Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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24 Otros aspectos ambientales nacionales

 

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24.1 Biotecnología

 

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No se ha promulgado una ley ambiental federal que regule específicamente la biotecnología o particularmente la emisión de organismos sometidos a ingeniería biogenética. Ciertas dependencias, entre otras la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), la Administración de Alimentos y Fármacos (Food and Drug Administration, FDA) y el Departamento de Agricultura (Department of Agriculture, USDA), podrían tener competencia sobre diferentes aspectos de la biotecnología según otras leyes de aplicación más general.

Oficina de Protección Ambiental de Estados Unidos. En una declaración de políticas en 1986, la EPA estableció que los productos sometidos a ingeniería biogenética fueran incluidos entre las sustancias reguladas por la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA) (Código de Estados Unidos, título 7, secs. 136-136y) y, en lo que concernía a la recopilación de información, en la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) (Código, título 15, secs. 2601-2629). Asimismo, la EPA anunció la creación de un comité científico consultivo con el fin de "realizar revisiones por parte de científicos sobre productos presentados a la EPA al amparo de la TSCA, la FIFRA y otras leyes emanadas de la EPA, así como la supervisión científica de los programas biotecnológicos de dicha agencia". Declaración de políticas: Productos microbianos sujetos a la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, y a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, 51 Fed. Reg. 23,313 (1986); Subcomité de Investigaciones y Supervisión, Comité del Congreso sobre Ciencia y Tecnología, "Informe de Asuntos en la Regulación Federal de la Biotecnología: de la investigación a la publicación" (Subcommittee on Investigations and Oversight, House Committee on Science and Technology, Report on Issues in the Federal Regulation of Biotechnology: from Research to Release), 99th Cong., 2nd Sess. (1986). Véase también el capítulo 11: Sustancias y productos químicos. Por otra parte, en algunas circunstancias los organismos sometidos a la bioingeniería deben cumplir en algunos casos con normas federales de la Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA), la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA), la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resources Conservation and Recovery Act, RCRA) o la Ley Nacional de Políticas Ambientales (National Environmental Policy Act, NEPA). Véase Foundation on Economic Trends v. Hecckler, 756 F.2d 143 (DC Cir. 1985) (aplicación de la NEPA a organismos sometidos a ingeniería biogenética).

Oficina de Administración de Alimentos y Fármacos. La Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos (Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FFDCA) puede requerir el etiquetado de algunos productos sometidos a ingeniería biogenética que contengan alergénicos o modifiquen el valor nutricional de un alimento. Además puede llegar a exigir la revisión previa a la comercialización de un producto que contenga sustancias que no se encuentren de manera natural en el alimento. Sin embargo, la regulación de la biotecnología por parte de esta oficina se ve limitada, ya que ésta no se encuentra interesada en el proceso por el que se elabora un alimento. Por otra parte, la ingeniería biogenética por lo general no modifica la estructura genética de un alimento, de tal manera que la FFDCA no la ha regulado como un aditivo de los alimentos. (Véase Código, título 21, sec.348.)

Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Este Departamento administra diferentes programas para el combate de especies exóticas o extranjeras de plantas, bacterias y otras plagas que pueden dañar la agricultura nacional. Estas disposiciones por lo regular se aplican a la introducción al país de organismos sometidos a ingeniería biogenética. Véanse Ley de Cuarentena Vegetal (Plant Quarantine Act) (Código, título 7, secs. 151-164, 166, 167); la Ley Federal sobre Plagas Vegetales (Federal Plant Pest Act) (Código, título 7, secs. 150aa-150jj); la Ley de Toxinas de Virus-Suero (Virus-Serum Toxin Act) (Código, título 21, arts. 151-159), y la Ley Federal de Maleza Nociva (Federal Noxious Weed Act) (Código, título 7, sec. 2801-2813). De acuerdo con la Ley sobre Plagas Vegetales, el Departamento de Agricultura establece que debe notificársele con por lo menos 30 días de anticipación de la salida al mercado de un organismo modificado biogenéticamente que pueda dañar la agricultura del país. Se permite la distribución de todos los organismos, a menos que el Departamento de Agricultura determine que son potencialmente peligrosos para la agricultura interna, en cuyo caso deberá otorgarse un permiso; el trámite para el otorgamiento del permiso incluye una notificación con 60 días de anticipación y un plazo para comentarios de la ciudadanía (CFR, título 7, pte. 340).

