Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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21 Energía

 

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21.1 Instituciones competentes en materia de energía

 

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El Departamento de Energía (Department of Energy, DOE) tiene la responsabilidad de investigar y planear todo lo relacionado con el suministro y la entrega de energía en Estados Unidos. El DOE también se encarga del diseño y manufactura de armamento nuclear.

La Comisión de Regulación Nuclear (Nuclear Regulatory Commission, NRC), integrada por cinco miembros y creada en 1975, es una entidad federal independiente responsable de elaborar y aplicar los reglamentos destinados a garantizar la seguridad y la protección de la salud de los ciudadanos y los trabajadores frente a todas las actividades nucleares civiles, incluidas las realizadas en los sitios activos de desechos de factoría para tratamiento de los minerales de uranio. La NRC formula reglamentos para la disposición de residuos altamente radiactivos y de radiación de débil energía; es también responsable de otorgar licencias para instalaciones de residuos nucleares, como los depósitos de residuos altamente radiactivos. Asimismo, la NRC regula las plantas comerciales de energía nuclear, así como las empresas industriales, las organizaciones y los individuos que manejen residuos radiactivos. La NRC comparte cierta responsabilidad con el Departamento de Transporte, véase el capítulo 22, en cuanto a normas de seguridad relacionadas con el transporte de residuos radiactivos.

La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) es responsable de estipular las normas ambientales de aplicación general y establecer los lineamientos relacionados con toda clase de radiación que afecte a la salud pública y el ambiente. Por tanto, la EPA formula criterios para el manejo y la disposición de todos los residuos radiactivos, la emisión de sustancias radiactivas al ambiente y la exposición de las personas a sustancias de esta clase. Asimismo, la EPA tiene facultades para regular las instalaciones y los desechos nucleares al amparo de otras leyes ambientales de aplicación general.

La Comisión Federal de Regulación de la Energía (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) se creó al amparo de la Ley Orgánica del Departamento de Energía (Department of Energy Organization Act) de 1977 (Código, título 42, secs. 7171-7178). La FERC rige los aspectos interestatales de las industrias de energía eléctrica y gas natural y establece tarifas para el transporte de petróleo por oleoductos. La Comisión de Regulación de la Energía expide y hace cumplir las leyes y reglamentos para construir y operar proyectos hidroeléctricos no federales. La FERC asesora a las dependencias federales respecto de los beneficios de los proyectos federales propuestos para aprovechar el agua con propósitos múltiples.

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21.2 Consumo y eficiencia energética

 

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El gobierno federal ha adoptado diversos enfoques para mejorar la eficiencia y la conservación energéticas, como el establecimiento de normas de eficiencia energética o etiquetado, el fomento de la planeación estatal y regional de conservación de la energía, la prestación de asistencia financiera y técnica, el gravamen de impuestos al uso de combustibles y el impulso de los incentivos para cambiar de combustibles, sobre todo para conservar el petróleo y la gasolina. El Congreso revisa nuevos proyectos de ley que modificarían las políticas energéticas actuales. Si desea mayor información, consulte los Informes del Servicio de Investigaciones del Congreso (Congressional Research Service Reports).

