Resumen de derecho ambiental en Canadá

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9 Protección y gestión de los recursos hidráulicos

 

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Las provincias son las principales autoridades reguladoras de los recursos de agua dulce en Canadá. Éstas cuentan con poderes sobre el uso y calidad del agua en virtud de sus facultades legislativas respecto a trabajos y actividades locales, derechos civiles y de bienes, instituciones municipales y todos los asuntos de naturaleza local y privada.

El gobierno federal cuenta con jurisdicción sobre las aguas costeras y la pesca en aguas interiores, la navegación y embarcación, así como el comercio. El gobierno federal ha promulgado leyes sobre la prevención de la contaminación del agua, entre otras la Ley Canadiense de Protección Ambiental, 1999 (Canadian Environmental Protection Act, CEPA, o Loi canadienne sur la protection de l'environnement), la Ley de Pesca (Fisheries Act o Loi sur les pêches), la Ley de Recursos Hidráulicos de Canadá (Canada Water Act o Loi sur les ressources en eau du Canada), la Ley de Prevención de la Contaminación de las Aguas del Ártico (Arctic Waters Pollution Prevention Act o Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques), así como la Ley de la Marina Mercante de Canadá (Canada Shipping Act o Loi sur la marine marchande).

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9.1 Establecimiento de normas para las descargas en el agua

 

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Federal

Las normas sobre descargas de aguas las elaboran por lo general las provincias. Sin embargo, el gobierno federal ha establecido normas de concentración para descargas en algunas actividades industriales en el agua y que se encuentran en la Ley de Pesca y en la CEPA, 1999 (véase el apartado 9.2: Fuentes fijas). Asimismo, la Ley de Recursos Hidráulicos de Canadá estipula el establecimiento, al amparo de acuerdos entre la Federación y las provincias, de comités conjuntos para administrar los recursos hidráulicos.

Provincias

Todas las provincias han promulgado sus propias leyes para la protección de los recursos hidráulicos. La legislación provincial por lo general incluye una prohibición contra la descarga de materiales de cualquier tipo que "pudieran afectar la calidad del agua" que se encuentren en un pozo, lago, río, estanque, manantial, corriente, embalse o cualquier otro cuerpo o curso de agua, o bien en playas y riberas (véase por ejemplo: Ley de Recursos Hidráulicos de Ontario [Ontario Water Resource Act o Loi sur les ressources en eau de l'Ontario]).

Por lo regular, estas leyes permiten la adopción de reglamentos en los que se especifican normas de calidad para fuentes de agua potable y de otro tipo, efluentes de desechos industriales y alcantarillados, así como la calidad del agua ambiente en cuerpos receptores. Las normas de calidad del agua recomiendan condiciones seguras o límites para proteger diferentes tipos de uso del agua. Estas normas incluyen, entre otras, condiciones que tengan un efecto directo (pH), sustancias que degraden la calidad del agua (nutrientes, algas y materias en suspensión), sustancias tóxicas aun en niveles reducidos (cianuro, BPC), sustancias tóxicas en niveles elevados (diferentes formas de nitrógeno, cloruro, fluoruro), metales (aluminio, cobre, plomo, mercurio, molibdeno) e indicadores microbiológicos de riesgos para la salud humana (coliformes).

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9.2 Fuentes fijas

 

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Federal

La Ley de Pesca (Fisheries Act o Loi sur les pêches), de alcance federal, prohíbe el depósito de sustancias deletéreas en "aguas frecuentadas por peces", a menos que dichos depósitos sean del tipo, calidad o concentración autorizada por el reglamento respectivo. Las sustancias deletéreas incluyen los efluentes industriales y las descargas de alcantarillados municipales, así como petróleo para buques, amoniaco, aguas residuales, grava, conservadores de madera (como compuestos de tetraclorofenol y pentaclorofenol), además del combustible dísel. Esta ley impone la obligación de informar sobre el depósito de cualquier sustancia deletérea, o sobre el peligro grave e inminente de que se realice tal depósito.

Desde principios del decenio de los años setenta se adoptaron diversos reglamentos al amparo de la Ley de Pesca. Esos reglamentos estipulan límites sobre el contenido de las descargas de fábricas de pulpa y papel, refinería de petróleo, plantas de sustancias cloroalcalinas, plantas de procesamiento de carnes, operaciones de minería metálica y plantas de procesamientos de papas. Los reglamentos permiten efectuar depósitos que de otra forma estarían prohibidos bajo las disposiciones generales incluidas en dicha ley.

