Resumen de derecho ambiental en México

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4 Leyes y políticas ambientales generales

 

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4.2 Derechos y responsabilidades generales en materia del medio ambiente

 

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Los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la LGEEPA , sin embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos específicos de otros ámbitos. La responsabilidad ambiental en México puede surgir de conformidad con disposiciones de carácter administrativo, civil o penal establecidas por los gobiernos federal o estatal, pero la mayor parte de los litigios ambientales se inician a nivel administrativo.

Responsabilidad civil

El Artículo 203 de la Ley de Ecología, se refiere a la responsabilidad ambiental, es decir, que toda persona está obligada a reparar los daños causados al medio ambiente, de conformidad con la legislación civil aplicable. Sin embargo, el Artículo 203 no establece expresamente la responsabilidad por daños causados a la salud humana. Por otro lado, el Artículo 204 de la Ley de Ecología, establece que cuando se hayan ocasionado daños o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las autoridades ambientales un dictamen técnico. Este dictamen tiene valor de prueba en los juicios civiles.

De acuerdo con el Derecho Civil, el daño a individuos o propiedades se puede recuperar de una de tres maneras. La primera es bajo el concepto de responsabilidad subjetiva, análoga en ciertos sentidos al concepto de agravio, establecido en los Artículos 1910, 1916 y 2110 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal (Código Civil), que exige la reparación de los daños ocasionados por actos ilícitos o acciones que atenten contra las costumbres aceptadas en general. Como todos los daños deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o prevaricación, las responsabilidades ambientales resultan a menudo difíciles de comprobar. La segunda manera de recuperación es bajo el concepto de responsabilidad objetiva estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que constituye una forma de estricta responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños ocasionados por el uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que intrínsecamente sean peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, eléctricos u otras características análogas peligrosas.

La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los Artículos 1931 y 1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios asumir la responsabilidad de todos los daños a terceras personas y sus propiedades ocasionados por el deterioro parcial o total de una construcción; explosiones o daños derivados de máquinas o material explosivos ubicados en la propiedad; gases o humos nocivos o dañinos para las personas u otras propiedades; fugas de aguas negras o eliminación de materiales infecciosos en las alcantarillas; agua que inunde o dañe propiedades vecinas; el peso o el movimiento de máquinas; la acumulación de materiales o animales dañinos para la salud, y cualquier otra razón que sin derecho del propietario cause daños.

Responsabilidad de empresas y prestamistas

La Ley de Sociedades Mercantiles, que reglamenta a las compañías mexicanas, exime a los accionistas de cualquier responsabilidad que trascienda su participación en la inversión de capital a menos que la empresa no cumpla con sus estatutos de inclusión o se haya formado con propósitos ilegales. La ley de negocios mexicana por lo general no reconoce la teoría de "piercing the corporate veil" (hacer responsable a la compañía matriz de las acciones de sus filiales). En una empresa conjunta la responsabilidad se rige por los términos del acuerdo.

Sin embargo, los Artículos 1918, 1924, 1925, 1926, y 1927 del Código Civil sí reconocen el principio de respondeat usperior, que considera responsables a las personas por daños ocasionados por sus acciones o las de sus agentes o representantes legales cuando actúan dentro del alcance de sus atribuciones. Con todo, los patrones son responsables solamente cuando se puede demostrar que ellos mismos fueron negligentes u obraron mal; de lo contrario los patrones conservan el derecho de indemnización contra los empleados. México no tiene una norma específica que rija la responsabilidad de un acreedor derivada del embargo de un bien en garantía.

Responsabilidad Penal

Delitos Ambientales Federales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA), establece, en el Artículo 182, dos caminos para iniciar una acción penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, deberán presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Segundo, la Ley de Ecología establece que cualquier persona podrá presentar directamente una denuncia penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público Federal.

Delitos Ambientales en el Código Penal Federal

Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código Penal Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas establecidas en el Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y multas de tres mil días de salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión como los días multas se pueden incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya realizado.

Se consideran delitos ambientales federales, entre otros:

Las autoridades ambientales deben proporcionar a los jueces los datos e informes técnicos correspondientes a la denuncia penal ambiental.

Delitos Ambientales en los Estados

De acuerdo con el Artículo 188 de la LGEEPA, cada Estado establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su legislación ambiental estatal. Cabe señalar que el Distrito Federal ya cuenta con su propio Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para el Distrito Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados.

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2003