Normas de eficiencia energética y etiquetado. De acuerdo con la Ley de Política y Conservación de la Energía (Energy Policy and Conservation Act) de 1975 y sus reformas, las normas obligatorias mínimas de la eficiencia energética se aplican a la mayor parte de los productos de consumo, como refrigeradores, congeladores, aparatos de aire acondicionado y calefacción, calentadores, lavavajillas, lavadoras y secadoras de ropa, hornos y televisores (Código, título 42, secs. 6291-6309; CFR, título 10, sec. 430.3, normas de conservación de energía). La Ley Nacional de Políticas para la Conservación de Energía (National Energy Conservation Policy Act) de 1978 requiere pruebas federales y etiquetado de ciertos motores y bombas eléctricos (Código, título 42, secs. 6311-6317; CFR, título 10, pt. 430). Este ordenamiento prohíbe la distribución de productos al consumidor o de equipo industrial que no cuente con las etiquetas de eficiencia energética requeridas. Los infractores pueden ser sujetos de multas civiles, órdenes judiciales o demandas ciudadanas (Código, título 42, secs. 6302-6307; CFR, título 10, sec. 430.7, aplicación de disposiciones sobre conservación de energía). Existen normas de eficiencia energética específicas para las oficinas del gobierno federal, y el Departamento de Energía cuenta con la autoridad para expedir normas voluntarias de eficiencia energética en los edificios nuevos residenciales y comerciales que no sean federales (Código, título 42, sec. 6833 (a) (2) (normas voluntarias de conservación de energía en edificios nuevos)). Los fabricantes de automóviles deben de cumplir con una norma de Ahorro Empresarial de Combustible (Corporate Average Fuel Economy, CAFE) de 27.5 millas por galón para todas las flotillas empresariales de más de diez automóviles y de 20.7 millas por galón para camionetas ligeras (incluidas vans y camionetas deportivas familiares). El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a una multa civil de acuerdo con el grado de la infracción y el número de vehículos de la flotilla (véase Código, título 49, secs. 32901-32919). En un fallo dictado, mas no adoptado, el 29 de septiembre de 1994, un grupo de expertos de comercio concluyó que las normas CAFE infringían el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) porque la ley obliga al mismo fabricante a realizar cálculos separados para sus vehículos fabricados dentro del país y para aquellos fabricados en el extranjero (Código, título 49, sec. 32904).Véase el informe del grupo United States-Taxes on Automobiles (1994). La Ley federal requiere, además, que todos los autos nuevos lleven una etiqueta que indique el rendimiento estimado de combustible por milla (Código, título 49, sec. 32908(b)(1)).

Planeación para la conservación de la energía. Muchas dependencias federales, como las administraciones de Energía de Bonneville o de la Zona Occidental, que producen o distribuyen energía, deben incluir la eficiencia y la conservación energéticas en sus planes regionales del manejo de la energía. Véase Ley de Planificación y Conservación de la Energía Eléctrica del Noroeste del Pacífico (Pacific Northwest Electric Power Planning and Conservation Act) (Pub. L. No. 96-501, 94 Stat. 2697 (codificada en el título 16 del Código, secs. 837, 838i, 838k, 839-839h)); la Ley Hoover de Plantas de Energía (Hoover Power Plant Act) de 1984 (Pub. L. No. 98-381, tít. II, 98 Stat. 1333 (codificada en el Código, título 42, secs. 7275-7276; Código, título 43, secs. 617-619, 1543)). Asimismo, el gobierno federal ha establecido un programa de asistencia técnica y financiera a los estados que elaboren sus propios planes de conservación de energía que cumplan con ciertos requisitos federales. Véase Ley de Mejoramiento de la Eficiencia Energética de los Estados (State Energy Efficiency Improvement Act) de 1990 (Pub. L. No. 101-440, 104 Stat. 1006 (codificada en secciones dispersas del título 42 del Código)).

Asistencia federal técnica y financiera. El gobierno federal otorga asistencia técnica y financiera a una serie de actividades relacionadas con propósitos energéticos, como la formulación e instrumentación de planes estatales de conservación de energía (Código, título 42, sec. 6324; CFR, título 10, sec. 420.3); el apoyo a la protección contra los elementos de unidades habitacionales de interés social (Código, título 42, secs. 6861-6873; CFR, título 10, sec. 440.10), y apoyo para la conservación energética en escuelas y hospitales (Código, título 42, secs. 6371-6371j; CFR, título 10, sec. 455.9). La Ley Federal de Investigación y Desarrollo de Energía no Nuclear (Federal Nonnuclear Energy Research and Development Act) (Pub. L. No. 93-577, 88 Stat. 1878 (codificada en el Código, título 42, secs. 5901-5920)) apoya la investigación orientada a aumentar los suministros alternativos de energía y las tecnologías de conservación energética.

Cambio de combustible. El Congreso ha promulgado diversas leyes, sobre todo durante y después de la crisis petrolera de los años setenta, para conservar un tipo de combustible (sobre todo petróleo o gas natural) exigiendo o alentando su sustitución por otros tipos de combustible (básicamente carbón o energía hidráulica). El objetivo no era disminuir la cantidad total de energía consumida, sino reservar el petróleo o el gas natural para otros usos. Véase, por ejemplo, la Ley de Suministro y Coordinación Ambiental en Materia Energética (Energy Supply and Environmental Coordination Act) de 1974 (Pub. L. No. 93-319, 88 Stat. 246 (codificada en el Código, título 15, secs. 791-798 y en diferentes secciones del título 42 del Código)), y la Ley sobre Uso de Combustible en Plantas de Energía y en la Industria (Powerplant and Industrial Fuel Use Act) de 1978 (Pub. L. No. 95-620, 92 Stat. 3289 (codificada con reformas en el Código, título 42, secs. 8301-8484 y en diversas secciones de los títulos 15, 19, 42 y 49 del Código de Estados Unidos)).