En 1992, el gobierno federal hizo más severas las normas de contaminación en sus Reglamentos sobre Efluentes de la Manufactura de Pulpa y Papel (Pulp and Paper Effluent Regulations o Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers), bajo la Ley de Pesca, y añadieron un importante conjunto de disposiciones comprendidas en los Reglamentos sobre Dioxinas y Furanos Clorinados Generados en las Fábricas de Pulpa y Papel (Pulp and Paper Mill Effluent Chlorinated Dioxins and Furans Regulations o Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papier), al amparo de la CEPA, en los que se prohíben las dioxinas y furanos en los efluentes de fábricas de pulpa a partir de enero de 1994. Igualmente bajo la CEPA se expidieron los reglamentos de control de concentración de fósforo.

La Ley de Protección de las Vías Navegables (Navigable Waters Protection Act, NWPA, o Loi fédérale sur la protection des eaux navigables), de alcance federal, complementa a la Ley de Pesca al prohibir el depósito de aserrín, virutas, desbastes, cascajo o cualquier desperdicio similar que pudiera interferir con la navegación en cursos de aguas navegables. El reglamento sobre la contaminación del agua proveniente de barcos se analiza en el capítulo 22: Transporte.

Provincias y territorios

Todas las provincias y territorios cuentan con legislación bajo la cual el gobierno regula la contaminación del agua por fuentes puntuales. Por lo general, esto da lugar a reglamentos aplicables a industrias específicas o bien permisos de contaminación expedidos para actividades individuales. Regularmente las autoridades pueden otorgar, rechazar, o añadir plazos o condiciones a los permisos. Con frecuencia, tanto las leyes federales como las provinciales se aplican a la contaminación del agua de fuentes fijas. Por ejemplo, las normas de agua que controlan las descargas de las fábricas de pulpa aparecen tanto en disposiciones provinciales -reglamentos de control de efluentes de las fábricas de pulpa de la Ley de Manejo de Residuos de Columbia Británica (British Columbia Waste Management Act)- como en la ley federal (Reglamentos de la CEPA y Ley de Pesca).

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9.3 Fuentes móviles

 

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En ocasiones, la legislación de algunas provincias intenta controlar las fuentes no puntuales de contaminación del agua, como las actividades agrícolas. Con más frecuencia los gobiernos utilizan un código de prácticas no legislado o una serie de lineamientos que establecen la forma de utilizar, almacenar y manejar los desechos agrícolas con respeto a la ecología.

Los vehículos automotores son otra fuente no puntual clave de contaminación del agua. Los contaminantes de los escapes de los vehículos se acumulan en el suelo y son lavados por el agua de lluvia o conducidos por ésta hacia cuerpos de agua. En el apartado 8.3 se analizan las emisiones en la atmósfera de los vehículos automotores. Las municipalidades por lo general administran las instalaciones de agua de lluvia y alcantarillado; tienen la autoridad para restringir las sustancias que se permiten desaguar en las alcantarillas.

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9.4 Protección del agua potable

 

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Los gobiernos provinciales y municipales regulan la calidad del agua potable, que recae fundamentalmente en el ámbito de salud pública. En tanto que los gobiernos provinciales y municipales tienen facultades legislativas sobre la calidad del agua potable, cuya distribución se realiza a través de redes de distribución colectivas, el gobierno federal se encarga de regular la calidad del agua que reciben empleados federales, consumidores residenciales y visitantes de sitios patrimoniales e indígenas. La legislación en materia de protección a la salud de la población y de los productos de agua potable que representen riesgos contra la salud recae en el gobierno federal.

Bajo los auspicios del Consejo Canadiense de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Council of Ministers of the Environment, CCME, o Conseil canadien des ministres de l'environnement), el gobierno federal, en colaboración con los gobiernos provinciales y territoriales, emitió algunas recomendaciones nacionales sobre la calidad del agua potable, publicadas en la "Guía para la calidad del agua potable en Canadá" (Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada), documento en el que se incluyen los límites recomendados para sustancias (concentraciones máximas aceptables) y las condiciones que determinan la calidad del agua potable. Esta guía aplica en todas las fuentes de abastecimiento en materia de agua potable, tanto públicas como privadas. Las recomendaciones carecen de carácter ejecutorio, salvo que alguna autoridad provincial o municipal las haya promulgado mediante una legislación o norma.

Algunas provincias, como Quebec, establecieron un mandato de control a los proveedores con relación a la calidad del agua en parámetros convencionales. El gobierno afirma que la frecuencia de estos muestreos es respetada, pero se percata si las normas fueron violadas.

