidas de emergencia necesarias para eliminar o limitar los riesgos de afectar la seguridad pública. La definición de derrame es toda descarga imprevista o fortuita de sustancias provenientes de productos peligrosos. No hay una definición precisa para el término "productos peligrosos", pero se anexa una lista a la ley. Esta ley también abarca los productos que, "dada su naturaleza", son peligrosos.

La Ley de la Marina Mercante de Canadá trata sobre la prevención y la intervención en materia de contaminación en el caso de las embarcaciones destinadas al transporte comercial en aguas canadienses. Esta ley no se aplica a las operaciones de perforación en alta mar ni a las actividades relacionadas, las cuales están reguladas por la Ley de Operaciones Petroleras de Canadá. La Ley de la Marina Mercante aborda el tema de las "descargas", lo que incluye los derrames, y establece como principio la prohibición de descargar sustancias contaminantes, definidas como toda sustancia que, al verterse en el agua, ocasiona un deterioro o alteración de su calidad, de modo que la vuelve dañina para los peces de utilidad para los humanos. Esta ley no prohíbe todas las descargas de las embarcaciones, pero se pueden adoptar reglamentos para prohibirlas.

La Ley de Operaciones Petroleras de Canadá prohíbe las descargas no autorizadas de hidrocarburos y obliga a toda persona que trabaje en el área donde se produjo la descarga a informar del incidente al oficial de conservación en jefe, de acuerdo con lo establecido en el reglamento aplicable. Además, las personas que corresponda deberán tomar todas las medidas razonables necesarias para proteger el medio ambiente, atenuar los daños a la vida, la salud, la propiedad y el medio ambiente que pueda ocasionar la descarga, así como prevenir otras descargas.

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14.2 Intervención en casos de emergencia y protección civil

 

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En este apartado se abordan las facultades otorgadas a los funcionarios públicos en caso de una situación emergencia y las reglas de intervención inicial por parte de los afectados por un derrame. La Ley Federal de Medidas de Emergencia (Emergencies Preparedness Act o Loi fédérale sur les mesures d'urgence) trata de las emergencias nacionales, definidas como toda situación de emergencia o crítica de naturaleza temporal que pone en peligro grave la vida, la salud o la seguridad de los canadienses y que es de tales proporciones o naturaleza que excede la capacidad o autoridad de una provincia para hacerse cargo de la situación. Esta ley también rige lo relativo a las emergencias relativas al bienestar público reales o inminentes, incluido cualquier accidente o incidente de contaminación que pueda representar un peligro para la vida o la propiedad, o causar desórdenes sociales o la interrupción en el abasto de bienes, servicios o recursos esenciales, que se consideren lo suficientemente graves como para constituir una emergencia nacional.

Dicha ley establece que el gobernador en consejo puede declarar, mediante proclamación, un estado de emergencia para el bienestar público y adoptar diversas ordenanzas y reglamentos a fin de intervenir con eficacia en este tipo de situaciones. La realización de una evaluación de los daños al medio ambiente y la reparación de los mismos es un ejemplo de los aspectos que se pueden reglamentar en virtud de las facultades conferidas al gobernador en consejo. Asimismo, el gobierno detenta la facultad de expedir reglamentos para imponer multas o penas de prisión por contravenir los reglamentos u ordenanzas. Antes de emitir o modificar una declaración de estado de emergencia para el bienestar público, el gobernador en consejo debe consultar al gobernador teniente de cada una de las provincias donde se resientan los efectos directos del estado de emergencia.

La unidad Protección Civil de Canadá (Emergency Preparedness Canada o Protection civile du Canada), que depende del Ministerio de la Defensa Nacional (Department of National Defence o Défense nationale), tiene la encomienda de coordinar las actividades de planeación en caso de emergencias por parte del gobierno federal. Esta dependencia se vale de una consulta interinstitucional continua para el establecimiento de planes y procedimientos de emergencia. Asimismo, colabora estrechamente con las provincias y los territorios a fin de asegurar que haya normas lo más estrictas posible en cuanto a la capacidad tanto de responder ante situaciones de emergencia en todo el país como de manejarlas. Los funcionarios e inspectores federales y provinciales cuentan con amplios poderes de investigación y una autoridad considerable para tomar cualquier medida necesaria en caso de un derrame, en particular en las situaciones con carácter de emergencia. En ciertos casos, corresponde a los individuos brindar asistencia durante una situación de emergencia. Las leyes provinciales determinan las facultades de los inspectores y los funcionarios provinciales autorizados para actuar, mientras que las facultades de los inspectores federales se otorgan conforme a las leyes federales aplicables. En ocasiones, se han celebrado acuerdos entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, en los que se otorga a los funcionarios provinciales cierta autoridad para actuar a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de algunas leyes federales.