Impuestos al consumo. El gobierno federal impone un gravamen relativamente bajo a diversos combustibles, como la gasolina (Código, título 26, secs. 4081-4083; CFR, título 26, sec. 48.4081-1); el gas avión (Código, título 26, secs. 4091-4093; CFR, título 26, sec. 48.4081), y combustible para embarcaciones empleadas para el transporte fluvial (Código, título 26, sec. 4042; CFR, título 26, sec. 48.4041-3). En teoría, por lo menos, estos impuestos deberían reducir el consumo de energía al aumentar el precio de los combustibles. Los impuestos federales se han fijado en niveles relativamente bajos; su principal objetivo es obtener ingresos para el gobierno federal, mas no para fomentar la eficiencia energética.

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21.3 Exploración, aprovechamiento y extracción de petróleo y gas natural

 

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Véase también el capítulo 10: Protección de los océanos y las zonas costeras.

Las facultades del gobierno federal en materia de producción y consumo del petróleo se limitan a regular y fomentar el comercio interestatal de petróleo, proteger la seguridad nacional al asegurar un suministro estable de este energético (sobre todo en casos de emergencia) y manejar y aprovechar recursos petroleros en tierras federales.

Racionamiento de emergencia. El gobierno federal tiene poderes para racionar el petróleo o controlar los precios en casos de emergencias energéticas, como la citada crisis petrolera de los años setenta. Véase, por ejemplo, la Ley de Asignación de Petróleo en Casos de Emergencia (Emergency Petroleum Allocation Act) (Código, título 15, secs. 751, 753; CFR, título 10, sec. 218) y la Ley de Conservación Energética en Casos de Emergencia (Emergency Energy Conservation Act) de 1979 (Código, título 42, sec. 8513(a)), que establece la elaboración de un plan racionamiento en estado de alerta.

Tierras federales. Al amparo de la Ley de Arrendamiento de Terrenos Minerales (Mineral Lands Leasing Act, MLLA) (Código, título 30, secs. 181-287), el gobierno federal básicamente mediante el Departamento del Interior (Department of Interior, DOI) arrienda el derecho de producir petróleo a compañías privadas por medio de un proceso de licitación pública. Véase la citada Ley de Arrendamiento de Terrenos Minerales (Pub. L. No. 66-146, 41 Stat. 437, codificada en el Código, título 30, secs. 181-287), sobre todo por las reformas efectuadas por la Ley Federal de Reformas al Arrendamiento de Petróleo y Gas en Tierra (Federal Onshore Oil and Gas Leasing Reform Act), promulgada como título V, subtítulo V, secs. 5101-5131 de la Ley Miscelánea de Conciliación del Presupuesto (Omnibus Budget Reconciliation Act) de 1987 (Pub. L. No. 100-203, 101 Stat. 1330 (1987) (codificada en el Código, título 30, secs. 181-287)). Por lo regular, las empresas están obligadas a pagar regalías al gobierno federal. Si se permite un aprovechamiento petrolero, y hasta qué punto, depende en gran medida de las leyes que rigen el tipo específico de tierra federal y los propósitos por los que recibe protección. Véase el capítulo 16: Gestión ambiental de tierras públicas. En los casos en que se permiten el arrendamiento de petróleo, la MLLA requiere la participación pública y el cumplimiento de la mayoría de las demás disposiciones ambientales, incluida la necesidad de presentar una evaluación de impacto ambiental. Véase el capítulo 7: Evaluación de impacto ambiental.

