Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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5 Información sobre el medio ambiente

 

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5.1 Acceso público a la información sobre el medio ambiente

 

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Al amparo de la Ley del Derecho a la Información (Freedom of Information Act, FOIA), todos los registros gubernamentales federales que no pertenezcan a cierta categoría deben estar disponibles al público que los solicite. Los ciudadanos pueden pedir a la dependencia que les proporcione copias de todos los documentos que aborden determinado tema. Los registros exentos de divulgación son, por ejemplo, los relacionados con la seguridad nacional, política exterior, prácticas y archivos internos del personal, secretos comerciales, memoranda entre dependencias, asuntos de cumplimiento con disposiciones en proceso, información delicada de instituciones financieras y cierta información geofísica relacionada con pozos. Las dependencias deben responder a cualquier solicitud en un término de diez días informando al solicitante si se le proporcionará la información y la forma en que éste puede apelar la decisión ante el director de la dependencia o ante un tribunal (Código, título 5, sec. 552).

La Ley de Gobierno Sunshine (Government in Sunshine Act) (Código, título 5, sec. 552b), exige que todas las juntas de las comisiones u otras dependencias formales dirigidas por más de una persona deben estar abiertas al público. Debe darse aviso a la ciudadanía sobre la hora, el lugar y el tema de cualquier junta con por lo menos una semana de anticipación. Las exenciones son similares, aunque no idénticas, a las exenciones de la FOIA. La ley estipula que los ciudadanos puede asistir a las reuniones sólo en calidad de observadores, pero no participar en ellas.

Muchas leyes ambientales federales también establecen de manera específica el acceso del público a la información ambiental. Ejemplos de ello incluyen: (i) un inventario de emisiones tóxicas (véase el apartado 5.2: Requisitos para informes de la industria); (ii) el volumen y la ubicación de las sustancias químicas peligrosas conservadas en un establecimiento (véanse la Ley de Planeación de Contingencias y Derecho Ciudadano a la Información [Emergency Planning and Community Right-to-Know Act] [Código, título 42, sec. 11022], y el apartado 14.2: Intervención en casos de emergencia y protección civil); (iii) los resultados de supervisiones exigidas por la mayoría de los permisos ambientales; (iv) los resultados de ciertos estudios ambientales y de salud pública, por ejemplo, perfiles toxicólogos al amparo de la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act) (Código, título 42, sec. 9604), o ciertos estudios de salud y seguridad presentados en apego a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) (Código, título 15, sec. 2613(b)); o (v) información relacionada con derrames y emisiones accidentales (véase el capítulo 14: Emergencias ambientales). Las entidades del gobierno federal tienen la obligación de revelar el empleo de sustancias químicas tóxicas, las medidas de planeación para casos de emergencia y la información sobre la prevención de la contaminación, según la Orden del Ejecutivo 12856 emitida por el presidente Clinton. Asimismo, diversas leyes exigen la divulgación de tipos específicos de información para proteger a determinada categoría de personas. Véanse el apartado 13.5: Requisitos y restricciones para la transferencia, y la Norma de Comunicación de Riesgos (Hazard Communication Standard), comprendida en la Ley de Seguridad y Salud Laborales (Occupational Safety and Health Act, OSHA), que protege a los trabajadores al exigir la divulgación de la presencia de riesgos químicos; véase también el apartado 24.4: Salud y seguridad laborales.

Asimismo, los gobiernos federal y estatales han realizado importantes esfuerzos para distribuir información. Entre éstos, los números telefónicos en que se da información, bases de datos, informes publicados y recopilaciones de bibliotecas. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) cuenta con una serie de "líneas de emergencia" para responder a preguntas específicas con respecto a las leyes y reglamentos ambientales federales. Por su parte, el Departamento de Salud de Nueva Jersey (New Jersey's Department of Health) tiene disponible en su Red de Derecho a la Información (Right-to-Know-Net) datos de salud y seguridad sobre más de 1,000 sustancias peligrosas. Adicionalmente, el Proyecto de Clasificación de Establecimientos por Sector (Sector Faciliy Indexing Project, SFIP), proyecto piloto desarrollado por la EPA y lanzado en mayo de 1998, contiene una base de datos de cerca de 653 plantas industriales de cinco sectores que incluyen: ensamble de automóviles; manufactura de celulosa; refinación de petróleo; producción de hierro y acero, así como las etapas iniciales de la producción y refinamiento de cobre, zinc, aluminio y plomo. La base de datos pone al alcance del usuario información ambiental sobre cada establecimiento, como el número de inspecciones y otras medidas de cumplimiento y aplicación llevadas a cabo, emisiones de sustancias químicas y derrames. En un proyecto separado, el gobierno federal está en proceso de publicar varios índices ambientales elaborados para dar seguimiento a las tendencias en las condiciones ambientales.

