Resumen de derecho ambiental en Canadá

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16 Gestión ambiental de tierras públicas

 

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(Véase también el capítulo 20: Bosques y manejo forestal)

La facultad de los gobiernos de administrar las tierras públicas tiene dos orígenes: su derecho de propiedad sobre éstos y su autoridad constitucional para legislar en esta materia.

Como se menciona en el apartado 15.4: Tenencia de la tierra, las provincias son propietarias de la mayoría de los terrenos públicos y los recursos naturales de Canadá. Esta situación, aunada a sus amplias facultades legislativas, otorga a las provincias un papel fundamental en el manejo ambiental de las tierras públicas en Canadá, con excepción de las regiones del norte.

Gobierno federal

El gobierno federal participa en la protección de ciertos paisajes de interés nacional y de hábitats silvestres importantes. Esta participación se concreta cuando (1) el gobierno federal identifica espacios naturales terrestres y acuáticos de interés nacional, (2) el gobierno federal y un gobierno provincial se ponen de acuerdo para manejar determinados espacios conforme a las políticas federales de conservación o (3) hay acuerdos internacionales que exigen la protección de especies migratorias mediante la acción conjunta de diferentes órdenes de gobierno. Asimismo, el gobierno federal puede manejar las tierras públicas en virtud de su jurisdicción sobre los terrenos federales e indígenas, la navegación, el transporte ferroviario, la aviación y las telecomunicaciones.

Los humedales constituyen una parte importante del territorio protegido de Canadá; más del 29 por ciento de estas zonas están bajo el control del gobierno federal. No existe una ley marco federal que se refiera expresamente a los humedales, pero éstos se pueden proteger mediante la aplicación de diversas leyes federales, como la Ley de la Convención sobre Aves Migratorias (Migratory Birds Convention Act o Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs), la Ley de Especies Silvestres de Canadá (Canada Wildlife Act o Loi sur les espèces sauvages du Canada), la Ley de Parques Nacionales (National Parks Act o Loi sur les parcs nationaux) y la Ley de Pesca (Fisheries Act o Loi sur les pêches). Con el fin de apoyar la labor de manejo de los humedales en los terrenos federales y ofrecer una guía para los administradores federales y provinciales de humedales, en 1991 el gobierno federal expidió la Política Federal sobre Conservación de Humedales (Federal Policy on Wetland Conservation o Politique fédérale sur la conservation des milieux humides).

Provincias

Las tierras públicas están principalmente bajo jurisdicción provincial. Las provincias han establecido diferentes medidas para la creación y el manejo eficaz de estos terrenos con fines de conservación o recreativos. Por ejemplo, en 1993 el gobierno de Quebec adoptó el Reglamento de Hábitats Silvestres en Tierras Propiedad de la Nación (Règlement sur les habitats fauniques dans des terres du domaine public). Asimismo, los humedales gozan de protección provincial. Más que leyes y reglamentos, las diferentes medidas incluyen políticas y programas provinciales. Por ejemplo, en 1984 el gobierno de Ontario instituyó lineamientos para el manejo de los humedales en su territorio. Sin embargo, algunas leyes provinciales pueden contribuir a la protección o la conservación de los humedales dentro de la provincia.

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16.1 Instituciones encargadas de la gestión de las tierras públicas

 

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El gobierno federal y los gobiernos provinciales han celebrado varios acuerdos para proteger las tierras públicas. Los gobiernos cuentan con amplias facultades para reglamentar y controlar las tierras públicas, entre ellas, la de expropiar terrenos privados necesarios para fines públicos.

La administración de terrenos públicos federales para la conservación de la vida silvestre es competencia del Ministerio de Medio Ambiente de Canadá (Environment Canada o Environnement Canada). Por su parte, el manejo de los terrenos públicos provinciales generalmente corresponde al ministerio provincial responsable de la administración de las leyes en materia de parques (por ejemplo, el ministerio de medio ambiente, de recursos naturales, etcétera).