Los arrendamientos federales petroleros más controvertidos han sido las áreas silvestres de Alaska y de la plataforma continental exterior. Por ejemplo, la Ley de Conservación Nacional de Tierras de Interés Nacional de Alaska (Alaska National Interest Lands Conservation Act, ANILCA) (Código, título 16, secs. 3101-3233; CFR, título 50, pt. 37) autoriza la perforación petrolera en el Santuario Nacional para la Vida Silvestre de Alaska. La Ley de Tierras en la Plataforma Continental Exterior (Outer Continental Shelf Lands Act, OCSLA) (Código, título 43, secs. 1331-1356; CFR, título 30, pt. 250) promueve el aprovechamiento de las reservas de petróleo y gas en la plataforma continental exterior. Esta ley reivindica el título del gobierno federal sobre tierras sumergidas más allá de los límites del mar territorial de Estados Unidos. La OCSLA autoriza al Departamento del Interior a realizar licitaciones públicas para el arrendamiento del petróleo en ciertas zonas de la plataforma continental exterior. La OCSLA se reformó más tarde a fin de permitir, entre otras cosas, una mayor participación pública en el proceso de arrendamiento del petróleo y crear un fondo de contingencia para los pescadores en el caso de demandas por pérdida de equipo derivada de actividades de aprovechamiento de la energía (Código, título 43, secs. 1841-1846; CFR, título 50, 296). Véanse también el apartado 25.6: Acuerdos sobre contaminación y conservación de los mares, y el capítulo 10: Protección de los océanos y las zonas costeras.

Gastos de perforación de pozos de petróleo, de gas y geotérmicos. La sección 263(c) del Código Fiscal (Internal Revenue Code, IRC) permite que los operadores hagan una deducción actual de los gastos "intangibles" de perforación y aprovechamiento (mano de obra, combustible, materiales y suministros, renta de vehículos, reparaciones de equipo y la depreciación del equipo de perforación) (Código, título 26, sec. 263(c)). La deducción permite efectuar cancelaciones en libros inmediatas relacionadas con la producción de petróleo y gas, en lugar de cargar esos costos al capital por medio de la depreciación o el agotamiento. Esta disposición reduce los costos de las actividades que dañan al medio ambiente, como el dragado de canales o la construcción de caminos en Luisiana y la construcción de oleoductos y gasoductos en Alaska.

La Ley del Impuesto a Ganancias Extraordinarias por la Venta de Petróleo Crudo (Crude Oil Windfall Profit Tax Act) de 1980 (Pub. L. No. 96-223, 94 Stat. 229, codificada con sus reformas en diversos artículos de los títulos 7, 19, 26, y 42 del Código) se concibió para captar las utilidades extraordinarias que recibieron las empresas petroleras a raíz del aumento de los precios mundiales del petróleo.

Tierras y regulaciones estatales. Los estados conservan la soberanía sobre los recursos naturales, incluido el petróleo y el gas natural en tierras no federales ni comunitarias de su jurisdicción. La Ley de Tierras Sumergidas (Submerged Lands Act) (Pub. L. No. 83-15, 67 Stat. 29, codificada en el Código, título 10, secs. 7421-7428 y en el título 43, secs. 1301-1356) otorga a los estados jurisdicción sobre las tierras bajo los mares territoriales de Estados Unidos. Por tanto, las leyes estatales rigen la asignación del petróleo en tierras estatales, así como la regulación del aprovechamiento del petróleo en tierras privadas de su territorio. La mayoría de los estados cuenta con leyes que establecen un sistema de arrendamiento, en esencia similar al federal, para las reservas petroleras encontradas en tierras estatales. Véanse, por ejemplo, el Código Administrativo de Alaska, título 11, secs. 82, 83, 84, 90, 96; Ariz. Rev. Stat. Ann. 27-555; la Ley de Conservación del Petróleo y Gas, Utah Code Ann. 40-6-1. Las reservas privadas de petróleo se rigen por el derecho de propiedad consuetudinario estatal o, en ciertos estados, por leyes promulgadas específicamente para la conservación de petróleo.

Terrenos de comunidades indígenas. La exploración y aprovechamiento del petróleo en terrenos de comunidades indígenas se rigen por las leyes y disposiciones tribales, si bien el gobierno federal mantiene una relación de fideicomiso. La Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs, BIA) y la Oficina de Manejo de la Tierra (Bureau of Land Management, BLM) cuentan con una autoridad sustancial para elaborar evaluaciones de impacto ambiental y otro tipo de actividades de fideicomiso.

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21.4 Energía hidroeléctrica

 

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Véanse los capítulos 9: Protección y gestión de los recursos hidráulicos, y 7: Evaluación de impacto ambiental.

En virtud de la autoridad del gobierno federal para regular las aguas navegables y el comercio interestatal, la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC) es responsable de otorgar licencias a instalaciones hidroeléctricas no federales. Varias de las presas hidroeléctricas más grandes del país son también de propiedad federal y las manejan dependencias gubernamentales como la Oficina de Aprovechamiento Hídrico (Bureau of Reclamation) o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Army Corps of Engineers), o bien entidades paraestatales como la BPA o la Autoridad del Valle de Tennessee (Tennessee Valley Authority, TVA).