En virtud de la Ley Canadiense de Protección Ambiental (CEPA 1999), en caso de emergencias relacionadas con una sustancia prevista en el reglamento, los interesados (el propietario de la sustancia o el responsable de la emergencia) deben informar, lo antes posible, a alguna autoridad sobre el incidente, tomar las medidas de emergencia pertinentes —compatibles con la protección del medio ambiente y la seguridad pública— para prevenir la emergencia o para suprimir o atenuar sus posibles efectos nocivos en el medio ambiente, la vida o la salud humanas y hacer lo posible por notificar a los ciudadanos que podrían verse afectados por la emergencia. Si los interesados no toman las medidas mencionadas, las autoridades pueden tomarlas, hacer que se tomen u ordenar a los interesados que las tomen.

En la Ley de Pesca, de alcance federal, se establece que toda persona que sea propietaria o tenga algún control sobre una sustancia nociva y sea responsable del derrame o la inmersión de una sustancia nociva, además de notificar a las autoridades por medio de un informe, debe tomar todas las medidas necesarias, compatibles con la seguridad y la conservación de los peces y su hábitat, para impedir que se produzca otro derrame u otra inmersión o para atenuar o reparar los daños que pueda ocasionar. Asimismo, la ley otorga a un inspector la facultad de tomar cualquier medida u ordenar que cualquier persona tome medidas cuando tiene razones suficientes para creer que se produjo un suceso que requiere acción inmediata. Un inspector u otra persona autorizada por la ley puede entrar en todos los lugares, incluidos un vehículo o embarcación, y tomar todas las medidas necesarias para que se respeten las disposiciones legales. Por otro lado, tanto el propietario o responsable de los lugares, incluidos vehículos o embarcaciones, que visite el inspector como las personas que se encuentren ahí deben brindarle toda la asistencia posible para el ejercicio de sus funciones.

En los casos de derrame o peligro de derrame inminente procedente de contenedores de productos peligrosos, la Ley de Transporte de Productos Peligrosos de 1992 estipula que la persona responsable de dichos productos debe informar en ese momento a la persona indicada en el reglamento. Por otra parte, esta ley de alcance federal obliga a que se tomen todas las medidas razonables para enfrentar situaciones de emergencia. El inspector puede tomar cualquier medida si tiene razones suficientes para creer que es necesaria a fin de limitar cualquier riesgo de afectar la seguridad pública. Los requisitos para la notificación se establecen en el reglamento respectivo.

En el Reglamento sobre Sustancias Contaminantes (Pollutant Substances Regulations o Règlement sur les substances polluantes) de la Ley de la Marina Mercante, se estipula la obligación de notificar al funcionario responsable de la prevención de la contaminación en caso de derrame o riesgo de derrame (anexo 2) y de presentar un informe para toda descarga prohibida en virtud de ese mismo reglamento y del Reglamento sobre Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos (Oil Pollution Prevention Regulations o Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures). El funcionario responsable de la prevención de la contaminación, mencionado en el anexo 2, posee amplias facultades para pedir información, visitar embarcaciones y tomar cualquier medida a fin de prevenir la contaminación, entre ellas, el decomiso de una embarcación, cuando tiene razones suficientes para creer que se ha infringido la ley. Los funcionarios también pueden declarar zonas de emergencia y solicitar a otras embarcaciones presentes en esas zonas que se retiren del lugar, cuando tiene razones suficientes para creer que hay un peligro grave e inminente. De igual modo, pueden ordenar a estas embarcaciones que ayuden a limpiar un derrame o a tomar medidas para controlarlo.

La Ley de Operaciones Petroleras de Canadá especifica que el oficial de conservación en jefe podrá autorizar el ingreso de personas a un lugar en el que se haya producido un derrame para hacerse cargo del manejo de las actividades en el lugar. Las personas a las que conciernan estas medidas deben obedecer las instrucciones del oficial en jefe.

Puesto que muchas veces el tiempo de respuesta es un factor crucial en las emergencias ambientales, normalmente los municipios tienen la responsabilidad inicial de intervenir en casos de emergencia en su territorio. Sin embargo, el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos provinciales han establecido un sistema de respuesta con el que se puede entrar en contacto gratuitamente en cualquier momento.

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2003