En el ámbito municipal, las facultades de manejo de tierras públicas son limitadas. Los municipios sólo pueden intervenir si una ley de autorización los habilita. Por ejemplo, los municipios pueden ocuparse del manejo de parques regionales cuando los autoriza el ministerio provincial responsable de los asuntos municipales.

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16.2 Otros terrenos públicos

 

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Diversas dependencias gubernamentales se ocupan del manejo ambiental de las tierras públicas, en función de la propiedad de los terrenos de que se trate y el uso al que se destinen.

El Ministerio de Asuntos Indígenas y de la Región Norte (Department of Indian Affairs and Northern Development o Affaires Indiennes et du Nord canadien) tiene importantes responsabilidades de gestión sobre los territorios del norte y los territorios indígenas en el conjunto del territorio canadiense. Otras dependencias federales con ciertas responsabilidades sobre la propiedad de otros terrenos se ocupan de su manejo ambiental. Como ejemplos tenemos las instalaciones militares, los puertos, la mayoría de las terminales aéreas, los inmuebles federales y los parques nacionales. Por otra parte, las sociedades de la Corona federal, como las compañías ferroviarias, son importantes propietarias de tierras y, como tales, deben velar por el manejo ambiental eficaz de un número considerable de propiedades. Sin embargo, la clasificación de estas tierras como "terrenos públicos" es motivo de controversia.

En 1980, el gobierno federal adoptó la Política Federal sobre el Uso de la Tierra (Federal Policy on Land Use o Politique fédérale sur l'utilisation des terres). Esta política establece prácticas para la adquisición, el uso y la cesión de tierras pertenecientes a la Corona federal.

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16.3 Áreas protegidas y parques nacionales

 

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(Véase también el apartado 9.7: Protección de los ecosistemas de agua dulce)

Los parques y las áreas protegidas son elementos esenciales en las estrategias nacional y global de conservación. En estas áreas se intenta conservar las características geológicas y físicas, los ecosistemas y hábitats silvestres como bosques, humedales y redes lacustres, a fin de perpetuar la diversidad de las especies.

Gobierno federal

Las autoridades federales pueden establecer y manejar áreas protegidas y parques en virtud de la Ley de Parques Nacionales y la Ley de Especies Silvestres. En la Ley de Parques Nacionales se estipula que los parques nacionales están destinados a los ciudadanos canadienses para su beneficio, educación y disfrute y que deben mantenerse intactos para el disfrute de las generaciones futuras. Esta ley rige todos los parques nacionales; encomienda su manejo al Servicio Canadiense de Parques (Canadian Parks Service o Service canadien des parcs), y garantiza que cualquier intento de aumentar, reducir o eliminar un parque nacional quede sujeto a un procedimiento de revisión política y pública. Asimismo, dispone que el gobierno federal sea el titular de todos los derechos sobre el conjunto de los parques nacionales. Por lo tanto, cuando se crea un parque o se aumenta su superficie dentro de una provincia, el gobierno o los gobiernos provinciales de que se trate deberán transferir al gobierno federal sus derechos sobre los territorios en cuestión.

En 1986, el gobierno federal aprobó un proyecto nacional para el desarrollo de parques marinos conforme al Plan de la Red de Parques Nacionales (National Parks System Plan o Plan du réseau des parcs nationaux). Con este proyecto, se intenta representar cada una de las 29 regiones marinas de Canadá dentro de una red de parques nacionales marinos. El objetivo es establecer parques marinos a lo largo de las costas del Atlántico, el Pacífico y el Ártico, así como en las inmediaciones de los Grandes Lagos, para proteger y conservar el patrimonio marino canadiense. En 1988 se reformó la Ley de Parques Nacionales a fin de permitir el establecimiento de parques marinos. Por ejemplo, luego de varios años de esfuerzos concertados de los gobiernos federal y de Quebec, en 1998 se fundó el parque marino de Saguenay-Saint-Laurent.

