Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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12 Manejo de residuos

 

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El manejo de residuos sólidos y peligrosos se rige fundamentalmente por la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos (Solid Waste Disposal Act, SWDA), de alcance federal, reformada por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) (Código de Estados Unidos, título 42, secs. 6901-6992k). Esta ley contiene normas detalladas para el manejo de residuos; en particular, reglamentos "vitalicios" sobre residuos peligrosos previstos por la RCRA. La Ley de Prevención de la Contaminación (Pollution Prevention Act, PPA) de 1990 anunció una política nacional que favorece la reducción por encima del manejo de residuos (Código, título 42, secs. 13102-13109).

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12.1 Residuos sólidos no peligrosos y domésticos

 

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12.1.1 Criterios y definición de residuos

 

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Un residuo sólido es "todo tipo de basura, desperdicio, lodo generado en plantas de tratamiento de residuos, plantas de tratamiento de agua o instalaciones para el control de la contaminación del aire, así como otros materiales de desecho, incluidos materiales sólidos, líquidos, semisólidos o gaseosos producto de operaciones industriales, comerciales, mineras y agrícolas, y de actividades de la comunidad", pero excluye aguas residuales domésticas, escurrimientos producto del riego, descargas de fuentes fijas permitidas por la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) y ciertos residuos radiactivos (Código, título 42, sec. 6903(27)).

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12.1.2 Requisitos de tratamiento, almacenamiento y eliminación

 

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El manejo de residuos sólidos no peligrosos es responsabilidad principal de los gobiernos municipales o de los condados. La participación federal en el manejo de residuos sólidos no peligrosos se limita a: establecer directrices para los planes regionales y estatales de manejo de residuos sólidos; prohibir la eliminación de residuos sólidos en rellenos sanitarios que no cumplan con ciertas normas federales; otorgar permisos para la creación de rellenos sanitarios de residuos sólidos, y regular el transporte de residuos sólidos en aguas costeras.

Planes regionales y estatales de manejo de residuos sólidos. El gobierno federal brinda asistencia técnica y financiera a los estados y regiones que adopten e instrumenten planes integrales de manejo de residuos sólidos que cumplan con determinadas directrices federales (Código, título 42, secs. 6942-6949a; Código de Reglamentos Federales (CFR), título 40, pt. 256 (criterios para el plan)).

Rellenos sanitarios de residuos sólidos. La EPA ha emitido normas específicas para el diseño y la operación de rellenos sanitarios de residuos sólidos. Los rellenos que no cumplan con tales normas se consideran "tiraderos a cielo abierto" y están prohibidos. Los residuos sólidos no peligrosos, incluidos los residuos domésticos, no pueden eliminarse en tiraderos a cielo abierto. Se aplican requisitos especiales a los rellenos sanitarios municipales de residuos sólidos que reciben residuos peligrosos provenientes de los hogares o de generadores pequeños, los cuales están excluidos de la cobertura de los reglamentos sobre residuos peligrosos de la RCRA. Los reglamentos de rellenos sanitarios municipales incluyen normas detalladas para la ubicación, diseño, operación, mantenimiento, cierre y poscierre, garantías financieras, monitoreo de aguas subterráneas y medidas correctivas (CFR, título 40, pt. 258). En apego a la Ley de Flexibilidad para la Eliminación de Desechos en Tierra (Land Disposal Flexibility Act), reforma de 1996 a la RCRA, los rellenos sanitarios municipales de residuos sólidos de tamaño reducido y que se localizan en zonas secas y remotas están exentos de los requisitos de monitoreo de aguas subterráneas, a menos que existan pruebas de que están siendo contaminadas (Pub. L. No. 104-119, 110 Stat. 830 (1996)).

Incineradores de residuos sólidos. Las reformas de 1990 a la Ley de Agua Limpia establecen límites de emisión específicos, los que exigen esencialmente la misma Máxima Tecnología de Control Alcanzable (Maximum Achievable Control Technology, MACT) que el programa de Normas Nacionales de Emisión de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, NESHAP), así como otros requisitos aplicables a incineradores de residuos sólidos tanto nuevos como en uso (Código, título 42, sec. 7429). La instrumentación de estas normas corresponde a los estados, que deben presentar sus planes de instrumentación a la EPA para su aprobación.