Investigación de células germinales

El 9 de agosto de 1991, el Presidente anunció por primera vez la asignación de fondos para la investigación del embriocito humano (célula germinal embrionaria humana). Véase el Stem Cell Research Report for Congress (Informe al Congreso de la Investigación de Células Germinales).

Biotecnología de los alimentos

Son muchos los que critican el uso de la biotecnología en los alimentos, pero en realidad son pocas las estipulaciones que rigen la biotecnología de los alimentos que difieran de las que rigen los alimentos convencionales. Véase el CRS Report: Food Biotechnology in the United States (Informe CRS: Biotecnología de los Alimentos en Estados Unidos).

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24.2 Ruido y vibraciones

 

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La Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA) creó una Oficina de Reducción y Control del Ruido (Office of Noise Abatement and Control) dependiente de la EPA, cuya función fundamental es evaluar los efectos del ruido en la salud humana y el medio ambiente (Código, título 42, sec. 7641).

El principal ordenamiento federal sobre la contaminación por ruido es la Ley de Control del Ruido (Noise Control Act, NCA) de 1972 (Código, título 42, secs. 4901-4918). Esta ley autorizó a la EPA a establecer normas sobre ruido en materia de construcción, transporte, equipo eléctrico o electrónico; motores y maquinarias, vehículos ferroviarios (Código, título 42, sec. 4916; CFR, título 40, sec. 201.1; CFR, título 49, pt. 210), y vehículos automotores (Código, título 42, sec. 4917; CFR, título 40, sec. 202.10; CFR, título 49, sec. 325.1). Las normas deben proteger la salud y bienestar públicos tomando en consideración la magnitud y condiciones de uso del producto, la mejor tecnología disponible y los costos de cumplimiento con las disposiciones aplicables (Código, título 42, sec. 4905, CFR, título 40, pts. 204, 205). Asimismo, la EPA puede exigir el etiquetado de un producto que pudiera emitir niveles peligrosos de ruido (Código, título 42, sec. 4907, CFR, título 40, pt. 211) y certificar como "emisión baja de ruido" a cualquier producto que emita ruido muy por debajo de la norma (Código, título 42, sec. 4914). Estas normas se aplican igualmente a las importaciones (Código, título 42, sec. 4908). La Ley de Control del Ruido contiene disposiciones propias en materia de aplicación (Código, título 42, sec. 4910; revisión judicial, Código, título 42, sec. 4915), y demandas ciudadanas (Código, título 42, sec. 4911). El Departamento de Transporte aplica las normas sobre ruido establecidas para ferrocarriles y vehículos automotores. Los estados pueden regular el uso, funcionamiento o movimiento de cualquier producto, pero sólo están autorizados a expedir normas sobre emisión de ruido idénticas a las normas federales.

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24.3 Contaminación del aire en interiores

 

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El Congreso ha aprobado diferentes reformas a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) que rigen ciertos contaminantes del aire en interiores, principalmente asbesto, radón y plomo. La TSCA exige la inspección, confinamiento y remoción del asbesto de las escuelas (Código, título 15, sec. 2643). La TSCA establece el objetivo a largo plazo para que las concentraciones de radón en interiores sean iguales a las del medio ambiente, e intenta lograr este objetivo mediante una serie de esfuerzos educativos y de capacitación, la elaboración de lineamientos modelo para la construcción, asistencia técnica y programas de asignación de fondos (Código, título 15, secs. 2661-2671). La legislación estatal en este aspecto es cada vez más frecuente; por lo regular, esta legislación requiere determinar la presencia del radón y advertir a los posibles compradores de un predio en el que este gas esté presente. Las disposiciones federales siguen una línea similar respecto a la reducción de los peligros inherentes a la pintura a base de plomo y los suelos contaminados por este elemento. El programa federal incluye capacitación y educación; certificaciones a personas que participen en la eliminación de pinturas a base de plomo, así como un programa para identificar los peligros derivados del plomo (Código, título 15, secs. 2681- 2692).