Expedición y reexpedición de licencias para hidroeléctricas de la FERC. La FERC expide y aplica licencias para la construcción y operación de proyectos de energía no federales de acuerdo con la Ley Federal de Energía (Federal Power Act). Para recibir una licencia, el proyecto debe de ser congruente con los planes ribereños integrales aplicables para el aprovechamiento y el manejo del río. Al expedir una licencia, la FERC debe ponderar igual el aprovechamiento de energía y los recursos no energéticos, incluidos la recreación pesquera, la estética y la vida silvestre (Código, título 16, sec. 797(e)). Además, la FERC debe aceptar recomendaciones presentadas por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS) o por el Servicio Nacional de Pesca Marina (National Marine Fisheries Service, NMFS), a fin de proteger tanto los peces como la vida silvestre. La FERC no puede otorgar licencias por periodos de más de 50 años. La reexpedición de licencias debe de cumplir con las mismas normas que la primera que se expidió (Código, título 16, sec. 808). Se aplican procedimientos específicos para expedir y reexpedir licencias, incluida la participación de la ciudadanía.

Impactos ambientales. La mayor parte de las presas con financiamiento federal o licencias de la FERC requieren, además, de una evaluación de impacto ambiental, según lo establece la Ley Nacional de Políticas Ambientales (National Environmental Policy Act, NEPA). Véase el capítulo 7: Evaluación de impacto ambiental. De acuerdo con la Ley de Coordinación para la Protección de los Peces y la Vida Silvestre (Fish and Wildlife Coordination Act) (Código, título 16, secs. 661-666c), toda solicitud de fondos que se plantee al Congreso para apoyar una presa u otro proyecto que altere el curso de un río navegable, debe acompañarse de un informe elaborado por el Departamento del Interior en el que se especifiquen los impactos a los peces o a la vida silvestre. No existe ninguna disposición sobre demandas ciudadanas para hacer cumplir esta ley.

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21.5 Energía de combustibles fósiles

 

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Véanse, también, los capítulos 18: Minería, y 8: Protección de la atmósfera.

Las disposiciones del gobierno federal sobre la energía derivada de combustibles fósiles se limitan básicamente a regular la minería a cielo abierto (véase el apartado 18.4: Rehabilitación de minas) y la regulación de emisiones de descargas de plantas de energía que emplean combustible fósil (véanse los apartados 8.2: Fuentes fijas [Protección de la atmósfera], y 9.2: Fuentes fijas [Protección y gestión de los recursos hidráulicos]). Asimismo, las leyes estatales estipulan requisitos de recuperación y ubicación, así como normas de control de la contaminación de la industria del carbón.

Ley de Control y Recuperación de la Minería a Cielo Abierto. Esta ley (Surface Mining Control and Reclamation Act, SMCRA) (Código, título 30, secs. 1201-1328) se concibió para evitar y subsanar los daños ambientales provocados por la extracción de carbón en minas a cielo abierto. Toda persona que desee realizar esta actividad debe obtener un permiso expedido por la entidad federativa al amparo de un plan estatal aprobado, o por el gobierno federal si el estado no cuenta con dicho plan. Para recibir un permiso, el solicitante está obligado a presentar un plan detallado de recuperación; demostrar que la empresa cuenta con seguro de responsabilidad suficiente para cubrir los posibles daños y perjuicios ocasionados por la explotación minera, y otorgar una fianza de garantía que cubra los costos del plan de recuperación (Código, título 30, secs. 1256-1259; CFR, título 30, pt. 779). El permisionario debe también cumplir con determinadas normas de desempeño ambiental (Código, título 30, sec. 1265; CFR, título 30, pts. 715, 816).

Derechos y fondo de recuperación. Los operadores de minas de carbón están obligados a pagar derechos de recuperación que van de 10 a 35 centavos de dólar por tonelada según el tipo de carbón y si se trata de extracción a cielo abierto o subterránea (Código, título 30, sec. 1232(a); CFR, título 30, pt. 870). Los ingresos derivados de tales derechos se canalizan principalmente a la recuperación y la restauración de recursos de tierra y agua perjudicados por actividades previas de extracción de carbón (Código, título 30, sec. 1231; CFR, título 30, pt. 872).