Transporte de residuos sólidos en aguas costeras. La Ley de Protección de las Costas (Shore Protection Act) de 1988 (Código, título 33, secs. 2601-2623) prohíbe el transporte de residuos sólidos municipales o comerciales en las aguas costeras sin permiso del Departamento de Transporte (Department of Transportation). La Ley también exige la adopción de medidas de precaución razonables en la carga, aseguramiento y descarga de residuos comerciales o municipales, y la limpieza de residuos depositados en aguas costeras (Código, título 33, sec. 2603). El Departamento de Transporte está autorizado a inspeccionar embarcaciones que transporten residuos y a negar la entrada a cualquier lugar de Estados Unidos si un buque carece del permiso requerido (Código, título 33, sec. 2605). La operación sin el correspondiente permiso se sanciona con multa civil de hasta 10,000 dólares diarios por infracción. Se aplican sanciones civiles de hasta 25,000 dólares diarios a otras transgresiones de esta ley (Código, título 33, sec. 2609). La Ley se aplica a embarcaciones extranjeras si así lo permiten las leyes internacionales (Código, título 33, sec. 2622).

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12.1.3 Reducción de residuos (incluidas políticas de reciclaje o reutilización)

 

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La Ley de Prevención de la Contaminación (Pollution Prevention Act, PPA) anunció una política nacional que favorece la reducción por encima del manejo de residuos (Código, título 42, secs. 13102-13109). De acuerdo con la PPA, la EPA creó un programa de reducción de desechos para reunir y difundir información, brindar asistencia financiera a los estados y realizar otros programas de investigación, capacitación y asistencia técnica. La PPA también exige la presentación de un Informe de Reducción y Reciclaje de Sustancias Químicas Tóxicas (Toxic Chemical Source Reduction and Recycling Report) (Código, título 42, sec. 13106).

Informe de reducción y reciclaje de sustancias químicas tóxicas. Según la PPA, ciertas industrias deben informar: el volumen de sustancias químicas tóxicas que se incorporan a una corriente de residuos; el volumen de la sustancia química que se recicla; los procesos de reducción de residuos utilizados en la planta; los volúmenes que se espera informar en los siguientes dos años, y una comparación contra lo informado el año anterior, así como una comparación de los volúmenes tratados en el año en curso y el año anterior (Código, título 42, sec. 13106).

Esfuerzos estatales de prevención de la contaminación. Más de 20 estados han adoptado algún tipo de programa de prevención de la contaminación. Varios de ellos, como California, Massachussets, Nueva Jersey y Oregon, han promulgado leyes de reducción de residuos basadas en interpretaciones de la PPA. Cada estado tiene un enfoque diferente, pero todos exigen el uso de un plan de reducción o prevención de la contaminación e informes de avance periódicos. Véanse, por ejemplo, la Ley de Reducción y Revisión del Manejo de Fuentes Generadoras de Residuos Peligrosos de California (California Hazardous Waste Source Reduction and Management Review Act), de 1989, Cal. Health & Safety Code secs. 25244.12-25244.25; la Ley de Reducción del Uso de Sustancias Tóxicas de Massachussets (Massachusetts Toxics Use Reduction Act), Mass. Gen. L. ch. 21I, secs. 1-23; la Ley de Prevención de la Contaminación de Nueva Jersey (New Jersey's Pollution Prevention Act), N.J. Rev. Stat., secs. 13:1D-35 a 13:1D-50; la Ley de Reducción del Uso de Sustancias Tóxicas y Reducción de Residuos Peligrosos de Oregon (Oregon's Toxics Use Reduction and Hazardous Waste Reduction Act), Or. Rev. Stat. secs. 465.003 a 465.034.

Reciclaje. No existen requisitos federales de reciclaje para la mayoría de los residuos sólidos. Estados y gobiernos locales han establecido programas de reciclaje para ciertos residuos, generalmente botellas y latas, baterías con plomo y periódicos. Por ejemplo, la Ley de Manejo de Baterías Recargables y con Contenido de Mercurio (Mercury-Containing and Rechargeable Battery Management Act) (Pub. L. No. 104-142, 110 Stat. 1329 (1996)) estipula la eliminación gradual del uso de mercurio en baterías y la recolección y reciclaje o eliminación de acumuladores de níquel-cadmio y baterías pequeñas, selladas, de plomo-ácido, así como otros tipos de batería.

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12.1.4 Ubicación

 

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La ubicación de los rellenos sanitarios de residuos sólidos o los incineradores generalmente la deciden las autoridades estatales y locales que regulan el uso de la tierra, aunque la EPA ha promulgado restricciones a la ubicación de ciertos rellenos sanitarios e instalaciones de tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos tóxicos (CFR, título 40, pt. 127.8-257.9; CFR, título 40, pt. 258, subpt. B, y CFR, título 40, pt. 264.18. Véase también el Código, título 42, secs. 6941-6942).