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24.4 Salud y seguridad laborales

 

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La Ley de Seguridad y Salud Laborales o Ley OSH (Occupational Safety and Health Act), de alcance federal, estipula que los empleados deben mantener un lugar de trabajo seguro y saludable libre de riesgos conocidos que pudieran causar la muerte o lesiones graves (Código, título 29, secs. 651-678; CFR, título 29, pts. 1900 a 1990). La Ley OSH creó la Administración para la Seguridad y la Salud Laborales (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), dependiente del Departamento de Trabajo, con la función principal de salvaguardar la salud y seguridad en los lugares de trabajo. Esta oficina es responsable de establecer normas de salud y seguridad e instrumentar una norma de aviso de peligros. Además, la Ley OSH y los reglamentos que la aplican representan una serie integral de requisitos de registro e informe, así como disposiciones específicas en las que se autorizan las inspecciones y actividades de aplicación de las mismas.

Normas de seguridad y salud laborales. Los patrones están obligados a ofrecer "empleo y un lugar de trabajo libres de peligros conocidos que causen o puedan causar la muerte o lesiones físicas graves" (Código, título 29, sec. 654(a)(1)). Esta cláusula general establece una norma mínima en los casos en los que no se hubiera promulgado una disposición específica. La OSHA está autorizada para expedir normas para centros laborales en cuanto a materiales tóxicos o agentes físicos dañinos, si la exposición a éstos representa un riesgo sustancial para la salud. Las normas deben basarse en pruebas científicas sólidas y ser económicamente factibles (Código, título 29, sec. 655(b)(5)). De acuerdo con esta autoridad, la OSHA ha establecido límites de exposición permisibles (Permissible Exposure Limits, PEL) para ciertas sustancias químicas. Cada PEL es un límite ponderado promedio de ocho horas de exposición (véase CFR, título 29, sec. 1910.1000, Z Tables). La Administración para la Seguridad y la Salud Laborales estableció requisitos adicionales para asbesto (CFR, título 29, sec. 1910.1001); benceno; polvo de algodón; formaldehído (CFR, título 29, sec. 1910.1048); plomo (CFR, título 29, sec.1910.1025) y cloruro de vinilo (CFR, título 29, sec. 1910-1917).

Norma de comunicación de riesgos de la OSHA. La norma de comunicación de riesgos (Hazard Communication Standard, HCS) de la OSHA garantiza que en los centros de trabajo los empleados reciban información útil y fácilmente accesible respecto a peligros. La responsabilidad inicial radica en los fabricantes, importadores o distribuidores de sustancias químicas en cuanto a determinar los peligros que representan sus productos, así como contar con etiquetas adecuadas en los envases y hojas de datos sobre seguridad de los materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) que acompañen sus embarques. La HCS requiere que los patrones etiqueten los envases de químicos peligrosos en el lugar de trabajo; presenten MSDS para cada una de las sustancias químicas peligrosas a las que los empleados pudieran verse expuestos, y ofrezcan información a los empleados, además de programas de capacitación. La HCS se aplica a más de 50,000 químicos inflamables, tóxicos, explosivos o carcinógenos. No existe una lista completa de las sustancias químicas peligrosas elaboradas por la OSHA (CFR, título 29, sec. 1910.1200).

