Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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6 Participación ciudadana

 

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6.1 Participación en la formulación de leyes

 

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Los ciudadanos cuentan con una amplia gama de alternativas para participar en la elaboración de las leyes. Algunas de aquéllas están protegidas de manera explícita por la Constitución, como el derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de hacer peticiones al gobierno. Otras, como el derecho a asistir a juntas abiertas de las comisiones gubernamentales o recibir aviso y tener oportunidad de una audiencia, están protegidas por leyes, aunque a menudo como medio para aplicar las garantías constitucionales. A continuación se comentan varios procesos formales de participación en la elaboración de leyes, incluidos el de notificación y observaciones sobre reglamentos y las iniciativas ciudadanas. También son importantes los métodos de participación informal: escribir o convocar a funcionarios electos, asistir a audiencias públicas, hacer comentarios a reglamentos de dependencias o cabildear sobre una legislación específica.

Notificación y comentarios sobre reglamentos. La Ley de Procedimientos Administrativos (Administrative Procedure Act, APA) rige las dependencias federales en cuanto a la expedición de reglamentos, la emisión de fallos o la provisión de otras opiniones y lineamientos. Al amparo de la APA, cualquier decisión de la dependencia que establezca obligaciones o normas obligatorias para una clase de personas es un "reglamento". La elaboración de reglamentos es de particular importancia en los campos técnicos, como la legislación ambiental, en que tradicionalmente el Congreso ha delegado amplia discreción a las dependencias para que instrumenten disposiciones legales. Aunque con algunas excepciones, la mayoría de los reglamentos administrativos pasan por un proceso de notificación y comentarios. Antes de su adopción, la dependencia debe dar aviso sobre la elaboración del reglamento propuesto en el Federal Register ("Gaceta Federal"). En este aviso se describe el reglamento propuesto y se concede a la ciudadanía un plazo mínimo de 30 días para presentar sus comentarios. Una vez recibidos éstos, la dependencia puede emitir el reglamento definitivo junto con una exposición general de su alcance y objetivos. La dependencia debe tomar en cuenta todos los comentarios sustanciales y a menudo responde a dichos comentarios al emitir el reglamento final. Los reglamentos promulgados por dependencias regulatorias tienen fuerza y efecto de ley. Toda parte interesada que participe en la elaboración del reglamento puede apelar a la legalidad de éste ante los tribunales. Véanse los apartados 1.4: Fuentes y jerarquía del derecho y 1.7: Papel de los tribunales.

Iniciativas ciudadanas. A diferencia del gobierno federal, algunos estados permiten a sus ciudadanos pasar por alto las legislaturas mediante la votación directa de iniciativas. Para conseguir que una iniciativa llegue a las votaciones electorales se requiere que los organizadores reúnan un mínimo de firmas de votantes calificados. Otros estados tienen iniciativas que sencillamente obligan a los legisladores a votar sobre algún asunto y, con frecuencia, basta que consigan suficientes peticiones firmadas.

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6.2 Participación en la aplicación y el cumplimiento

 

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Concesión de permisos. La mayoría de las leyes ambientales proporcionan a la ciudadanía ciertos derechos específicos para participar en los procedimientos relativos a la concesión de permisos. Por ejemplo, la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act, RCRA) (Código, título 42, sec. 6974(b)), exige notificar en un periódico local cualquier permiso propuesto y permitir a los ciudadanos que hagan comentarios y asistan a una audiencia pública.

Decretos de aprobación y arreglos. Varias leyes ambientales contienen procedimientos explícitos que permiten a los ciudadanos revisar y comentar respecto a transacciones de controversias que pueden afectar la salud pública. Por ejemplo, la ciudadanía debe estar informada y recibir la oportunidad de comentar sobre las transacciones bajo las disposiciones de peligros inminentes establecidos en la RCRA (Código, título 42, sec. 6973(d)).