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12.1.5 Responsabilidad y aplicación

 

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Responsabilidad. De acuerdo con las reformas de 1984 a la RCRA, la EPA puede exigir al propietario u operador de una planta la limpieza de toda unidad de manejo de residuos sólidos que contenga alguno de los residuos definidos como peligrosos por la RCRA (Código, título 42, sec. 6924(u); CFR, título 40, pt. 264, subpt. F).

Aplicación. Corresponde a los estados vigilar la aplicación de la prohibición de tiraderos a cielo abierto y otros requisitos para el manejo de residuos sólidos no peligrosos. El gobierno federal fundamentalmente brinda asistencia técnica y financiera para la instrumentación de los planes estatales de manejo de residuos sólidos (Código, título 42, sec. 6941).

Demandas ciudadanas. Se admiten demandas ciudadanas contra toda persona física o moral que descargue residuos sólidos en un tiradero a cielo abierto (Código, título 42, secs. 6945, 6972). Los ciudadanos que demanden la prohibición de prácticas que representen un peligro sustancial e inminente deben informarlo con 90 días de anticipación y cumplir con otros requisitos (Código, título 42, sec. 6972(b)(2)(A)). No pueden entablarse otras demandas ciudadanas sin notificación previa al demandado con 60 días de antelación, y no se puede iniciar una acción judicial si ya la EPA o un estado está siguiendo de manera diligente una demanda civil (Código, título 42, sec. 6972).

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12.2 Residuos peligrosos

 

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12.2.1 Criterios para la caracterización de un residuo como peligroso

 

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De acuerdo con la RCRA, para que a una sustancia se le considere "residuo peligroso" debe ser en primer lugar un residuo sólido y estar incluida en una lista específica de residuos peligrosos (Código, título 42, sec. 6921, CFR, título 40, secs. 261.31 a 261.33) o bien presentar una de cuatro características: inflamabilidad, corrosividad, reactividad o toxicidad (CFR, título 40, secs. 261.20 a 261.24). Las mezclas que contengan un residuo peligroso también se consideran residuos peligrosos (CFR, título 40, sec. 261(a)(2)(iv)).

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12.2.2 Requisitos de tratamiento, almacenamiento y eliminación

 

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La RCRA contiene requisitos específicos y detallados para los generadores de residuos peligrosos, así como para las personas responsables del transporte, tratamiento, almacenamiento o eliminación de los residuos (Código, título 42, secs. 6901-6992k).

Generadores de residuos según la RCRA. Quien genere más de 100 kg mensuales de residuos peligrosos debe contar con un número de Identificación de Residuos Peligrosos otorgado por la EPA. Los generadores tienen la responsabilidad de determinar si sus residuos son peligrosos o no; deben cumplir con requisitos de almacenamiento y etiquetado temporal en sus instalaciones y deben transportar o eliminar todos los residuos peligrosos en un plazo de 90 días (CFR, título 40, pt. 262). Los residuos peligrosos transportados fuera del sitio deben portar un manifiesto de residuos peligrosos que lleve el número de identificación del generador y la firma de éste. El manifiesto debe identificar el transportista inicial y el destino final del residuo que se elimina. El transportista debe llevar copia del manifiesto al sitio de eliminación, para que la firme el operador del sitio y sea devuelta al generador (CFR, título 40, pt. 262, subpt. B). Los generadores deben presentar informes bienales que expresen el volumen, tipo, método de eliminación final y ubicación de sus residuos, y deben conservar al menos durante tres años copias de los manifiestos, informes y resultados de las pruebas realizadas (CFR, título 40, secs. 262.40-262.41). Los generadores pequeños (menos de 100 kg al mes) que cumplan otros requisitos determinados están en buena medida exentos de los requisitos que impone la RCRA para el manejo de residuos peligrosos.

