Resumen de derecho ambiental en Canadá

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3 Disposiciones constitucionales

 

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La Constitución Canadiense (Constitution canadienne) no alude específica o directamente al medio ambiente. La jurisdicción para la protección del ambiente la comparten los dos niveles del gobierno, de acuerdo con la distribución específica de sus facultades legislativas. El artículo 91 de la Constitución otorga al gobierno federal jurisdicción en 29 áreas, así como facultades limitadas para actuar en materias sobre las que no se le hubiera otorgado jurisdicción a uno de los dos niveles gubernamentales. El Parlamento federal tiene la facultad de tratar asuntos ambientales con fundamento en los siguientes artículos:

  1. impuestos (art. 91[3])
  2. navegación y marina mercante (art. 91[10])
  3. pesca costera y fluvial (art. 91[12])
  4. banca (art. 91[15])
  5. derecho penal (art. 91[27])
  6. transportes y comunicaciones interprovinciales e internacionales (art.92 [10][a])
  7. trabajos declarados para el beneficio general de Canadá (Art. 92 [10][c])
  8. paz, orden y buen gobierno (art. 91, palabras iniciales).

Los artículos 92 y 92A de la Constitución mencionan 17 áreas que recaen dentro de la jurisdicción provincial. Las más importantes relacionadas con el medio ambiente son:

  1. impuestos (art.92 [2]);
  2. administración y venta de terrenos públicos federales que pertenezcan a la provincia (art. 92 [5]);
  3. instituciones municipales (art. 92 [8]);
  4. obras y actividades locales (art. 92 [10]);
  5. bienes y derechos civiles (art. 92 [13]);
  6. todos los asuntos de naturaleza local o privada dentro de la provincia (art. 92 [16]);
  7. exploración de recursos naturales no renovables en la provincia (art.92 A [1][a]);
  8. aprovechamiento, conservación y manejo de recursos naturales no renovables y de recursos forestales en la provincia (art. 92A[1][b]), y
  9. desarrollo, conservación y administración de sitios e instalaciones en la provincia para la generación y producción de energía eléctrica (art. 92A[1][c]).

Asimismo, la Constitución confiere jurisdicción concurrente a ambos niveles de gobierno en algunas materias, como la agricultura y la inmigración (artículo 95 de la Ley Constitucional, 1867). Las duplicaciones de facultades federales y provinciales son comunes, pero si se presenta un conflicto entre la legislación federal y la provincial, es superior la federal. Asimismo, el gobierno federal ejerce influencia en asuntos de jurisdicción provincial. Aunque la Provincia cuenta con un poder más extenso para proteger el medio ambiente que el Parlamento federal, sigue siendo verdad que el gobierno federal es el que puede legislar todas las actividades ambientales siempre y cuando pueda probar que la actividad o los aspectos específicos de cualquier actividad dependen de alguna jurisdicción bajo la Constitución. Por ejemplo, en 1997 la Suprema Corte de Canadá (Cour Suprême du Canada) confirmó el derecho del gobierno federal para utilizar el Código Penal más allá de su jurisdicción en la prohibición de sustancias tóxicas en Canadá, acordando la Corte que esta facultad jurisdiccional otorgada al Código Penal no afectará a las autoridades de las provincias con respecto a la regulación de la contaminación.

Nunavut, Yukón y los territorios del Noroeste reciben sus facultades legislativas de las leyes federales que los crearon. La Ley de Nunavut (Nunavut Act o Loi sur le Nunavut), la Ley de Yukón (Yukon Act o Loi sur le Yukon) y la Ley de los Territorios del Noroeste (Northwest Territories Act o Loi sur les Territoires du Nord-ouest) otorgan a los territorios facultades sobre la vida silvestre y asuntos de naturaleza local.

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2003