Reglas sobre operaciones con residuos peligrosos y respuesta ante emergencias. Estas disposiciones se aplican a determinadas actividades de limpieza de residuos peligrosos estipuladas en la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), así como a todos los centros de trabajo industriales en donde exista la posible necesidad de responder a una situación de emergencia. Respuesta a una situación de emergencia se define como una actividad en la que participan los empleados fuera de la zona inmediata de descarga o los que no son empleados con respecto a un hecho que pueda resultar en la descarga no controlada de una sustancia peligrosa. Cada una de las instalaciones debe capacitar por lo menos a un empleado a fin de que determine si la liberación de una sustancia peligrosa representa un peligro para la seguridad o la salud. Los patrones están obligados a asegurarse de que sus empleados se encuentran debidamente capacitados y de que se cumplan los requisitos específicos de capacitación (CFR, título 29, sec. 1910.120).

Otras leyes federales. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas, la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) y la Ley de Aire Puro (CAA) también establecen la protección específica de los trabajadores. El artículo 8(c) de la TSCA señala que los fabricantes o procesadores de una sustancia química deben llevar registros de toda reacción negativa e importante a la salud o al ambiente que se suponga haya sido causada por una sustancia química o una mezcla de sustancias. Los registros sobre efectos negativos en la salud de los empleados deben conservarse durante 30 años, en tanto que los de otros efectos negativos deben conservarse durante cinco años (Código, título 15, sec. 2607; CFR, título 40, pt. 717). Los fabricantes de sustancias químicas deben elaborar además un programa de comunicación de riesgos para el caso en que se dé un uso nuevo importante a las sustancias químicas (CFR, título 40, sec. 721.72). De acuerdo con la FIFRA, la EPA ha establecido normas mínimas de protección a los agricultores que laboren en campos rociados con plaguicidas (CFR, título 40, pt. 170). En las reformas de 1990 a la Ley de Aire Puro, el Secretario del Trabajo promulgó una norma de seguridad para el procesamiento de sustancias químicas concebida para proteger a los empleados contra descargas accidentales de "sustancias químicas altamente peligrosas". Estas disposiciones cubren la evaluación del peligro, los procedimientos de seguridad e información, la capacitación y procedimientos de investigación de accidentes.

Entidades federativas. Algunos estados cuentan con leyes y reglamentos para la protección de la salud y seguridad laboral de sus trabajadores.

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24.5 Instrumentos económicos de protección ambiental

 

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El gobierno federal utiliza una serie muy amplia de instrumentos económicos para proteger el ambiente, como derechos, impuestos y deducciones fiscales.

Derechos de usuario y permisos. Existe una extensa gama de derechos federales destinados a recuperar los costos razonables relacionados con ciertas actividades. Por ejemplo, la CAA autoriza el cobro de derechos por la certificación, monitoreo y realización de pruebas a vehículos automotores a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables (Código, título 42, sec. 7552).

Impuestos. El gobierno federal ha establecido una serie de impuestos encaminados a desalentar las actividades que dañen el ambiente, como son: impuesto al petróleo; impuesto a la fabricación o venta de ciertas sustancias químicas y a diversas sustancias importadas; impuesto a las sustancias químicas agotadoras de la capa de ozono a la venta, utilizadas o importadas a Estados Unidos (Código, título 26, secs. 4681-4682); impuesto especial sobre automóviles de baja eficiencia, e impuesto a la excavación carbonífera.

Impuesto al petróleo. El gobierno federal grava todo el petróleo crudo que se reciba en una refinería de Estados Unidos, todo el petróleo crudo interno utilizado o exportado desde Estados Unidos, así como los productos de petróleo que entren en el país para consumo, uso o almacenamiento (Código, título 26, secs. 4611-4612). El impuesto es de 14.7 centavos de dólar por barril y los ingresos recaudados se destinan al Superfondo para Sustancias Peligrosas (Hazardous Substances Superfund) y al Fideicomiso para la Responsabilidad por Derrames de Petróleo (Oil Spill Liability Trust Fund) que se describen en el capítulo 13.