Transportistas. Los transportadores no deben aceptar residuos peligrosos que no vayan acompañados de un manifiesto debidamente requisitado. El transportista debe firmar el manifiesto y devolverlo al generador antes de abandonar el establecimiento, y debe recabar la firma del dueño u operador del sitio de eliminación o en ciertos casos del transportista subsiguiente. El transportista debe conservar copia de los manifiestos durante tres años; asimismo, debe entregar los residuos a la planta o sitio alterno designado por el generador en el manifiesto (CFR, título 40, pt. 263). En el caso de descargas o derrames durante el transporte, el transportista deberá informarlo al Centro Nacional de Respuesta (National Response Center), presentar un informe por escrito a la Oficina de Reglamentación de Materiales Peligrosos (Office of Hazardous Materials Regulations) del Departamento de Transporte (CFR, título 49, pt. 171.16) o notificar a la Guardia Costera como lo exige el CFR, título 33, pt. 153.203. Véase también el apartado 22.5: Transporte de materiales peligrosos.

Plantas de tratamiento, almacenamiento y eliminación. Si los residuos peligrosos se almacenan más allá del periodo de acumulación de 90 días (excepto en el caso de generadores pequeños), o si son tratados o eliminados en el lugar, entonces el establecimiento se considera como planta de tratamiento, almacenamiento o eliminación (TAE) y queda sujeto a los que probablemente sean los requisitos más amplios de las leyes ambientales estadounidenses. Ciertas normas generales se aplican a todas las plantas TAE (Código, título 42, sec. 6924). Éstas incluyen requisitos para: la obtención del número de identificación de residuos peligrosos; análisis de residuos; protección de la planta contra entradas no autorizadas; realización de inspecciones periódicas para verificar la ausencia de fugas o defectos; separación de residuos inflamables, reactivos o incompatibles, y preparación para hacer frente a emergencias, incluida la adopción de un plan de contingencia y procedimientos de emergencia (CFR, título 40, pt. 264). Todos los operadores de plantas TAE deben firmar el manifiesto que acompaña a los residuos peligrosos y devolver copia del mismo al generador respectivo. Con esto se concluye el seguimiento en papel del manifiesto desde la generación hasta la eliminación. También deben mantener un registro detallado de la operación de su planta y presentar un informe bienal a la EPA en el que describan el volumen y tipo de residuos manejados. También se exige la presentación de otros informes, como informes sobre residuos sin manifiesto, informes de emisiones, incendios o explosiones, e informes referentes al cierre de la planta (CFR, título 40, pt. 264, subpt. E).

Permisos requeridos. Cada planta TAE debe contar con un permiso de operación o bien estar operando en la forma "provisional" aplicable a plantas cuyo permiso se está tramitando. CFR, título 40, pt. 265. A cada tipo de instalación se le aplican normas técnicas y de desempeño específicas, incluidas las plantas de almacenamiento en contenedores (CFR, título 40, pt. 264, subpt. I); sistemas de tanque (CFR, título 40, pt. 264, subpt. J); embalses superficiales (CFR, título 40, pt. 264, subpt. K); cúmulos de residuos (CFR, título 40, pt. 264, subpt. L); plantas de tratamiento de suelos (CFR, título 40, pt. 264, subpt. M); rellenos sanitarios (CFR, título 40, pt. 264, subpt. N), e incineradores (CFR, título 40, pt. 264, subpt. O). Se prohíbe la eliminación en tierra de la mayoría de los residuos peligrosos no tratados.

Medidas correctivas y monitoreo de aguas subterráneas. Los reglamentos de la RCRA brindan un conjunto detallado de normas para la detección de emisiones mediante monitoreo de aguas subterráneas en plantas TAE, así como para la limpieza de la contaminación (Código, título 42, sec. 6924(p), (v); CFR, título 40, pt. 264). Las normas de protección de aguas subterráneas aplicables a las plantas TAE exigen la limpieza de mantos acuíferos hasta recuperar los niveles originales, los niveles para el agua potable previstos en la Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA) (Código, título 42, secs. 300f a 300j-26), o los niveles de concentración alternos dispuestos por la EPA. Las plantas deberán tomar medidas correctivas en los sitios en donde se detecten niveles superiores a los establecidos en las normas de protección de aguas subterráneas (CFR, título 40, sec. 264.100).

Requerimientos para el cierre y el poscierre. La RCRA exige a los propietarios de plantas TAE presentar un plan de cierre por escrito por cada unidad de manejo de residuos peligrosos en las instalaciones. El plan de cierre debe reducir al mínimo la emisión de elementos peligrosos después del cierre. Adicionalmente, a cada tipo de planta TAE se le aplican requisitos específicos para el cierre; éste puede adoptar una de dos formas: ya sea que las plantas intenten el "cierre limpio", lo que implica el retiro de todos los residuos o elementos peligrosos, o que opten por instrumentar un cuidado poscierre. El cuidado poscierre por lo general incluye monitoreo permanente de las aguas subterráneas y la adopción de medidas correctivas; mantenimiento de casquetes, revestimientos, cubiertas y sistemas de recolección de lixiviados, y mantenimiento de sistemas de seguridad en la planta (CFR, título 40, sec. 264.228). Para garantizar la instrumentación de todas las actividades de cierre y poscierre, las plantas TAE deben demostrar su responsabilidad financiera, ya sea a través de un fideicomiso, una fianza de garantía, una carta de crédito o un seguro, o bien mediante el cumplimiento de normas de autoaseguramiento.