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9.5 Protección de las aguas subterráneas

 

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El agua del subsuelo no recibe en Canadá la misma protección legal que el agua de superficie y se carece de una legislación gubernamental al respecto. La Política Federal sobre Aguas (Federal Water Policy o Politique fédérale relative aux eaux) de 1987 establece que el gobierno federal elaborará estrategias y lineamientos para la evaluación y protección de las aguas del subsuelo; realizará investigaciones y llevará a cabo proyectos de desarrollo y de demostración tecnológicos; elaborará prácticas ejemplares de manejo de aguas de subsuelo en las que sean parte terrenos federales, responsabilidades, instalaciones y proyectos con financiamiento federal; establecerá medidas para la calidad del agua del subsuelo en aguas transfronterizas, y proporcionará asesoría sobre aspectos de aguas del subsuelo que fueran de interés federal y nacional.

La mayoría de los gobiernos provinciales establecen cierto tipo de protección de las aguas del subsuelo mediante una legislación general sobre contaminación del agua, reglamentos específicos y, de manera menos formal, a través de políticas. Algunos ejemplos de reglamentos provinciales en este campo incluyen la elaboración de mapas y clasificación de mantos acuíferos de acuerdo con la calidad y cantidad del agua, la institución de zonas de administración de aguas del subsuelo, la obtención obligatoria de licencias de retiro de agua en pozos en uso y nuevos, la obligación de informar sobre cualquier introducción de sustancias peligrosas en aguas del subsuelo, la autoridad para regular usos o actividades de la tierra que pudieran afectar las aguas del subsuelo, la obligación de licencia para perforadores de pozos o instaladores de bombas, permisos obligatorios para la construcción, suministro de servicios y abandono de pozos abastecedores y pozos de prueba, así como normas de aplicación provincial para la construcción, mantenimiento, prueba y abandono de pozos. Véase el apartado 24.7, Tanques de almacenamiento subterráneo.

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9.6 Cantidad de agua y su uso

 

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Además de la legislación federal con respecto a derivaciones a gran escala o exportación de agua, las provincias establecen las disposiciones que rigen la asignación de la cantidad de agua. Bajo la Ley de Recursos Hidráulicos de Canadá (Canada Water Act o Loi sur les ressources en eau du Canada), la recopilación de información sobre la calidad del agua continúa realizándose.

La mayoría de las provincias cuenta con algún tipo de modelo legal en el que se asigna agua de superficie a licenciatarios, dándose prioridad a las licencias inicialmente expedidas. En ocasiones la licencia misma o algún otro instrumento regulador estipula plazos y condiciones en las cuales puede tomarse y utilizarse el agua. Por lo regular, la legislación sobre asignación de agua otorga además a los licenciatarios el derecho a obtener acceso a la fuente de agua del predio de otro propietario, siempre que el licenciatario pague la compensación respectiva. En algunas provincias, como Columbia Británica, la legislación controla también la venta de agua a granel y embotellada, ya que el gobierno considera que la venta de agua a gran escala daña el medio ambiente.

Frecuentemente, los licenciatarios del uso de agua pagan impuestos de acuerdo con el tipo de uso para el que se les otorgó licencia. Hasta cierto punto los usuarios de mayores cantidades de agua pagan mayores impuestos, lo cual tiende a limitar su consumo. Sin embargo, la mayoría de los observadores está de acuerdo en que los usuarios del agua no pagan por lo general un precio suficientemente equitativo por la cantidad de agua utilizada y que ello representa un desincentivo para la conservación de la misma. Como se examinó en el apartado 9.5, por lo regular la asignación del agua del subsuelo está menos definida que la asignación de las aguas superficiales.

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9.7 Protección de los ecosistemas de agua dulce

 

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Federal

La Ley de Recursos Hidráulicos de Canadá autoriza al gobierno federal a realizar investigaciones, planificaciones y programas para la conservación, desarrollo y uso de recursos hidráulicos. Esta ley establece un marco para la administración federal-provincial conjunta de dichos recursos. Los programas de administración de aguas elaborados bajo la ley incluyen, por ejemplo, el Acuerdo de la Cuenca del Río McKenzie (MacKenzie River Basin Agreement), el Acuerdo para la Calidad del Agua de los Grandes Lagos (Great Lakes Water Quality Agreement), así como el Programa de Administración de la Cuenca Frazer (Fraser Basin Management Program) y El Programa de Acción del Río San Lorenzo, Visión 2000 (St. Lawrence Action Program, Vision 2000). En el último de los casos, consta de una sociedad que comenzó en 1994 y continuará hasta 2003 para actividades de limpieza en el río San Lorenzo y la preservación del hábitat natural.