El gobierno federal administra dos tipos de reservas de vida silvestre: las zonas nacionales de vida silvestre y los santuarios de aves migratorias. Estos dos tipos de reserva favorecen la cooperación de los ámbitos federal y provincial en materia de protección de espacios naturales y hábitats silvestres de interés nacional e internacional. La Ley de Especies Silvestres fomenta la investigación, interpretación y conservación de los hábitats silvestres. El ministro federal de Medio Ambiente posee la autoridad necesaria para adquirir, arrendar o aceptar mediante donaciones tierras para fines de investigación, conservación e interpretación de la vida silvestre. Para alcanzar estos objetivos, el ministro puede celebrar acuerdos con los gobiernos provinciales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales. A diferencia de la Ley de Parques Nacionales, el ministro puede modificar los límites del territorio de las reservas de vida silvestre y también permitir la extracción de recursos naturales en estas tierras sin necesidad de obtener la aprobación del Parlamento.

En 1984, los ministros federales, provinciales y territoriales responsables de los parques establecieron la Red Fluvial del Patrimonio Canadiense (Canadian Heritage Rivers System o Réseau de rivières du patrimoine canadien), con el objeto de reconocer la importancia de ciertos ríos canadienses y garantizar la conservación e interpretación del patrimonio natural y cultural que representan. Se invita a las provincias a participar de forma voluntaria.

Provincias

En el ámbito provincial, cada asamblea legislativa ha adoptado leyes para el establecimiento y el manejo de áreas protegidas y parques. Hay una amplia variedad de instrumentos disponibles en lo que respecta a estos territorios: regiones silvestres, reservas naturales, vías navegables, parques históricos, reservas ecológicas, etcétera. Las áreas protegidas y los parques se establecen para preservar ciertos sitios naturales y permitir el ejercicio de actividades recreativas. A pesar de estos objetivos, a veces es posible la explotación de estas áreas por razones económicas (por ejemplo, la exploración y desarrollo de actividades forestales y mineras, explotación comercial, etcétera). Las asambleas legislativas provinciales tienen la facultad de adoptar reglamentos para controlar o prohibir toda actividad en estos territorios.

Varias provincias han adoptado políticas y lineamientos con miras a fijar metas y objetivos diversos (por ejemplo, extensión del territorio por proteger, tipo de protección, etcétera) que ayuden al gobierno en su labor de planeación y manejo de áreas protegidas y parques, ya existentes o futuros. Recientemente se han hecho importantes inversiones, sobre todo en Columbia Británica, Alberta, Nueva Escocia y Quebec, para la consolidación y desarrollo de parques provinciales.

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16.4 Protección del patrimonio cultural y nacional

 

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Tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales tienen competencia para intervenir en la protección del patrimonio cultural y nacional (o provincial). Para ello, en el ámbito federal existe la Ley del Patrimonio Canadiense (Canada Heritage Act o Loi sur le patrimoine canadien) y varias provincias han adoptado leyes similares. En general, estas leyes establecen instituciones que tienen por objeto fomentar la protección del patrimonio y la cultura (por ejemplo, la Ley del Patrimonio de Ontario [Ontario Heritage Act o Loi sur le patrimoine de l'Ontario] que crea la Fundación del Patrimonio de Ontario). Estas leyes provinciales facilitan que las autoridades municipales reconozcan el carácter patrimonial de algunas partes de su territorio por medio de reglamentos municipales. Estos reglamentos permiten controlar las actividades de demolición de edificios históricos.

Luego de la celebración de acuerdos coloniales entre la Corona y las comunidades indígenas, vastas extensiones de territorio nórdico perteneciente a la Corona federal se volvieron propiedades con una categoría particular, regidas por las disposiciones de estos acuerdos. Varios acuerdos contienen disposiciones para la investigación, reconocimiento y conservación de sitios con un interés histórico y cultural particular para las comunidades indígenas.

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2003