Exportaciones e importaciones de residuos peligrosos. Se prohíben las exportaciones de residuos peligrosos a menos que el exportador lo notifique a la EPA con un mínimo de 60 días de antelación; que el país receptor admita el residuo peligroso; que una copia del Reconocimiento de Admisión emitido por la EPA acompañe la carga, y que el embarque se realice en los términos de aceptación del país receptor. Los exportadores deben también cumplir con todas las normas referentes al transporte de residuos peligrosos (CFR, título 40, pt. 262, subpt. E). Los importadores de residuos peligrosos reciben esencialmente el mismo tratamiento que los generadores para efectos de las disposiciones de la RCRA. El transporte internacional de residuos regulados como peligrosos de acuerdo con la RCRA y sujetos a la presentación de manifiestos entre Estados Unidos y los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), excluidos México y Canadá, está controlado por un sistema graduado de controles sustantivos y de procedimiento en función de si el residuo se considera "verde, "amarillo" o "rojo". México y Canadá se rigen por acuerdos de control bilaterales e independientes. Véanse también los apartados 25.9: Acuerdos sobre manejo de residuos, y 25.3: Acuerdos generales sobre protección del medio ambiente.

Reglamentos estatales. Los estados conservan la facultad para imponer requisitos más estrictos a las plantas de manejo de residuos peligrosos (Código, título 42, sec. 6929). A muchos estados se les ha delegado la autoridad parcial o total para aplicar la RCRA (CFR, título 40, pt. 271). En todos los estados deben consultarse los requerimientos tanto federales como estatales.

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12.2.3 Reducción de residuos (incluidas políticas de reciclaje o reutilización)

 

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Los generadores de residuos peligrosos deben incluir en su informe bienal una descripción de las medidas tomadas para reducir el volumen o la toxicidad de sus residuos, así como las reducciones reales alcanzadas (CFR, título 40, sec. 262.41(a)(6), (a)(7)). Véase también el apartado 12.3: Residuos radiactivos.

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12.2.4 Ubicación

 

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De acuerdo con la RCRA, las plantas TAE no deben ubicarse a menos de 60 metros de ciertas fallas sísmicas. Las plantas ubicadas en planicies aluviales centenarias deben cumplir con ciertos requisitos específicos para garantizar la remoción de los residuos antes de que los alcancen las aguas de las crecidas. No se permite la eliminación de desechos fuera de contenedor de residuos clasificados por la RCRA en domos salíferos ni en formaciones de lechos, minas o cuevas subterráneas (CFR, título 40, sec. 264.18). Las exigencias locales y estatales en cuanto a la ubicación pueden ser, y frecuentemente son, más estrictas que los requisitos federales (Código, título 42, sec. 6929).

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12.2.5 Responsabilidad y aplicación

 

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Responsabilidad. De acuerdo con las reformas de 1984 a la RCRA, la EPA puede exigir a las plantas de manejo de residuos peligrosos la eliminación de emisiones de éstos o de sus constituyentes, de cualquier unidad de manejo de residuos sólidos en sus instalaciones, independientemente de si la unidad contiene o no un residuo peligroso según la RCRA (Código, título 42, secs. 6924-6925; CFR, título 40, pt. 264, subpt. F). Los residuos clasificados como peligrosos de acuerdo con la RCRA son también sustancias peligrosas según la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA) (Código, título 42, secs. 9601-9675). Véase el capítulo 13: Medidas para combatir la contaminación ambiental. La EPA puede también emitir órdenes exigiendo medidas correctivas en plantas que operan con permisos provisionales (Código, título 42, sec. 6928(h)).

Inspección y monitoreo. La EPA cuenta con amplias facultades de inspección y recopilación de información para administrar y aplicar la RCRA en sitios donde se manejan residuos peligrosos (Código, título 42, sec. 6927). Específicamente, dicha dependencia está obligada a inspeccionar plantas privadas de procesamiento de residuos peligrosos cada dos años y plantas de propiedad federal cada año (Código, título 42, sec. 6927). La EPA puede también ordenar el monitoreo y la realización de análisis o pruebas, o bien encargarse de la realización de tales pruebas en caso de que la planta no tenga un propietario u operador.