Impuesto sobre ciertas sustancias químicas y sustancias importadas. El gobierno federal grava un impuesto por tonelada (de hasta $4.87 dólares) sobre ciertas sustancias químicas listadas (Código, título 26, secs. 4661-4662). Se cobra un impuesto similar sobre algunas sustancias que los importadores vendan o utilicen (Código, título 26, secs. 4671-4672). Los ingresos recaudados por este impuesto se canalizan al Superfondo para Sustancias Peligrosas descrito en el capítulo 13.

Impuesto sobre sustancias químicas agotadoras de la capa de ozono. Este impuesto (Código, título 26, secs. 4681-4682) grava toda sustancia química agotadora de la capa de ozono clasificada como tal que sea vendida o empleada en Estados Unidos por los fabricantes, productores o importadores. El impuesto se grava en proporción al efecto de la sustancia en la capa de ozono.

Impuesto especial sobre vehículos de baja eficiencia. La Ley del Impuesto a la Energía (Energy Tax Act) de 1978, Código, título 26, sec. 4064, establece un impuesto especial de entre $1,000 y $7,500 dólares sobre automóviles con rendimientos menores a 22.5 millas por galón. El impuesto se basa en el rendimiento calculado del combustible de acuerdo con el modelo de automóvil. En una decisión reciente, un panel del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) determinó que la aplicación de esta medida a automóviles importados no infringía las normas del comercio. Véase el capítulo 22: Transporte.

Derechos y fondo de recuperación. De acuerdo con la Ley de Control y Recuperación de la Minería a Cielo Abierto de 1977 (Surface Mining Control and Reclamation Act, SMCRA) (Pub. L. No. 95-87, 91 Stat. 445, codificada en su versión reformada en diversas secciones del título 30 del Código), todos los operadores de minas de carbón están obligados a pagar una cuota de recuperación de 10 a 35 centavos de dólar por tonelada según el tipo de carbón y de si se extrae del subsuelo o de la superficie (Código, título 30, sec. 1232(a)). Los ingresos recaudados pueden destinarse a la recuperación y restauración de terrenos y recursos hidráulicos que se hubieran visto afectados de manera adversa por las actividades mineras, entre otros objetivos (Código, título 30, sec. 1231). La recaudación fiscal es de aproximadamente 240 millones de dólares al año, de los cuales 190 millones se destinan a la restauración ambiental a través del Fideicomiso para Terrenos Mineros Abandonados (Abandoned Mine Lands Fund). Véase el capítulo 18: Minería.

Deducciones fiscales. El sistema fiscal federal permite deducciones que representan incentivos ambientales tanto positivos como negativos.

Donaciones. De acuerdo con el Código Fiscal (Internal Revenue Code, IRC), un contribuyente puede deducir de su ingreso gravable el valor de sus aportaciones autorizadas (Código, título 26, sec. 170). Como consecuencia en parte de esta deducción fiscal, las donaciones individuales representan una de las principales fuentes de ingreso para muchas organizaciones no lucrativas y no gubernamentales, incluidas las organizaciones ambientales.

Servidumbres de conservación. Las disposiciones sobre donaciones previstas en el IRC incluyen una deducción por la contribución de terrenos a una organización conservacionista. Esta disposición apoya la donación de servidumbres de conservación a fideicomisos de tierras y otras organizaciones de interés público (Código, título 26, sec. 170(h)). La servidumbre es un derecho legal para controlar ciertos usos de un predio; la servidumbre de conservación otorga al tenedor de la misma el derecho a restringir o prohibir el aprovechamiento futuro de un predio, si bien el propietario original puede continuar utilizándolo en cierta forma. Los fideicomisos de tierras pueden transferir un predio a una dependencia gubernamental, o bien, administrarlo según los objetivos de una donación. En algunos estados, especialmente en Oregon, se han hecho extensivos conceptos similares a los derechos sobre aguas.

