Resumen de derecho ambiental en Canadá

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8 Protección de la atmósfera

 

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Tanto el gobierno federal como los provinciales tienen autoridad constitucional sobre aspectos de la calidad de la atmósfera. La jurisdicción sobre la calidad del aire la comparten los gobiernos federal y provinciales. El gobierno federal cuenta con la autoridad constitucional para controlar la contaminación atmosférica, fundamentalmente mediante sus facultades para proteger la salud y seguridad sociales y regular los efectos transfronterizos. Asimismo, el gobierno federal establece normas que rigen los equipos contaminantes fabricados o vendidos en Canadá.

Los gobiernos provinciales tienen facultades sobre la calidad del aire en virtud de sus poderes constitucionales para controlar los recursos naturales, regular aspectos relacionados con los bienes y los derechos civiles dentro de cada provincia, establecer y controlar las instituciones municipales que pueden regular la calidad del aire a través de poderes delegados por la provincia, así como sobre todos los aspectos de naturaleza local o privada dentro de la misma.

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8.1 Establecimiento de normas para la calidad del aire

 

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La Ley Canadiense de Protección Ambiental (Canadian Environmental Protection Act, CEPA, o Loi canadienne sur la protection de l'environnement) permite al gobierno llevar a cabo trabajos científicos que respaldan asuntos relativos al medio ambiente y la salud en materia de calidad del aire. Asimismo, la CEPA confiere al gobierno facultad para redactar e instrumentar lineamientos concernientes al saneamiento del parque vehicular y combustibles, presentar informes sobre las descargas de contaminantes y cumplir sus compromisos internacionales en materia de calidad del aire.

La CEPA autoriza además lineamientos nacionales sobre emisiones, que son niveles máximos de emisión de diferentes contaminantes que las plantas e instalaciones no deben exceder.

El gobierno adoptó el Programa por una Atmósfera Limpia (Clean Air Program o Programme de l'air pur), de diez años de duración, cuyo objetivo es mejorar la calidad del aire a través de las siguientes cinco actividades:

Por conducto del Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment, CCME, o Conseil canadien des ministres de l'environnement), el gobierno colabora con la adopción de normas pancanadienses sobre la calidad del aire. Estas normas son simples directrices voluntarias, cuya aplicación corresponde a cada jurisdicción.

Entre los esfuerzos del CCME en materia atmosférica cabe señalar que el 19 de octubre de 1998 los ministros de Energía y de Medio Ambiente firmaron la Estrategia Pancanadiense sobre Lluvia Ácida (Canada-wide Acid Rain Strategy o Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes), en vigor a partir del año 2000, con miras a garantizar una mayor protección ambiental contra las lluvias ácidas. A largo plazo, el objetivo principal que persigue la Estrategia consiste en "alcanzar, en todo el territorio canadiense, el nivel aceptable de cargas críticas de depósitos ácidos en el medio ambiente".

Desde principios de la década de los noventa, los gobiernos de Canadá han cooperado a través del CCME para impulsar el abandono progresivo de sustancias como los clorofluorocarbonos (CFC) y halones que pueden dañar la capa de ozono. El grupo federal-provincial que trabaja en el tema de las sustancias agotadoras del ozono y sus halocarburos sustitutos elaboró la Estrategia de Canadá para acelerar la eliminación gradual del uso de CFC y halones y eliminar el excedente almacenado (Canada's Strategy to Accelerate the Phase-Out of CFC and Halon Uses and to Dispose of the Surplus Stocks o Stratégie du Canada pour hâter l'arrêt des utilisations des CFC et des halons et éliminer les surplus) con miras a frenar el uso de CFC y halones de forma metódica y económica en Canadá. Un elemento importante de esta estrategia es el Plan de Acción Nacional para el Control Ambiental de las Sustancias Agotadoras del Ozono y sus Halocarburos Sustitutos (National Action Plan for the Environmental Control of Ozone-Depleting Substances and their Halocarbon Alternatives o Plan d'action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO) et leurs halocarbures de remplacement) (Versión revisada 2001). Este plan de acción establece un marco de acción nacional para la instrumentación federal, provincial y territorial de un programa enfocado a proteger, de manera armonizada, la capa de ozono.