Aplicación federal. La EPA dispone de tres vías de aplicación básicas: la expedición de órdenes administrativas en la que se exija el cumplimiento; el inicio de acciones civiles para cobrar multas u obtener un interdicto, y el inicio de acciones penales (Código, título 42, sec. 6928). Tanto las sanciones civiles como las administrativas pueden ascender hasta 25,000 dólares diarios por infracción. La EPA debe otorgar al infractor la oportunidad de una audiencia pública (Código, título 42, sec. 6928(b)). La planta federal a la que se le expida una orden administrativa de cumplimiento debe dársele la oportunidad de conferenciar con el administrador de la EPA antes de que la orden se considere "definitiva". En caso de transgresión intencional de los requisitos de la RCRA en materia de residuos peligrosos, el infractor se hará acreedor a sanciones penales de hasta 50,000 dólares diarios por infracción o hasta cinco años de cárcel, o ambas (Código, título 42, sec. 6928(d)). Las sanciones por poner en peligro intencionalmente la vida o la salud de otra persona pueden acarrear multas de hasta 1,000,000 dólares tratándose de personas morales, y multas de hasta 250,000 dólares o hasta 15 años de prisión, o ambas, tratándose de personas físicas (Código, título 42, sec. 6928(e)). En ciertas circunstancias, los empleados de la EPA pueden ser designados como auxiliares de la justicia para la investigación de infracciones penales a las leyes en materia de residuos sólidos o peligrosos (Código, título 42, sec. 6979b).

Causa de peligro inminente y sustancial. La EPA tiene facultades específicas para emitir órdenes administrativas o iniciar acciones civiles que obliguen a operadores -pasados o presentes- de residuos peligrosos a responder por cualquier "causa de peligro inminente y sustancial" para la salud o el ambiente (Código, título 42, sec. 6973). Debe darse aviso al estado, y a la ciudadanía se le debe notificar y brindar la oportunidad de realizar comentarios sobre la transacción propuesta (Código, título 42, sec. 6973(c), (d)). Quienes violen una orden pueden hacerse acreedores a una multa de hasta 5,000 dólares diarios por infracción (Código, título 42, sec. 6973(b)).

La EPA conserva facultades discrecionales casi absolutas para negociar y transigir las acciones civiles o administrativas que entable. Las multas se calculan siguiendo políticas o lineamientos específicos emitidos por la EPA. Los factores que comúnmente se tienen en consideración son, entre otros, la gravedad, frecuencia y duración de la infracción. Los convenios de transacción también incluyen, por lo general, una orden de consentimiento en la que se especifica un calendario de cumplimiento y se estipulan las sanciones por incumplimiento de dicha orden.

Aplicación local y estatal. Cada estado tiene autoridad para aplicar las leyes y reglamentos estatales (Código, título 42, sec. 6929). Los estados también pueden estar autorizados para instrumentar y aplicar en su territorio el programa federal de manejo de residuos peligrosos (Código, título 42, sec. 6926). En los estados autorizados, las leyes y reglamentos estatales en materia de residuos peligrosos contenidos en el programa autorizado pueden ser tan severas como las disposiciones federales, o incluso más, y cualquier permiso u orden estatal tendrá la misma fuerza y efecto que una acción federal (Código, título 42, sec. 6926(d)). La EPA debe notificar a cualquier estado autorizado antes de dar inicio a una acción judicial o emitir una orden administrativa para aplicar las leyes de residuos peligrosos en ese estado (Código, título 42, sec. 6928(a)(2)).

Demandas ciudadanas. Los ciudadanos pueden iniciar juicio contra cualquier persona física o moral a efecto de: exigir el cumplimiento de un permiso, orden o reglamento emitido de acuerdo con disposiciones sobre residuos peligrosos; impedir el manejo de residuos peligrosos que represente una causa de peligro inminente y sustancial para la salud, o bien para obligar a la EPA a cumplir con una obligación no discrecional (Código, título 42, sec. 6972). Los ciudadanos que busquen impedir la realización de prácticas que representen un peligro inminente y sustancial deben presentar una notificación con 90 días de anticipación y cumplir con otros requisitos antes de proceder (Código, título 42, sec. 6972(b)(2)(A)). No podrán entablarse otros juicios ciudadanos sin el envío de una notificación al demandado con 60 días de anticipación, ni tampoco podrá iniciarse juicio alguno si la EPA o el estado ya están prosiguiendo de forma diligente una acción civil (Código, título 42, sec. 6972).