Leyes estatales de recuperación. La SMCRA confiere la mayoría de las facultades de aplicación e instrumentación a los estados que sometan planes aprobados. Asimismo, las leyes estatales pueden estipular sus propios requisitos de recuperación sobre toda actividad minera realizada en el estado, incluidas las realizadas en tierras privadas y estatales no cubiertas por la citada Ley.

Regulación de plantas de energía de combustibles fósiles. Las emisiones y descargas de plantas de energía de combustibles fósiles se abordan en las disposiciones de aplicación general y otras normas ambientales. Véanse, por ejemplo, la Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA) que se describe en el capítulo 8; la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) descrita en el capítulo 9, o la Ley Nacional de Políticas Ambientales (National Environmental Policy Act, NEPA) descrita en el capítulo 7.

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21.6 Energía nuclear

 

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21.6.1 Construcción y operación de plantas de energía nuclear

 

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De acuerdo con la Ley de Energía Atómica (Atomic Energy Act) de 1954 (Código, título 42, secs. 2011-2282), el gobierno federal otorga licencias a operadores particulares de reactores nucleares, incluidas las personas que en la práctica operan la planta (CFR, título 10, 55.1-55.61). Todo licenciatario de una planta de energía nuclear debe presentar, además, planes aceptables de respuesta a emergencias radiológicas, de preferencia elaborados con la participación de los gobiernos estatal y local. La Comisión de Regulación Nuclear (Nuclear Regulatory Commission, NRC) es responsable de normar todos los usos comerciales de la energía nuclear con el fin de proteger la salud y la seguridad de los habitantes y ambiente.

Asimismo, las plantas nucleares están sujetas a la mayoría de la leyes ambientales de aplicación general, como la limpieza de descargas radiactivas de acuerdo con la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA) o Superfondo (Código, título 42, secs. 9601-9675; CFR, título 40, secs. 300.400-300.440); la prohibición de descargas radiactivas en aguas navegables al amparo de la CWA (Código, título 33, secs. 1251-1387), así como el reglamento de descargar en el mar desechos radiactivos de débil energía al amparo de la Ley de Protección, Investigación y Santuarios Marinos de 1972 (Marine Protection, Research and Sanctuaries Act, MPRSA) (Código, título 33, secs. 1411; CFR, título 40, pt. 223).

No se ha otorgado a las entidades federativas la facultad para regular aspectos de seguridad radiológica de las plantas de energía nuclear (Pacific Gas & Electric Co. v. State Energy Resources Conservation & Development Comm'n, 461 U.S. 190 (1983)). Sin embargo, los estados cuentan con autoridad para reglamentar la contaminación térmica ocasionada por las plantas de energía nuclear, CWA (Código, título 33, sec. 1365) y para normar los contaminantes radiactivos de la atmósfera, CAA (Código, título 42, secs. 7416, 7422, 7602(g)). Los estados tienen también la autoridad para regular la generación, venta y transmisión de electricidad producida por las plantas de energía nuclear, que se pueden relacionar con la protección ambiental (Ley de Energía Atómica, Código, título 42, sec. 2018).

Existen disposiciones específicas respecto a la ubicación de las plantas de energía nuclear.

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21.6.2 Reprocesamiento y eliminación del combustible nuclear

 

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Véase el apartado 12.3: Residuos radiactivos

Residuos altamente radiactivos. Los residuos altamente radiactivos incluyen los combustibles nucleares usados y otras clases de residuo. La Ley de Políticas sobre Desechos Nucleares (Nuclear Waste Policy Act, NWPA) de 1982 (Código, título 42, secs. 10101-10225). La NWPA estableció una política formal que favorece la eliminación permanente del combustible nuclear usado en lugares de confinamiento geológico; fijó un programa para la ubicación, construcción y operación de por lo menos un lugar de confinamiento de residuos altamente radiactivos; estipuló una cantidad limitada de almacenamiento provisional de emergencia; elaboró un calendario para construir una instalación de almacenamiento recuperable monitoreada, y creó un fondo para cubrir los costos de eliminación de residuos nucleares sufragado con las cuotas de los usuarios de energía nuclear. La NWPA confiere al Departamento de Energía (DOE) la responsabilidad básica para desarrollar tecnología de disposición y evaluar sitios potenciales. El DOE expidió los lineamientos definitivos para evaluar los sitios de acuerdo con factores como densidad demográfica, características geológicas e hidrológicas, cercanía a parques nacionales y costo del transporte (CFR, título 10, pt. 960.1). La Comisión de Regulación Nuclear conservó sus facultades sobre la construcción, operación, cierre y clausura definitiva de lugares de confinamiento de desechos nucleares (Código, título 42, sec. 10141(b)). La EPA es responsable de establecer límites máximos de emisión, normas de confinamiento y límites individuales de exposición. Los lugares de confinamiento deben cumplir con tales normas (Código, título 42, sec. 10141(a); CFR, título 40, pts. 191-195).

