Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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22 Transporte

 

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22.1 Instituciones con autoridad en materia de transporte

 

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El Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) es responsable de establecer las políticas y las normas en materia de transporte y embarques en territorio estadounidense. El Congreso ha reconocido que una política integral de transporte enriquece los intereses nacionales al lograr la eficiencia en el movimiento de personas y bienes, al tiempo que se disminuyen los efectos negativos del consumo de combustibles y la contaminación atmosférica (Código de Estados Unidos, título 49, sec. 5301(a)).

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Congreso ha facultado al DOT para que: (1) reglamente los medios de transporte; (2) fomente el transporte seguro, eficiente y económico; (3) impulse tarifas razonables de transporte al promover la competencia, y (4) coopere con los estados en la formulación e instrumentación de políticas de transporte estatales (Código, título 49, sec. 10101). Además de fomentar la conservación de la energía, el DOT cuenta con disposiciones separadas, pero similares, para el transporte ferroviario (Código, título 49, sec. 10101a(15)). Al amparo de la autoridad del Departamento de Transporte, la Guardia Costera ha establecido políticas específicas congruentes con los objetivos más amplios del DOT (véase Código, título 14, sec. 691).

Como reflejo de los esfuerzos del Congreso por integrar las actividades del DOT con la política nacional ambiental, el ministro de Transporte debe consultar con los titulares del Interior, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Agricultura, así como con los estados, en la elaboración de programas de transporte. Estos programas deben incluir actividades para preservar y mejorar la belleza natural de tierras afectadas por proyectos del DOT (Código, título 49, sec. 303(a), (b)). En todo programa al que dé inicio, el Departamento debe realizar "esfuerzos especiales para preservar la belleza natural del campo, los parques públicos y los lugares recreativos, los refugios para la vida silvestre y aves acuáticas, así como los "activos" históricos y culturales de importancia..." (Código, título 49, sec. 5301(e)). Con pocas excepciones, el ministro puede aprobar un proyecto que comprenda tierras públicas o de relevancia cultural sólo si (1) no es viable dar otro uso al sitio en cuestión y (2) el proyecto comprende todas las medidas posibles para minimizar los daños a la zona que resulten de su utilización (Código, título 49, sec. 303(c)).

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22.2 Políticas de transporte público

 

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En congruencia con los objetivos ambientales de mayor alcance del DOT, el Congreso ha reconocido la importancia de impulsar el desarrollo, mejoramiento y uso de sistemas de transporte público masivo en carreteras construidas con fondos federales (Código, título 23, sec. 142(a)(1)). Por "transporte masivo" se entiende cualquier medio regular de transporte público sin contar los autobuses escolares, de flete o panorámicos (Código, título 49, sec. 5302(a)(7)). Aumentar la eficiencia del transporte público contribuye a elevar los intereses nacionales al reducir los efectos negativos derivados del consumo de combustibles y de la contaminación atmosférica (Código, título 49, sec. 5301(a)). El transporte masivo público en las áreas urbanas y rurales es también una prioridad (Código, título 49, sec. 5301(b)). Puede destinarse asistencia financiera a los gobiernos estatales y locales a fin de que desarrollen sus propios sistemas de transporte masivo público o a cargo de particulares. El DOT puede aprobar la construcción de carriles preferentes para vehículos de transporte masivo en sistemas subvencionados por el gobierno federal (Código, título 23, sec. 142(a)(1) y 142 (b)). El Departamento de Transporte puede también aprobar modificaciones a los actuales sistemas de autopistas a fin de dar cabida a otros medios de transporte, como un carril de alta velocidad, sistemas de levitación magnética e instalaciones de transporte masivo público, siempre y cuando tales cambios no pongan en riesgo la seguridad de los automovilistas (Código, título 23, sec. 142(c), (f)). A fin de ahorrar combustible, disminuir la congestión del tráfico, reducir la contaminación atmosférica y promover el uso de autopistas, el DOT puede autorizar proyectos que fomenten los acuerdos entre varias personas para compartir por turnos sus automóviles, incluidos carriles y estacionamientos preferenciales (Código, título 23, sec. 146(a)).

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22.3 Normas de eficiencia energética para automóviles y otros vehículos

 

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La Ley del Impuesto a la Energía (Energy Tax Act) de 1978 (Código, título 26, sec. 4064) establece un impuesto al consumo que va de 1,000 hasta 7,500 dólares a los automóviles con rendimiento inferior a 22.5 millas por galón (CFR, título 26, sec. 48.4064-1). Este impuesto se basa en el rendimiento calculado del combustible según el tipo del modelo del auto. Asimismo, esta ley establece una norma de Ahorro Empresarial de Combustible (Corporate Average Fuel Economy, CAFE) de 27.5 millas por galón sobre todas las flotillas empresariales de más de diez automóviles y de 20.7 millas por galón para camionetas ligeras (incluidas vans y camionetas familiares deportivas). El incumplimiento de esta norma se sanciona con multas civiles que van de acuerdo con el nivel de incumplimiento y el número de vehículos que componen la flotilla (Código, título 49, secs. 32901-32919, 2008). En una sentencia dictada (mas no ejecutada) el 29 de septiembre de 1994, un panel de expertos en comercio concluyó que las normas CAFE infringen el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), pues tal ley obliga a las empresas automovilísticas a realizar cálculos CAFE de los automóviles que fabriquen en el país y de aquellos que fabriquen en el extranjero. Véanse el informe del grupo: United States-Taxes on Automobiles (1994) y el apartado 21.2: Consumo y eficiencia energética.