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12.3 Residuos radiactivos

 

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12.3.1 Criterios para la caracterización de un residuo como radiactivo

 

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La mayoría de los residuos radiactivos se clasifican en dos categorías: de bajo o de alto nivel. Los de alto nivel incluyen combustible nuclear usado y otros residuos; los de bajo nivel constan de material radiactivo que no sea de alto nivel, combustible nuclear usado o subproductos (Código, título 42, sec. 2021b(9)). Cabe notar que un subproducto radiactivo, los residuos de las refinerías e instalaciones de conversión de uranio, está regulado de manera independiente por la Ley de Control de Residuos Radiactivos de Uranio (Uranium Mill Tailings Radiation Control Act, UMTRCA) de 1977 (Pub. L. No. 95-604, 92 Stat. 3021 (codificado en diversas secciones del Código, título 42)).

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12.3.2 Requisitos de tratamiento, almacenamiento y eliminación

 

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Residuos radiactivos de alto nivel. Entre los residuos radiactivos de alto nivel están el combustible nuclear usado y otros desechos. La Ley de Políticas sobre Desechos Nucleares (Nuclear Waste Policy Act, NWPA) de 1982 (Código, título 42, secs. 10101-10225) estableció un proceso para la eliminación permanente de residuos radiactivos de alto nivel, así como una política formal que favorece la eliminación definitiva de combustible nuclear usado en repositorios geológicos; creó un programa para la ubicación, construcción y operación de por lo menos un repositorio de residuos de alto nivel; estableció un volumen limitado de almacenamiento provisional de emergencia; desarrolló un programa para la construcción de una planta de almacenamiento recuperable monitoreado (monitored retrievable storage, MRS), y estableció un fondo para cubrir los costos de eliminación de residuos nucleares pagados por los derechos de los usuarios de energía nuclear. La ley asignó al Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) la responsabilidad principal de desarrollo de tecnología de eliminación y la evaluación de emplazamientos potenciales. El DOE promulgó directrices finales de evaluación de los sitios de acuerdo con factores como densidad de población, geología, hidrogeología, proximidad con parques nacionales y costos de transportación (CFR, título 10, pt. 960.1). La Comisión de Regulación Nuclear (Nuclear Regulatory Commission, NRC) conserva las facultades relacionadas con la construcción, operación, cierre y clausura definitiva de repositorios de desechos nucleares (Código, título 42, sec. 10141(b)(1)(A)). La EPA tiene la responsabilidad de establecer los límites máximos de emisión, las normas de confinamiento y los límites de exposición individuales que debe cumplir un repositorio (CFR, título 40, pt. 191).

Residuos radiactivos de bajo nivel. Entre los residuos radiactivos de bajo nivel está todo material radiactivo que no sea residuo de alto nivel, combustible nuclear usado o subproductos (Código, título 42, sec. 2021b-d(9)). De acuerdo con la Ley de Políticas sobre Residuos Radiactivos de Bajo Nivel (Low-Level Radioactive Waste Policy Act) de 1980 (Código, título 42, sec. 2021b-d), cada estado es responsable de la eliminación de sus residuos radiactivos de bajo nivel (excepto si son generados por una planta propiedad del gobierno federal). Esta ley también alienta a los estados a unirse en acuerdos regionales para la eliminación de sus residuos de bajo nivel (Código, título 42, sec. 2021d). Entre los métodos de eliminación aceptados se cuentan el confinamiento bajo tierra en una planta autorizada por la Comisión de Regulación Nuclear, la incineración y la eliminación en el océano con el permiso de la EPA de acuerdo con la Ley de Protección, Investigación y Santuarios Marinos (Marine Protection, Research and Sanctuaries Act, MPRSA) de 1972. Debido a que los estados no lograron garantizar la capacidad necesaria para la eliminación de residuos de bajo nivel, la Ley de 1980 fue reformada en 1985 mediante la Ley de Reformas a las Políticas sobre Residuos Radiactivos de Bajo Nivel (Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act) (Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1842 (1986) (incorporada en el Código, título 42, sec. 2021b)). Las reformas de 1985 contienen un calendario más estricto para que los estados desarrollen dicha capacidad y establecieron una serie de incentivos y elementos disuasivos para quienes no cumplieran.

