Resumen de derecho ambiental en Canadá

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6 Participación ciudadana

 

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La participación ciudadana en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales generalmente es posible mediante procedimientos de aprobación y evaluación establecidos en la legislación aplicable. A menudo tales procesos resultan en procedimientos ante tribunales administrativos, más que ante los juzgados. En muchas situaciones se celebran reuniones públicas con el fin de obtener la opinión de la ciudadanía sobre un proyecto propuesto.

Los gobiernos federales y la mayor parte de los provinciales han establecido Mesas Redondas sobre Medio Ambiente y Economía (Round Tables on the Environment and the Economy o Tables rondes sur l'environnement et l'économie). El objetivo de estas nuevas instituciones es reunir a ciudadanos con diversas perspectivas, incluidos gobierno, empresas, grupos ambientales y laborales y público en general, con el fin de integrar aspectos económicos y ambientales. Algunas mesas redondas han alcanzado un papel relevante y realizado esfuerzos importantes para lograr la participación de la ciudadanía. (Véase el capítulo 2, Marco institucional para la protección del medio ambiente.)

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6.1 Participación en la formulación de leyes

 

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El proceso legislativo prevé por lo regular algunos mecanismos de participación de la ciudadanía en el proceso de la redacción de nuevas leyes. En el caso de los reglamentos y otros instrumentos de esta índole, la legislación vigente, así como las políticas del ministerio respectivo, determinan las opciones disponibles para la participación ciudadana en su elaboración.

La Ley Canadiense de Protección Ambiental de 1999 (Canadian Environmental Protection Act, CEPA, o Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999) establece que el ministerio del Medio Ambiente podrá consultar con cualquier interesado y colaborar con los representantes de los diferentes sectores interesados en la protección del medio ambiente. La CEPA 1999 estipula que los reglamentos que se propongan bajo la misma deben publicarse en la primera parte de la Gaceta de Canadá (Canada Gazette o Gazette du Canada). Dentro de los 60 días siguientes a la publicación de un reglamento, cualquier persona podrá presentar una notificación de objeción en la que solicite su revisión por una junta.

Algunas provincias han adoptado también este sistema de publicación previa. Véase, por ejemplo, la Política sobre Consulta Pública del Ministerio de Medio Ambiente de Ontario (Ontario Ministry of the Environment's Policy on Public Consultation o Politique de consultation publique du ministère de l'Environnement de l'Ontario) número 16-09-91, y la Ley de Medio Ambiente de Yukón (Yukon Environment Act).

Otro forma de participación accesible a la sociedad se halla en los procedimientos de planificación de uso de suelos. Estos procedimientos se crearon para garantizar que las decisiones municipales relacionadas con planes comunales y la aprobación de propuestas de desarrollo se efectúen en un foro público abierto y una vez considerada toda la información relevante. Por lo regular, estos procedimientos incluyen la posibilidad para los interesados de conseguir información, ser notificados, obtener una audiencia antes de que se tomen decisiones, así como de apelar cierto tipo de decisiones ante una junta de revisión. En Columbia Británica se desarrolló un sistema de consulta pública más activo mediante la Comisión sobre Recursos y Medio Ambiente (Commission on Resources and Environment), que elaboró lineamientos para la mediación y, además, estableció comisiones con base comunitaria.

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6.2 Participación en la aplicación y el cumplimiento

 

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La violación de la legislación o los reglamentos ambientales en Canadá se considera un delito penal o incluso criminal. Las sanciones administrativas por incumplimiento de las normas ambientales son menos comunes. Los procedimientos penales y criminales por violaciones ambientales los inician por lo general las autoridades federales o provinciales. Sin embargo, los ciudadanos pueden iniciar una acción penal, en virtud del derecho consuetudinario. A esto se le llama acción penal privada. Sin embargo, el Procurador General (Attorney General o Procureur général), el funcionario de más alto nivel encargado de la aplicación de la legislación, tiene la facultad de tomar una acción penal privada y ya sea continuarla o terminarla.

Además de las acciones penales, ciertas leyes ambientales permiten a una persona iniciar una acción civil para resarcir los daños y perjuicios por la pérdida o lesión que resulte de delitos y derrames ambientales, como lo estipula la CEPA 1999.

Las órdenes judiciales son un importante instrumento legal en los casos ambientales que constituyen una orden que emite un tribunal de dejar de hacer, no hacer o hacer algo. Como parte de una acción civil, un juzgado puede en algunas circunstancias dictar una orden a fin de prevenir que ocurra una pérdida o lesión. Los mandamientos judiciales pueden ser temporales y conservar el statu quo hasta que el caso legal se haya resuelto. O bien, pueden ser permanentes y dictarse al concluir el caso. En las provincias en las que rige el derecho consuetudinario (todas salvo Quebec), las normas que gobiernan las órdenes judiciales están determinadas por las reglas del tribunal y por los tribunales mismos. En Quebec puede encontrarse un derecho general a órdenes judiciales en el Código Civil (Civil Code o Code Civil), que precisa el Código de Procedimientos Civiles (Code of Civil Procedure o Code de procédure civile), así como en el artículo 19.2 de la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente (Environment Quality Act o Loi sur la qualité de l'environnement). Asimismo, algunos ordenamientos ambientales autorizan expresamente a un juzgado a dictar una orden para prevenir la infracción de la ley respectiva.

Ciertas leyes incluyen disposiciones que adoptan total o parcialmente la noción de una "carta de derechos ambientales". Estas leyes son la Ley de la Carta de Derechos Ambientales de Ontario de 1993 (Ontario's Environmental Bill of Rights Act o Charte des droits environnementaux de l'Ontario), la Ley de Medio Ambiente de Yukón de 1991 (Yukon Environment Act) y la Ley de Derechos en Materia Ambiental de los Territorios del Noroeste de 1990 (Northwest Territories Environmental Rights Act o Loi sur les droits environnementaux des Territoires du Nord-ouest). Algunos otros ordenamientos que contienen aspectos limitados de una carta de derechos ambientales son: la Ley sobre la Calidad del Medio Ambiente de Quebec, la cual ha incluido desde 1978 un derecho a la calidad ambiental; la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente de Alberta (Alberta's Environmental Enhancement and Protection Act), y la Ley de Medio Ambiente de Nueva Escocia (Environmental Act of Nova Scotia).

Si bien estas cartas de derechos vigentes o propuestas contienen diferentes disposiciones, incluyen muchos de los mismos conceptos e introducen un gran número de acciones similares, como:

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2003