Por último cabe señalar que, con el apoyo del CCME, se adoptaron las normas pancanadienses para las siguientes sustancias: benceno, dioxinas y furanos, mercurio y partículas de ozono.

Las provincias establecen sus propias normas de calidad del aire y a menudo crean instituciones que regulan la aplicación de las mismas. Por ejemplo, en Ontario, la Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act o Loi sur la protection de l'environnement) establece los criterios deseables de calidad del aire para diversos contaminantes. Se determina la cantidad máxima de cada uno de estos contaminantes presentes en la atmósfera durante periodos que van de una hora a más de 30 días o incluso un año.

En términos de programas voluntarios, es preciso destacar el Programa de Reducción o Eliminación Acelerada de Sustancias Tóxicas (Accelerated Reduction/Elimination Toxics Program, ARET), que dirige el sector industrial y que se desarrolló de 1994 a 2000. Su objetivo consistía en eliminar la emisión de 30 sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables (PBT) y exhortaba a que, de manera voluntaria, se redujeran considerablemente las emisiones de otras 87 sustancias tóxicas. De manera más específica, el propósito del programa ARET era reducir, antes de 2000, en 90 por ciento las emisiones de PBT y 50 por ciento las de otras 87 sustancias tóxicas. En total, 318 plantas de 171 empresas que representan a ocho grandes sectores industriales de Canadá participaron en el programa ARET. Colectivamente, los participantes redujeron las emisiones de sustancias tóxicas en el ambiente en alrededor de 28,000 toneladas. Desde que concluyó dicho programa, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja de manera conjunta con un gran número de grupos interesados en la elaboración de un programa sustituto: el ARET 2, que comprometerá a los participantes a reducir o eliminar en sus operaciones las emisiones o el uso de sustancias tóxicas.

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8.2 Fuentes fijas

 

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Por lo general, son las provincias y no el gobierno federal las que regulan la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas. Por ejemplo, las autoridades de Columbia Británica expiden permisos para que las industrias realicen sus descargas en la atmósfera de conformidad con la Ley de Manejo de Residuos (Waste Management Act). En Ontario, la Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act o Loi sur la protection de l'environnement) determina las normas de emisión para las fuentes fijas. Esta ley permite al ministerio exigir a todas las fuentes potenciales de contaminación atmosférica la obtención de permisos de funcionamiento; el ministerio puede expedir por su parte una serie de ordenamientos para prevenir, reducir o eliminar la contaminación atmosférica de dichas fuentes específicas. Las emisiones de contaminantes atmosféricos que pudieran llegar a causar efectos adversos graves constituyen también un delito bajo la dicha ley.

Las otras provincias han adoptado textos legislativos con disposiciones semejantes. Algunos gobiernos trataron diferentes propuestas para reducir la contaminación industrial en la atmósfera. En Ontario, los Reglamentos para las industrias de lavado en seco estipulan que cada establecimiento debe tener por lo menos un empleado que haya recibido un curso de 12 horas especializado en medio ambiente y prácticas operativas de lavado en seco. El gobierno de Quebec estableció desde 1998 un impuesto especial al percloroetileno. Los ingresos que se recaudan por estos impuestos se vuelven a aplicar en un régimen de créditos fiscales para remplazar antiguas máquinas por otras cuyas condiciones de consumo de percloroetileno sean menos contaminantes.

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8.3 Fuentes móviles

 

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Igualmente, la CEPA 1999 otorga al gobierno federal cierta facultad en materia de emisiones en la atmósfera provenientes de fuentes móviles, lo cual se observa en lo que concierne a combustibles y emisiones de vehículos, automotores y equipos contaminantes.

La CEPA 1999 prohíbe la producción interna o la importación de combustible en caso de no cumplirse con las respectivas normas canadienses; además permite al gobierno federal crear reglamentos al respecto. Se han adoptado reglamentos que limitan el contenido de plomo y fósforo, y sobre combustibles contaminados.

El gobierno federal puede regular las normas sobre emisiones de vehículos fabricados en Canadá o importados. Un proyecto de normas sobre emisiones de automotores propuesto pretende establecer normas nacionales de emisiones más rigurosas para los automotores, así como un nuevo marco legislativo que se deriva de la CEPA 1999. Probablemente, este proyecto entre en vigor el 1 de septiembre de 2003.

