Resumen de derecho ambiental en Canadá

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15 Planeación y gestión del uso de tierras privadas

 

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De acuerdo con la Constitución canadiense, el ordenamiento del territorio corresponde en gran medida a las provincias. Todas las asambleas legislativas provinciales han promulgado leyes que prevén la creación de planes para orientar las actividades de desarrollo, el establecimiento de políticas para la planeación de ciertos sectores y la delegación a los municipios de facultades para adoptar reglamentos municipales de zonificación que limiten el uso de ciertos tipos de terrenos.

El gobierno federal ofrece ciertos programas de ordenamiento del territorio. Por ejemplo, financia investigaciones para una mejor urbanización y programas federales de desarrollo regional que favorecen la protección ambiental de los recursos en el sector agrícola, especialmente en lo que respecta a la conservación del suelo.

El ordenamiento del territorio generalmente se asigna a las autoridades locales, lo que incluye la facultad de tomar decisiones sobre el uso del suelo actual y a largo plazo. Sin embargo, el gobierno provincial ejerce un control general sobre los trabajos realizados por los gobiernos locales por medio de su facultad de coordinación y orientación y un proceso de apelación, entre otras cosas.

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15.1 Zonificación y reglamentación ambiental de tierras privadas

 

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Los instrumentos legislativos utilizados por los municipios para controlar el uso del suelo incluyen los esquemas de ordenamiento, los reglamentos de zonificación, los controles de subdivisión, el control de planeación de territorios, el control de las actividades de demolición y las facultades de expropiación. Sin embargo, los gobiernos provinciales mantienen una función importante en lo que se refiere al control del ejercicio de estas facultades por parte de los gobiernos locales: tienen el derecho a emitir declaraciones generales de políticas que se deben considerar en la planeación del territorio.

Por regla general, el documento de planeación territorial básico es un "plan oficial", elaborado por un municipio con la participación de la ciudadanía. En este plan, se establecen los principios y las políticas sobre la naturaleza, el modelo, la extensión y el calendario de desarrollos futuros previstos dentro del municipio para un periodo determinado. Asimismo, el plan contiene una serie de políticas que fijan objetivos para cada uno de los siguientes aspectos: desarrollo residencial, desarrollo industrial y comercial, salud, transporte, protección ambiental, desarrollo económico, conservación de sitios históricos, servicios públicos, finanzas municipales, participación ciudadana, agricultura, protección de planicies aluviales, manejo de sectores sensibles al plan ambiental, extracción de grava, así como separación y subdivisión de la tierra.

Los reglamentos de zonificación rigen el uso del suelo y varios otros aspectos de la construcción de edificios (por ejemplo, densidad, altura, volumen, distancia de separación de caminos, estacionamiento, etcétera). Estos reglamentos se adoptan de acuerdo con el plan oficial y deben apegarse a los propósitos y objetivos de éste. Un reglamento de zonificación es un documento con valor legal adoptado por el ayuntamiento y con disposiciones generalmente muy precisas. Sin embargo, estos reglamentos no pueden impedir la realización de un proyecto de desarrollo salvo en circunstancias muy específicas (por ejemplo, en el caso de terrenos aluviales o pantanosos). De otro modo, sólo pueden imponer límites en cuanto al tipo y la intensidad de los desarrollos. Los municipios pueden restringir el desarrollo de una zona si la declara sensible al plan ambiental.

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15.2 Ocupaciones, expropiaciones y otras restricciones de naturaleza reglamentar

 

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La expropiación es la toma de un terreno privado por parte de una autoridad pública o una empresa privada (por ejemplo, empresas de servicios de electricidad o comunicación) autorizada para hacerlo por motivos de interés público. La Constitución canadiense no incluye ninguna disposición en materia de expropiaciones. Cada provincia ha adoptado leyes que rigen las expropiaciones, en las cuales se definen los criterios para determinar el monto de la indemnización y los procedimientos para la resolución de conflictos en esta materia. Se incluyen otras disposiciones acerca de la expropiación en leyes sobre recursos naturales, transporte, etcétera.