La UMTRCA (Código, título 42, secs. 7901-7942) fue concebida para sustentar la estabilización, eliminación y control ambientalmente seguros de los residuos del proceso del uranio en sitios activos e inactivos. Dicha ley prevé la evaluación y remediación de los sitios con residuos, así como su control en plantas activas. LA NRC tiene autoridad para extender licencias para las operaciones de procesamiento y para aplicar requisitos técnicos y de otra naturaleza, las que deben cumplir con normas ambientales para contaminantes radiactivos establecidas por la EPA (CFR, título 40, pt. 192 (normas de la EPA); CFR, título 10, pt. 40, anexo A (criterios del CFR para el otorgamiento de licencias a operadores de plantas de procesamiento)).

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12.3.3 Ubicación

 

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La ubicación de los sitios de eliminación de residuos radiactivos es particularmente controversial. La Ley de Políticas sobre Desechos Nucleares (NWPA) de 1982 (Código, título 42, secs. 10101-10225) estableció un elaborado proceso de evaluación y selección de un sitio permanente de eliminación de residuos radiactivos de alto nivel. La NWPA delegó en el Departamento de Energía (DOE) la responsabilidad principal de selección de posibles emplazamientos. El DOE emitió las bases finales para la evaluación de sitios de acuerdo con factores como densidad de población, geología, hidrogeología, proximidad con parques nacionales y costos de transportación (CFR, título 10, pt. 960.1).

Dadas las dificultades técnicas y políticas para ubicar un depósito permanente de residuos de alto nivel, en 1987 se reformó la Ley Nuclear de 1982 mediante la Ley de Reformas a las Políticas sobre Desechos Nucleares (Nuclear Waste Policy Amendments Act) de 1987 (Pub. L. No. 100-203, 101 Stat. 1330-227 (1987) (incorporado en el Código, secs. 10101-10270)). Dichas reformas obligaron al Departamento de Energía a caracterizar un sitio específico en la Montaña Yucca en Nevada, para determinar si el sitio es apropiado para la eliminación de residuos nucleares. A pesar de que los estudios de un equipo de geólogos y geofísicos opinan que el sitio puede ser menos estable de lo que se pensaba, el Departamento de Energía sigue adelante para concluir en 1998 su evaluación de viabilidad, esperando emitir una recomendación de sitio potencial en el 2001. Si la Montaña de Yucca se aprueba como depósito, lo estarían abriendo en el 2010. Tales reformas también incrementan los incentivos para que los estados o comunidades indígenas acepten instalaciones temporales de almacenamiento recuperable monitoreado (MRS). Además, las reformas establecieron la Junta Técnica de Revisión de Desechos Nucleares (Nuclear Waste Technical Review Board), así como la Oficina de Negociaciones en materia de Desechos Nucleares (Office of the Nuclear Waste Negotiator), la cual se encarga de negociar con comunidades indígenas o estados que contemplen la posibilidad de dar lugar a un depósito o instalación de MRS.

La Ley de Políticas sobre Residuos Radiactivos de Bajo Nivel de 1980 (Código, título 42, sec. 2021b-d) deposita en cada estado la responsabilidad principal en cuanto a la selección de sitios para la eliminación de residuos radiactivos de bajo nivel. Además, alienta a los estados a establecer acuerdos regionales para la eliminación de tales residuos (Código, título 42, sec. 2021d).

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12.3.4 Responsabilidad y aplicación

 

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La Ley de Energía Atómica (Atomic Energy Act, AEA) impone sanciones pecuniarias de hasta 100,000 dólares por infracción de disposiciones relativas al otorgamiento de licencias o reglamentación relacionada (Código, título 42, secs. 2282-2282a). La AEA no cuenta con disposiciones sobre aplicación ciudadana. De hecho, la única autoridad que puede aplicar las sanciones civiles estipuladas en la AEA es la Procuraduría General de Estados Unidos (Código, título 42, sec. 2282(c)). Asimismo, la AEA contiene un conjunto de disposiciones penales detalladas que estipulan una serie de sanciones pecuniarias y diferentes términos de pena corporal, dependiendo de la infracción. La mayoría de las infracciones penales se sancionan con multas que van de 5,000 a 50,000 dólares y cárcel de dos a diez años, a menos que tales infracciones se hubiesen cometido con la intención de dañar a la Federación o de favorecer a una nación extranjera, en cuyo caso no existe límite a la pena corporal (Código, título 42, secs. 2272-2276).

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2003