En junio de 2000 concluyó un acuerdo relativo a las normas pancanadienses sobre partículas de ozono que habían establecido el gobierno de Canadá y las provincias (excepto Quebec) y los territorios. Estas normas tienen como objetivo reducir, para el año 2010, las concentraciones de ozono troposférico y partículas ambientales.

La regulación de la contaminación atmosférica de otras fuentes móviles de transporte bajo la competencia federal incluye los reglamentos sobre contaminación atmosférica establecidos en la Ley de la Marina Mercante de Canadá (Canada Shipping Act o Loi sur la marine marchande), en la que se limitan las emisiones por funcionamiento de cualquier instalación que utilice combustible en un barco. Por otra parte, la Ley de Ferrocarriles (Railway Act o Loi sur les chemins de fer) y la Ley de Transporte Nacional (National Transportation Act o Loi sur les transports au Canada) cuentan con regulaciones sobre contaminación atmosférica y control del humo que restringen la cantidad de humo que los ferrocarriles pueden emitir.

Las provincias también tienen facultades para regular las fuentes móviles de contaminación atmosférica. Por ejemplo, en Ontario, la Ley de Protección Ambiental complementa las disposiciones federales al considerar como ilegal que el propietario o vendedor de un vehículo elimine, ignore o evite, en cualquier forma, el funcionamiento de un sistema de dispositivo anticontaminante, o permita la operación de un vehículo sin utilizar tal dispositivo. Esta ley establece además niveles máximos de hidrocarburos, monóxidos de carbono y emisiones ostensibles de un automóvil en funcionamiento, y establece un procedimiento de prueba para determinar si un auto cumple con tales límites de emisión. Esto también obliga a los fabricantes de gasolina a producir durante los meses de verano mezclas menos contaminantes. Por otra parte, esto define un procedimiento de prueba para determinar si un vehículo satisface o no los límites impuestos por la Ley. La provincia de Ontario puso en marcha el programa "Conduce sin contaminar" (Drive Clean o Opération air pur) que comenzó a tener efecto en los últimos meses de 1998. Con este programa, los vehículos que se encuentran en áreas con serios problemas de esmog deben pasar, en caso de reventa o cesión del titulo de propiedad, una prueba de emisiones atmosféricas como precondición para la renovación del registro vehicular. La provincia también ha apostado en sus carreteras patrullas antiesmog que atienden a vehículos que circulan y contaminan de manera excesiva. Al igual que Ontario, Columbia Británica exige una inspección anual (programa "Cuidado del Aire" [Air Care]) para la mayoría de los vehículos que circulan dentro de su territorio. Los vehículos bajo su jurisdicción deben cumplir con ciertas normas sobre emisiones para poder renovar los contratos de seguro.

La Ley de Manejo de Residuos (Waste Management Act) de Columbia Británica permite formular normas sobre combustible dísel con bajo contenido de sulfuro y sobre los vapores de combustible. Asimismo, la provincia ha instituido el nuevo programa SCRAP-IT, el primero de este tipo en Canadá, diseñado para mejorar la calidad del aire ofreciendo a los propietarios de vehículos una propuesta para que de manera voluntaria retiren de la circulación los vehículos viejos y aquellos altamente contaminantes.

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8.4 Responsabilidades y cumplimiento

 

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El hecho de que los objetivos nacionales sobre el aire ambiente sean lineamientos más que normas exigibles significa que no existen consecuencias legales si se rebasan tales objetivos. Solamente se ha procedido a unas pocas acciones legales por infracciones a las normas federales de emisiones en la atmósfera. Sin embargo, la aplicación bajo la CEPA ha ido en aumento, toda vez que esta ley dispone de potencial para aplicar sanciones más severas.

En las provincias y territorios, la responsabilidad por infringir normas sobre la calidad del aire varía de una provincia a otra y entre territorios. Cabe mencionar que en años recientes se ha constatado un aumento en el número de acciones que implican las leyes y reglamentos en este campo. Algunas ciudades grandes como Montreal han alcanzado un exitoso monitoreo de su calidad de aire.

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2003