Como resultado de los problemas técnicos y políticos para instalar un lugar de confinamiento permanente de residuos altamente radiactivos, en 1987 se modificó la Ley Nuclear de 1982 mediante la Ley de Reformas a la Políticas sobre Desechos Nucleares (Pub. L. No. 100-203, 101 Stat. 1330 (1987) (incorporada en el Código, título 42, secs. 10101-10270)). Las reformas de ese año establecieron que el DOE señalara las características de un sitio específico, localizado en la Montaña Yucca, Nevada, para determinar si tal sitio es adecuado para la eliminación de residuos nucleares. Asimismo, las reformas incrementaron los incentivos para los estados y comunidades indígenas que aceptaran instalaciones provisionales de almacenamiento recuperables, establecieron la Junta Técnica de Revisión de Desechos Nucleares (Nuclear Waste Technical Review Board), así como la Oficina de Negociaciones en Materia de Residuos Nucleares (Office of the Nuclear Waste Negotiator), la cual se encarga de tratar con las entidades federativas y las comunidades indígenas que estén dispuestas a aceptar un lugar de confinamiento o una instalación provisional de almacenamiento recuperable en su territorio.

Residuos radiactivos de bajo nivel. Se define como residuo radiactivo de bajo nivel a cualquier material radiactivo que no constituya un residuo altamente radiactivo, combustible nuclear usado o sustancias derivadas (Código, título 42, sec. 2021b(9)). De acuerdo con la Ley de Políticas sobre Residuos Radiactivos de Bajo Nivel (Low-Level Radioactive Waste Policy Amendments Act) de 1980 (Código, título 42, secs. 2021b-d), la eliminación de residuos radiactivos de bajo nivel es responsabilidad de cada estado (a menos que el residuo lo haya generado una planta de propiedad federal). Se estimula a los estados a crear complejos regionales para la eliminación de sus residuos radiactivos de bajo nivel (Código, título 42, sec. 2021d). Los métodos aceptables de eliminación incluyen enterrar los residuos en una instalación autorizada por la NRC, la incineración y la eliminación en el océano cuando se tenga un permiso de la EPA de conformidad con la Ley de Protección, Investigación y Santuarios Marinos de 1972 (Código, título 33, sec. 1412; CFR, título 40, pt. 220). En virtud de que los gobiernos estatales no pudieron asegurar la capacidad para la eliminación de residuos radiactivos de débil energía, la Ley de 1980 se reformó en 1985, mediante la Ley de Reformas a las Políticas sobre Residuos Radiactivos de Bajo Nivel (Pub. L. No. 99-240, 99 Stat. 1842 (1986) (incorporada al Código, título 42, sec. 2021b)). Las reformas de 1985 estipularon un calendario más estricto para que las entidades federativas desarrollaran capacidad para la eliminación de residuos y fijaron una serie de medidas para otorgar o retirar incentivos en caso de incumplimiento.

La Ley de Control de Residuos Radiactivos de Uranio (Uranium Mill Tailings Radiation Control Act, UMTRCA) de 1978 (Pub. L. No. 95-604, 92 Stat. 3021, codificada en diferentes artículos del título 42 del Código) se concibió para mantener la estabilización, eliminación y control ambientalmente razonable de desechos radiactivos de refinerías y plantas de procesamiento de uranio activas e inactivas. La ley fija disposiciones para la evaluación y el saneamiento de sitios con desechos de este tipo, así como la regulación de los residuos radiactivos generados durante la operación de instalaciones activas. La Comisión de Regulación Nuclear tiene la facultad de expedir licencias para la apertura de plantas y aplicar los requisitos técnicos y de otra índole, que deben cumplir con las normas sobre contaminantes radiactivos establecidas por la EPA (CFR, título 40, pt. 192 (normas de la EPA); CFR, título 10, pt. 40, app. A (criterios de la NRC para expedir licencias a los operadores de plantas de uranio)).