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15.3 Políticas e incentivos para la conservación en tierras privadas

 

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Las propiedades privadas representan alrededor del 11 por ciento del territorio canadiense. La gran mayoría de la población está asentada en la región ubicada a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Gobierno federal

El Servicio de Vida Silvestre de Canadá (Canadian Wildlife Service o Service canadien de la Faune) administra la Ley de Especies Silvestres de Canadá (Canada Wildlife Act o Loi sur les espèces sauvages du Canada). Esta dependencia concentra su labor en el establecimiento de relaciones de cooperación que ayuden a conservar y manejar eficazmente numerosos hábitats en todo Canadá. En esta cooperación participan organizaciones no gubernamentales de conservación, empresas privadas, dependencias de los tres órdenes de gobierno, comunidades indígenas y propietarios privados de tierras. Las acciones prioritarias se concentran sobre todo en la administración privada de las tierras agrícolas o forestales. Asimismo, el gobierno federal fomenta la donación de tierras sensibles. De hecho, los propietarios que donan este tipo de tierras reciben créditos para el pago de los impuestos federales. De este modo, las propiedades con un valor ecológico importante se confían a organismos conservacionistas autorizados o a municipios, a fin de que su valor ambiental quede protegido de manera permanente.

Provincias y territorios

La mayoría de las provincias cuentan con un marco legislativo para la protección ambiental en tierras privadas. Los hábitats de la vida silvestre pueden gozar de cierta protección gracias a la labor de varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales mediante acuerdos de arrendamiento y administración de terrenos privados. En la mayoría de las provincias se pueden usar los convenios formales (covenants) y las servidumbres (easements), que se derivan del derecho consuetudinario y en ocasiones se incluyen expresamente en ciertas leyes provinciales, para conservar espacios naturales de manera permanente, gracias a la imposición de restricciones parciales o totales sobre su uso o desarrollo. El titular de un convenio o servidumbre puede ser una persona física, una organización no gubernamental dedicada a la conservación, una empresa privada o una entidad gubernamental. El gobierno de Quebec, en colaboración con el gobierno federal y Canards Illimités/Ducks Unlimited, publicó una guía titulada Opciones de conservación: guía del propietario (Options de conservation: Guide du propriétaire). Inspirado en una obra estadounidense, este documento propone a los propietarios diversas opciones de conservación que les permiten preservar los atractivos naturales de sus tierras en beneficio propio, de sus allegados y de las futuras generaciones. Las opciones recomendadas van desde la declaración de intención hasta la venta o donación de la propiedad, pasando por el contrato de arrendamiento, los convenios entre propietarios y la servidumbre personal de conservación. Cuanto más provechosas son las opciones para la sociedad, mayores son las ventajas financieras y fiscales para el propietario.

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15.4 Tenencia de la tierra

 

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En Canadá, las tierras son propiedad de la Corona (los gobiernos federal o provinciales), excepto cuando ésta las cede o cede ciertos intereses legales sobre ellas (como los derechos mineros y forestales) a personas físicas o empresas privadas, o cuando las tierras son objeto de un tratado o de cualquier otro derecho del que se benefician los pueblos indígenas. La proporción de tierras pertenecientes a la Corona varía de una provincia a otra. Por ejemplo, en Nueva Escocia, el 70 por ciento de la tierra es de propiedad privada, mientras que en Columbia Británica y Quebec más del 90 por ciento de la tierra es propiedad de la Corona provincial. La Corona federal mantiene en fideicomiso ciertos territorios como reservaciones para las comunidades indígenas conforme a la Ley de Asuntos Indígenas (Indian Act o Loi sur les indiens). Una proporción muy pequeña del territorio de las provincias es propiedad del gobierno federal, como los parques nacionales y los terrenos pertenecientes a la Defensa Nacional. En los dos territorios canadienses, la mayoría de las tierras son propiedad del gobierno federal o de las comunidades indígenas si se trata de tierras que han sido objeto de acuerdos sobre reivindicaciones territoriales.

En varias regiones de Canadá, los asuntos ambientales e indígenas guardan una estrecha relación. Sin embargo, las reglas concernientes a los derechos de propiedad y las facultades legislativas de los indígenas son sumamente complejas y su detalle rebasa los objetivos del presente documento.

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2003