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24.6 Compras gubernamentales

 

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Las políticas de adquisición seguidas por el gobierno federal están determinadas en gran medida por las diferentes dependencias; sin embargo, algunas órdenes ejecutivas y disposiciones legales han establecido restricciones específicas relacionadas con el medio ambiente. En especial, la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos (Solid Waste Disposal Act, SWDA) exige que el gobierno federal expida lineamientos para adquisiciones que requieran que éste compre artículos que contengan un mayor porcentaje de materiales recuperados, a menos que dichos materiales no estén fácilmente disponibles, se encuentren sólo a precios demasiado elevados o no cumplan con las normas de rendimiento establecidas (Código, título 42, sec. 6962(c)). Asimismo, se exige que el gobierno expida un programa afirmativo de adquisiciones con el fin de garantizar que se adquieran preferentemente los artículos con mayores porcentajes de material recuperado (Código, título 42, sec. 6962(i), véase Federal Acquisition, Recycling, and Waste Prevention (Adquisiciones federales, reciclaje y disminución de residuos), orden del ejecutivo 12,873, 29 Wkly. Comp. Pres. 2115 (20 de octubre de 1993)).

Por otra parte, diversas leyes ambientales restringen los contratos de adquisiciones gubernamentales. Por ejemplo, las dependencias gubernamentales deben promover los objetivos y políticas de la Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA) en sus decisiones de compra. Se prohíbe además que las dependencias federales celebren contratos de adquisición con individuos que hubieran infringido la CAA, si tal contrato debe cumplirse en las instalaciones que dieron lugar a la infracción y la situación que la causó no se ha subsanado (Código, título 42, sec. 7606). El gobierno federal debe dar preferencia a productos certificados por su baja emisión de ruido (Código, título 42, sec. 4914(e)). Por ejemplo, la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) (Código, título 33, sec. 1368) prohíbe a las dependencias federales celebrar contratos con personas que hubieran cometido un delito bajo tal ley hasta que no se subsane la circunstancia que dio origen a tal delito.

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24.7 Tanques de almacenamiento subterráneo

 

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La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) (Código, título 42, secs. 6901-6992k) regula los tanques de almacenamiento subterráneo (underground storage tanks, UST) que contengan petróleo o sustancias peligrosas contempladas en la CERCLA (Código, título 42, sec. 6991-6991i). El programa UST se aplica a todos los tanques que estén bajo el suelo por lo menos en un 10% y con capacidad superior a 110 galones. Los propietarios de un tanque de almacenamiento subterráneo en funcionamiento a partir del 1 de enero de 1974 tienen la obligación de registrarlo ante la autoridad estatal o local respectiva. El registro debe incluir información sobre la antigüedad, dimensiones, tipo, ubicación y uso de los tanques. Los tanques nuevos deben cumplir con ciertas normas de diseño y rendimiento de reciente promulgación, mientras que los ya existentes se deben actualizar con el fin de cumplir con dichas normas para 1998 (CFR, título 40, secs. 280.20-21). Disposiciones adicionales abarcan la detección e informe de emisiones, procedimientos de llenado y contra derrames, pruebas, mantenimiento de registros, medidas correctivas, cierre y garantías financieras. Ciertas categorías de tanques no están incluidas en esta disposición; por ejemplo, tanques con residuos peligrosos, los cuales se rigen por el subtítulo C de la RCRA; tanques de tratamiento de aguas residuales, regulados por la Ley de Agua Limpia; tanques de uso rural o residencial de menos de 1,100 galones de capacidad de combustible para motores; tanques usados para almacenar petróleo para calefacción de consumo interno; sistemas de recolección de aguas pluviales o residuales; tanques de procesamiento de flujo, y fosas sépticas (CFR, título 40, pt. 280).

La EPA puede expedir una orden administrativa para obligar a los propietarios u operadores de tanques de almacenamiento subterráneo que contengan petróleo a tomar medidas correctivas, o en algunos casos la EPA puede tomar dichas medidas y trasladar el costo respectivo al propietario u operador. Las infracciones a las disposiciones sobre UST se sancionan con multas civiles de hasta 10,000 dólares por día de infracción.

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2003