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21.6.3 Limitaciones a la responsabilidad en caso de accidentes nucleares

 

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La Ley Price-Anderson reformó la Ley de Energía Atómica con objeto de limitar la responsabilidad por "accidentes" nucleares (Código, título 42, sec. 2210). Originalmente, el límite de responsabilidad era de 560 millones de dólares, pero aumentó a partir de 1988 y está vinculado a una prima retroactiva que se paga por tener en marcha una instalación nuclear. El aspecto de cuándo imponer responsabilidad por actividades relacionadas con el envío, transporte, uso y eliminación de material nuclear recae aún en la autoridad del derecho consuetudinario estatal. VéaseSilkwood v. Kerr-McGee Corp. , 485 F. Supp. 566 (W.D. Oklahoma 1979) confirmada y revisada parcialmente, 667, F.2d 908 (10th Cir. 1982). Véase el apartado 4.2: Derechos y responsabilidades generales en materia ambiental.

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21.7 Fuentes de energía renovables o alternativas: solar, biomasa, geotérmica, mareomotriz

 

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La crisis energética de los años setenta contribuyó al surgimiento de una serie de esfuerzos del gobierno federal para diversificar los recursos energéticos del país, al promover fuentes de energía alternas y renovables. Estos esfuerzos siguieron dos estrategias principales: crear un mercado para la energía alternativa u ofrecer incentivos fiscales. Éste es el alcance de las disposiciones federales para casi todas las fuentes alternativas de energía, con excepción de las fuentes geotérmicas.

Creación de mercado para la energía alternativa. La Ley de Políticas Reguladoras del Sector Energético (Public Utilities Regulatory Policies Act, PURPA) de 1978 (Pub. L. No. 95-617, 92 Stat. 3133, codificada con sus reformas en el Código, título 42, secs. 6802-6808, así como en diferentes secciones de los títulos 15, 16, 26, 42 y 43 del Código) garantizó un mercado para la energía renovable a pequeña escala al requerir que las centrales eléctricas públicas adquiriesen electricidad producida por instalaciones autorizadas que utilizaran recursos energéticos renovables (incluidas las energías solar, eólica, geotérmica o la de hidroeléctricas pequeñas). Esta ley exentó a las instalaciones autorizadas de muchos de los reglamentos que rigen a la mayoría de las centrales generadoras de energía.

Incentivos fiscales. Ha sido más común la aplicación de incentivos fiscales federales y estatales para los hogares y las empresas que utilicen prácticas de energía alternativa. Los incentivos federales se han eliminado gradualmente; hoy sólo hay un crédito fiscal de 10 por ciento para las empresas que utilicen energía solar y geotérmica. Las leyes estatales siguieron esta línea y más de la mitad de las entidades federativas han promulgado en diversas épocas algún tipo de incentivo por el uso de energía solar.

Acceso a los recursos geotérmicos. Conforme a la Ley de Vapor Geotérmico (Geothermal Steam Act) de 1970 (Pub. L. No. 91-581, 84 Stat.1566, codificada con sus reformas en el Código, título 30, secs. 1001-1027), el gobierno federal cuenta con facultades administrativas sobre los recursos geotérmicos en tierras federales (véase United States v. Union Oil Co., 549 F. 2d, 1271 (9th Cir. 1977)). El acceso a los recursos geotérmicos en terrenos estatales o privados se rige por lo general por el derecho consuetudinario de los estados o por normas escritas, las que presentan importantes variaciones de un estado a otro. La Ley de Desarrollo y Prácticas de Investigación de la Energía Geotérmica (Geothermal Energy Research Development and Demonstration Act) de 1974 (Código, título 30, secs. 1101-1164) impulsa la identificación y el desarrollo de recursos energéticos geotérmicos mediante una serie de proyectos de prácticas, asistencia técnica, garantías de crédito y fondos federales. Véase también la Ley de Energía Geotérmica (Geothermal Energy Act) de 1980 (Pub. L. No. 96-294, 94 Stat. 763, codificada en diversas secciones de los títulos 16 y 30 del Código); las reformas de 1988 a la Ley de Vapor Geotérmico (Pub. L. No. 100-443, 102 Stat. 1766 (1988), codificadas en secciones dispersas del título 30 del Código).

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2003