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22.4 Contaminación del agua por embarcaciones

 

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Véanse también los apartados 22.5: Transporte de materiales peligrosos, y 25.6: Acuerdos sobre contaminación y conservación de los Mares.

La Ley para Prevenir la Contaminación Causada por Buques (Act to Prevent Pollution from Ships) (Código, título 33, secs. 1901-1912) es el ordenamiento principal que rige la contaminación provocada por embarcaciones de altura. La ley instrumenta la Convención Internacional de 1973 para Prevenir la Contaminación Causada por Buques, anexo I (contaminación petrolera), anexo II (sustancias nocivas) y anexo V (basura), así como el Protocolo de 1978 de la Convención (conocido como Protocolo MARPOL). Al amparo del anexo I de la Convención, los buques petroleros de más de 150 toneladas, u otras embarcaciones de más de 400 toneladas, deben adoptar ciertas normas de seguridad, equipo y condiciones de navegación. El anexo II, por su parte, establece otras normas y requisitos para embarcaciones que transporten sustancias nocivas a granel. De acuerdo con esta ley, la Guardia Costera es responsable de revisar y certificar que los barcos estadounidenses cumplan con los requisitos aplicables (Código, título 33, sec. 1904). La Guardia Costera es también responsable de certificar que las instalaciones de recepción de desechos en los puertos y las terminales cumplan con los requisitos señalados en los anexos I, II y V de la Convención (Código, título 33, sec. 1905). La Convención y dicha ley estipulan, además, la presentación inmediata de informes sobre todo tipo de descargas no autorizadas de petróleo u otras sustancias (Convención, artículo 8; Protocolo I; Código, título 33, sec. 1906). Las infracciones a la Convención o a la ley dan lugar a multas civiles de hasta 25,000 dólares por cada día de infracción. Realizar declaraciones falsas se sanciona con multas de hasta 5,000 dólares, y las infracciones intencionales pueden dar lugar a sanciones penales por delito grave. Código, título 33, sec. 1908.

La Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 prohíbe el uso de buques petroleros de casco sencillo a partir del 2015 en aguas de jurisdicción estadounidense (Código, título 46, sec. 3707a). Mientras tanto, la Guardia Costera ha promulgado reglamentos para asegurar la operación segura de los actuales buques tanque petroleros (véase CFR, título 33, pt. 157).

La Ley de Control de Pinturas Antiincrustantes Organoestánnicas (Organotin Antifouling Paint Control Act) de 1988 (Código, título 33, secs. 2401-2410) prohíbe el uso de algunas pinturas en los cascos de ciertas embarcaciones. Las pinturas antiincrustantes que contienen compuestos de estaño se emplean para eliminar lapas y otros crustáceos que de otra manera se pegarían a los barcos. Considerando que dichos compuestos producen graves efectos tóxicos sobre todos los organismos acuáticos, el Congreso prohibió su uso en embarcaciones de menos de 25 metros de longitud (Código, título 33, sec. 2403). Asimismo, no está permitido vender pintura antiincrustante sin la certificación de la EPA.

La Ley contra Descargas de Desechos Médicos de Embarcaciones Públicas (Public Vessel Medical Waste Anti-Dumping Act) de 1988 (Código, título 33, secs. 2501-2504) prohíbe a toda embarcación propiedad del gobierno o por él operada, incluidos los buques militares, el vertimiento de desechos médicos en el mar (Código, título 33, sec. 2503).

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22.5 Transporte de materiales peligrosos

 

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Véase también el apartado 14: Emergencias ambientales.

Transportistas de residuos peligrosos. De acuerdo con la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) de 1976 (Código, título 42, secs. 6901-6991i), los transportistas de residuos peligrosos sólo pueden aceptarlos si van acompañados de un manifiesto de residuos peligrosos debidamente requisitado. El transportista debe firmar y devolver este manifiesto al generador antes de abandonar el inmueble y está obligado a obtener la firma del dueño o el operador de la planta de eliminación o, en ciertos casos, del siguiente transportista; debe guardar los manifiestos durante tres años, y debe entregar los residuos en la instalación o la planta alterna designada por el generador en el manifiesto. En el caso de descargas o derrames durante el transporte, el transportista debe notificarlo al Centro Nacional de Respuesta, presentar un informe escrito ante la Oficina de Reglamentación de Materiales Peligrosos (Office of Hazardous Materials Regulations) del Departamento de Transporte (véase CFR, título 49, sec. 171.16) o notificar a la Guardia Costera, según se establece en el CFR, título 33, sec. 153.203.

Transporte de residuos sólidos en aguas costeras. La Ley de Protección de las Costas (Shore Protection Act) de 1988 (Código, título 33, secs. 2601-2623) prohíbe el transporte de residuos sólidos municipales o comerciales sin el permiso del Departamento de Transporte (DOT) (CFR, título 33, pt. 151). La Ley requiere también que se tomen precauciones razonables durante la carga, aseguramiento y descarga de residuos municipales o comerciales, y obliga a la limpieza de desechos depositados en aguas costeras. El ministro de Transporte tiene autorización para revisar embarcaciones que transporten residuos y negar la entrada a cualquier lugar de Estados Unidos sin el permiso requerido (Código, título 33, sec. 2605). La falta de dicho permiso se sanciona con multa de hasta 10,000 dólares por día de infracción. Las sanciones civiles pueden llegar hasta los 25,000 dólares diarios, y se pueden aplicar para otras violaciones de esta Ley (Código, título 33, sec. 2609). La Ley de Protección de las Costas se aplica igualmente a las embarcaciones extranjeras, si así lo permite el derecho internacional (Código, título 33, sec. 2622).

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2003