La Ley de Mejoramiento de Ríos Internacionales (International River Improvement Act o Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours internationaux), de alcance federal, prohíbe la construcción, operación y mantenimiento en ríos internacionales de obras de mejoramiento, como pueden ser las presas y las desviaciones, sin una licencia expedida por el Ministerio de Transporte (Department of Transport o ministère fédéral des Transports). La obligación para obtener esta licencia es importante, ya que puede dar lugar a la aplicación del proceso federal de evaluación ambiental (véase el capítulo 7, Evaluación de impacto ambiental).

La Ley de Protección de las Vías Navegables requiere la expedición de permisos para el dragado y relleno. Esto se aplica tanto a aguas dulces como a los mares.

El Red Fluvial del Patrimonio Canadiense (Canadian Heritage River System o Réseau des rivières du patrimoine canadien) es un programa no legislado sobre la protección de ríos. Estos ríos, tal como el Fraser, deben responder a criterios precisos en lo que respecta a su valor recreativo. En dicho programa se invita a las provincias a que participen en forma voluntaria.

Si bien la conservación de los humedales es una responsabilidad que comparten la federación, las provincias y los territorios, el gobierno federal tiene un papel especial en este sentido. Los humedales son esenciales para las responsabilidades federales en el mantenimiento de la calidad del ambiente, la población de aves migratorias, la pesca en aguas interiores y en mares, y los recursos internacionales y transfronterizos como el agua y la vida silvestre. Asimismo, el gobierno federal es responsable de administrar los efectos ambientales de más de 900 políticas y programas en Canadá, muchos de los cuales afectan directa o indirectamente los humedales. La Política Federal sobre Conservación de Humedales (Federal Policy on Wetland Conservation o Politique fédérale sur la conservation des terres humides), de 1991, elaborada por el Subcomité de Humedales del Comité Federal-Provincial sobre Uso de la Tierra (Federal-Provincial Committee on Land Use o Comité fédéral-provincial sur l'utilisation des terres), tiene el fin de "promover la conservación de los humedales de Canadá con el objeto de sustentar sus funciones ecológicas y socioeconómicas presentes y futuras".

Provincias y territorios

En la mayor parte de las provincias y territorios, la protección de los ecosistemas de agua dulce se consolida por intermedio de reglas sobre la contaminación del agua, el uso de la tierra, la explotación forestal y otros aspectos. Existen algunos reglamentos sobre la protección de cuencas hidrográficas o humedales como tales. Sin embargo, los funcionarios municipales y provinciales utilizan los lineamientos de desarrollo de terrenos elaborados por el Ministerio de Pesca y Océanos (Fisheries and Oceans o Pêches et Océans). Éstos se aplican a cualquier desarrollo cercano a aguas con peces, como corrientes y ríos.

Algunas provincias asumen su propio manejo de políticas. Quebec, por ejemplo, tiene una Política de Protección de Ríos, Litorales y Planicies Inundables (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines innondables), que es parte de las Normatividades Municipales. Además, Quebec integró una política de agua para administrar los recursos hidráulicos con una visión de cuencas.

Además, algunos municipios han establecido restricciones al desarrollo de zonas ecológicamente sensibles, como los humedales.

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9.8 Responsabilidad y aplicación

 

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La prohibición establecida en la Ley de Pesca (Fisheries Act o Loi sur les pêches), de alcance federal, contra el depósito de sustancias deletéreas en aguas frecuentadas por peces ha resultado ser muy eficaz en el procesamiento legal de los contaminadores. Los tribunales han establecido que es suficiente probar que una sustancia puede dañar a los peces, sin que deba demostrarse que la cantidad de sustancia encontrada en el agua ha causado efectivamente un daño. Se han impuesto sanciones en los casos en los que las sustancias no se han depositado directamente en aguas frecuentadas por peces, sino en lugares a los que podrían entrar las mismas.

La Ley de Pesca permite una defensa por concepto de adopción de medidas razonables. En otras palabras, se trata de una defensa ante un cargo al amparo de la Ley para demostrar que el acusado (individuo o empresa) tomó todas las medidas razonables para evitar la comisión de tal ofensa. En 1991 las sanciones por violaciones ya sea del hábitat de los peces o por las disposiciones sobre el depósito de sustancias deletéreas de esta ley, se aumentaron hasta 300,000 dólares canadienses o seis meses de prisión por delitos cometidos por primera vez, así como multas de hasta un millón de dólares o tres años de prisión por reincidencia o delitos subsecuentes.

Muchas provincias prefieren manejar la contaminación del agua por medio de sus propias leyes. Las sanciones penales contemplan multas de hasta 200,000 dólares canadienses o más, así como penas corporales (prisión).

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2003