Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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15 Planeación y gestión del uso de tierras privadas

 

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15.1 Zonificación y reglamentación ambiental de tierras privadas

 

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El gobierno federal cuenta con una autoridad muy limitada en lo que respecta a la planeación del uso de la tierra o su zonificación. En algunos casos, como en la Ley de Manejo de Zonas Costeras (Coastal Zone Management Act, CZMA), el gobierno federal ha ofrecido incentivos a los gobiernos estatales y locales para que adopten planes de desarrollo que cumplan con criterios específicos. Véase el apartado 10.1: Manejo de las costas y restricciones al uso de las tierras. Otras leyes federales, especialmente la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA), estipulan restricciones sustanciales al desarrollo de ciertos hábitats esenciales. Sin embargo, lo más frecuente es que las decisiones sobre el uso de la tierra y su zonificación se realicen en los ámbitos estatal o local; en la mayoría de los casos, los estados han delegado buena parte de sus facultades en este aspecto a los gobiernos municipales o locales. Algunas entidades federativas, por ejemplo Oregon, han establecido objetivos de planeación del uso de la tierra aplicables a todo el estado y que contemplan la protección al ambiente y la conservación de espacios abiertos. (Véase Or. Rev. Stat. secs. 195-97.)

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15.2 Invasiones, expropiaciones y otras limitaciones para la reglamentación

 

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La principal limitación para la reglamentación gubernamental de la propiedad privada se encuentra en la Quinta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe que la propiedad privada "se afecte por causa de interés público sin el pago de la debida indemnización". Constitución, enmienda V. Para adquirir una propiedad privada con cualquier propósito -por ejemplo, para un parque o con fines de conservación-, el gobierno debe expropiar el predio mediante la facultad del llamado dominio eminente, y pagar el justo valor de mercado al propietario. Asimismo, las medidas del gobierno federal o de los estatales que interfieran demasiado con las expectativas razonables y respaldadas por inversiones de los propietarios, o bien que llegaran a ocupar una propiedad privada, son anticonstitucionales a menos que el gobierno pague una indemnización al propietario. Las decisiones de los tribunales han establecido también que "si una reglamentación es excesiva se reconocerá como una afectación". En años recientes, el número de demandas por "afectaciones regulatorias", especialmente en lo que concierne a disposiciones ambientales, se ha incrementado de manera marcada. (Véanse Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 260 U.S. 393 (1922); Agins v. Tiburon, 447 U.S. 255 (1980); Lucas v. South Carolina Coastal Comm'n, 112 S. Ct. 2309 (1992), Dolan v. City of Tigard, 114 S. Ct. 2886 (1994).)

Además, algunos estados han promulgado reglamentos que permiten a los propietarios de predios demandar a las dependencias gubernamentales por acciones de reglamentación que devalúen sus propiedades. Por ejemplo, Texas aprobó una ley que exige a una dependencia gubernamental ya sea rescindir una disposición reglamentaria o pagar una compensación a los propietarios cuando los tribunales determinen que el valor de sus propiedades ha disminuido un 25% o más. (Véase Texas Gov't Code secs. 2007.001 y subsec. Una legislación similar fue propuesta, aunque no adoptada, en el ámbito federal.)

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15.4 Tenencia de la tierra

 

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Numerosas leyes federales relativas a la tenencia de la tierra se aplican a las tierras de las comunidades indígenas. A finales del siglo XIX, el Congreso promulgó una legislación que dividió las reservas indígenas en parcelas con una extensión equivalente a una granja familiar (homestead). Véase, por ejemplo, la Ley (Dawes) General de Asignaciones (General Allotment [Dawes] Act) de 1887 (ch. 119, 24 Stat. 388 (codificada en su versión modificada en Código, título 25, secs. 331-58)). De conformidad con la Ley de Ocupación Indígena (Nonintercourse Act), el gobierno federal debe aprobar cualquier contrato de venta, alienación o arrendamiento de propiedades en las comunidades indígenas. El Congreso aprobó esta ley a fin de ejercer la supremacía de la ley federal y garantizar los derechos de ocupación de las comunidades indígenas sobre sus tierras (Código, título 25, sec. 177). Todo acuerdo suscrito con una comunidad indígena por la entrega de un valor deberá: 1) ser por escrito; 2) contar con la aprobación del Secretario del Interior (Secretary of the Interior) y del Comisionado de Asuntos Indígenas (Commissioner of Indian Affairs); 3) incluir todos los nombres de las partes o el grado de autoridad de la comunidad, y 4) establecer todos los términos relevantes del acuerdo, incluido un periodo de recaudación "claramente indicado". Todo contrato que infrinja tales requerimientos se tendrá por no válido (Código, título 25, sec. 81). Para efectos del mejoramiento de los patrones de tenencia de la tierra y la consolidación de las tierras de los indios Pueblo, el Departamento del Interior podrá adquirir, en fideicomiso, tierras, mejoras o derechos sobre el agua dentro de las zonas de consolidación de las tierras de dicha comunidad. Ambas partes podrán reservar los minerales, servidumbres o derechos de uso (Código, título 25, sec. 624).

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2003