Demandas ciudadanas. Muchas leyes ambientales federales facultan de manera específica a los ciudadanos a exigir una acción civil para que se haga cumplir una ley. Dichas disposiciones para las demandas ciudadanas se establecen en la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) (Código, título 33, sec. 1365), la Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA) (Código, título 42, sec. 300j-8), la Ley de Aire Puro (Clean Air Act, CAA) (Código, título 42, sec. 7604), la RCRA (Código, título 42, sec. 6972) y la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act, CERCLA) (Código, título 42, sec. 9659). Estas demandas ciudadanas por lo general permiten iniciar acciones tanto contra los infractores privados de la ley como contra las dependencias gubernamentales que no han cumplido con sus obligaciones no discrecionales. Dichas demandas ciudadanas no se pueden entablar sin antes dar aviso al demandado con 60 días de anticipación. No está permitido presentar en el tribunal federal demandas privadas contra los estados en relación con el Superfondo, alegando violaciones a la CERCLA. Tampoco se puede iniciar demanda alguna si la EPA o algún estado se encuentra ya prosiguiendo con diligencia una acción civil. Al amparo de la mayoría de las leyes, las multas que se reciben a través de las demandas de ciudadanos se entregan al Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, al amparo de la APA, las multas se pueden destinar a actividades de cumplimiento y aplicación, o aplicarse a "proyectos de mitigación" concebidos para proteger la salud pública o el ambiente (Código, título 42, sec. 7604). En la mayoría de las disposiciones de demandas ciudadanas, el tribunal cuenta con discreción para ordenar que se paguen las costas legales a la parte ganadora. Aún más, de acuerdo con la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia (Equal Access to Justice Act) (Código, título 28, sec. 2412), la parte ganadora en una demanda entablada por la Federación o en contra de ésta puede recibir las costas legales que sean razonables.

Peticiones ciudadanas. La APA otorga a los ciudadanos el derecho a solicitar a una agencia la realización de cierta acción. Sin embargo, diversas leyes ambientales federales contienen lenguaje específico detallando los derechos del ciudadano a presentar la petición de acuerdo con esa ley en particular. Por ejemplo, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act, TSCA) permite a los ciudadanos pedir a la EPA que emita un reglamento sobre una sustancia química específica (Código, título 15, art. 2619). La EPA debe conceder o denegar la petición en 90 días. El solicitante tiene derecho a recurrir a la apelación si se niega su petición. Otro ejemplo sería la RCRA, que permite a una persona solicitar a la EPA que promulgue, enmiende o derogue un reglamento (Código, título 42, art. 6974).

Revisión judicial de la acción de una dependencia. Un gran número de leyes ambientales federales señala específicamente el derecho de los ciudadanos a solicitar la revisión judicial de las acciones de una entidad. Véanse, por ejemplo, la CAA (Código, título 42, sec. 7607), la RCRA (Código, título 42, sec. 6976) y la TSCA (Código, título 15, sec. 2618). En ausencia de procedimientos de revisión específicos, la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) concede a los ciudadanos el derecho general a la revisión judicial de toda acción definitiva de las dependencias que les afecte de manera adversa. Véase el apartado 1.7: Papel de los tribunales.

Aplicación ciudadana de las leyes estatales. Algunas leyes ambientales estatales también otorgan a los ciudadanos el derecho a iniciar acciones para que se apliquen o instrumenten las leyes ambientales. Una de las más enérgicas es la Ley de Protección Ambiental (Environmental Protection Act) de Michigan, anexo de la Ley de Michigan, secs. 14.528(201)-(207), que permite a una persona demandar a otra por requerimiento judicial para proteger el ambiente. Las demandas de derecho común por perjuicio, agravio, violación de derechos de terceros o responsabilidad objetiva también proporcionan un método importante para que los ciudadanos hagan cumplir las normas generales. Véase el apartado 4.2. Muchas disposiciones federales sobre demandas ciudadanas protegen explícitamente los derechos de los ciudadanos a iniciar demandas al amparo de las leyes estatales o el derecho consuetudinario. Véase el apartado 1.3: Gobiernos subnacionales.

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2003