Acceso estatal a las leyes de información. Cada una de las entidades federativas cuenta con una ley de acceso a la información similar a la FOIA.

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5.2 Requisitos para la presentación de informes de la industria

 

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Véase también el apartado 14.1: Requisitos para la notificación y la presentación de informes en situaciones de emergencia.

El gobierno federal ha tomado tres enfoques generales para solicitar a las industrias información ambiental. En primer lugar, casi cada ley o permiso ambiental federal incluye disposiciones específicas en las que se exige la recopilación, presentación al gobierno y divulgación pública de cierta clase de información ambiental con el propósito de que supervise el cumplimiento y la aplicación de las normas ambientales. La mayoría de estos ordenamientos permite a las compañías protegerse de tener que revelar información confidencial de la empresa o secretos comerciales. En segundo lugar, el gobierno federal exige la revelación de una amplia gama de información con el propósito de prepararse y responder a las emergencias. Véase el capítulo 14: Emergencias ambientales.

Por último, el gobierno federal ha promulgado amplias leyes de "derecho a la información" que exigen la revelación de cierta información de rutina, no necesariamente relacionada con la obtención de permisos o la supervisión del cumplimiento de normas ambientales específicas. Destaca, entre otras, el Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxic Release Inventory, TRI). Otros informes de rutina requeridos incluyen los Formularios de Inventario de Emergencia y de Sustancias Químicas Peligrosas (Emergency and Hazardous Chemical Inventory Forms), que se comentan en el apartado 14.2, y el Informe de Reducción y Reciclaje de Sustancias Químicas Tóxicas (Toxic Chemical Reduction and Recycling Report), analizado en el apartado 12.1.

El Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) es una base de datos computarizada que incluye información sobre más de 65,000 plantas industriales en Estados Unidos. El inventario incluye a la mayoría de las industrias manufactureras con más de diez empleados de tiempo completo. Las instalaciones incluidas en la base de datos tienen que informar si en un año fabrican, importan o procesan más de 25,000 libras, (11,340 kilogramos) o utilizan más de 10,000 libras (4536 kilogramos), de ciertas sustancias químicas tóxicas que aparezcan en la lista. Véase Código de Reglamentos Federales, 40, pt. 372. Existen varias excepciones para la presentación de informes al TRI, incluida, por ejemplo, la información comercial secreta, las sustancias químicas empleadas en laboratorios o las sustancias químicas presentes en la estructura del establecimiento o en un bien (Código, título 42, secs. 11023, 11042).

Además de requerir informes industriales de información ambiental, la EPA emitió en 1995 las Políticas sobre auditorías: incentivos para la autovigilancia, que alientan a las entidades reguladas a revelar, declarar y corregir violaciones a requerimientos ambientales. Los incentivos incluyen la eliminación o reducción sustancial del componente de gravedad en sanciones civiles, además de no recomendar el inicio de la acción penal si se cumplen ciertas condiciones, si el infractor voluntariamente revela y corrige de inmediato las violaciones ambientales.

Requisitos estatales para la presentación de informes ambientales. Muchos estados también cuentan con disposiciones para la presentación de informes ambientales. Adicionalmente, los estados comenzaron en 1993 a promulgar leyes ambientales de autoauditoría. Tales leyes permiten sanciones menores, o incluso inmunidad ante los actos de procuración del estado, por violaciones detectadas en auditorías que subsecuentemente se corrijan en forma voluntaria e informen a los reguladores de manera oportuna. Algunos estados consideran los informes de auditoría ambiental como información privilegiada que no puede ser presentada en calidad de prueba en procedimientos legales sobre cumplimiento de leyes ambientales. La diferencia principal entre muchas leyes estatales y las políticas de la EPA son las reglas estatales sobre privilegios. Para la EPA, los informes de auditorías ambientales no son información privilegiada. Sin embargo, dado que las leyes federales de derecho común se aplican en tribunales federales, las leyes estatales sobre privilegios no afectan la habilidad de la EPA para sancionar violaciones ambientales. Además, las leyes estatales de inmunidad tienden a ser más amplias que la políticas de la EPA. Si a esta dependencia no le satisface la aplicación de la ley federal en algún estado, puede llegar a sustituirlo y tomar sus propias acciones de aplicación.

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2003