Resumen de derecho ambiental en los Estados Unidos

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9 Protección y gestión de los recursos hidráulicos

 

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9.1 Establecimiento de normas para las descargas en el agua

 

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Los permisos otorgados al amparo de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) deben asegurar el cumplimiento de tres tipos de normas: tecnológicas, de calidad del agua y, en el caso de un pequeño número de compuestos tóxicos, de efectos de las aguas residuales en la salud.

Normas tecnológicas. La CWA emplea tres normas tecnológicas de control de la contaminación del agua. Las mejores tecnologías de control disponibles en la actualidad (best practicable control technology currently available, BPT) establecen normas uniformes en materia de aguas residuales para toda la industria que se aproximan al control promedio logrado con base en la tecnología existente en la industria de que se trate. Las BPT establecen la base nacional inicial aplicable a todas las fuentes industriales de contaminación del agua. La mejor tecnología disponible económicamente alcanzable (best available technology economically achievable, BAT) se aplica básicamente a ciertos contaminantes tóxicos (Código, título 33, sec. 1317), y a contaminantes no convencionales (Código, título 33, sec. 1311(b)(2)(F)). La mejor tecnología de control de contaminantes convencionales (best conventional pollutant control technology, BCT) constituye el segundo nivel de control para los contaminantes convencionales, que incluyen la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, coliformes fecales y pH, e incorpora un instrumento muy estricto de reducción de costos. La mejor tecnología demostrada disponible (best available demonstrated control technology, BACT) conforma la base de las normas de desempeño para nuevas fuentes (new source performance standards, NSPS). La BACT incorpora el "mayor nivel de reducción de aguas residuales disponible", que se establece de acuerdo con diversas categorías de actividades industriales y agrícolas (Código, título 33, sec. 1316).

Normas para la calidad del agua. Los permisos deben garantizar el cumplimiento de todas las normas estatales para la calidad del agua. Los estados deben clasificar todas las aguas estatales de acuerdo con los usos específicos y a partir de ahí establecer una norma de calidad de las aguas para proteger ese uso. Una vez establecida la norma, se deben incluir limitaciones para asegurar el cumplimiento de las normas. El papel federal se limita a revisar las normas o crear normas suplentes para estados que no llegan a cumplir con los requisitos federales mínimos (Código, título 33. sec. 1313; CFR, título 40, pt. 131). La Agencia de Protección Ambiental (EPA) también tiene, aunque la ha ejercido muy poco, la autoridad para imponer limitaciones más estrictas para la calidad del agua cuando sea necesario para alcanzar el objetivo nacional de aguas donde se pueda nadar y pescar.

Normas de salud. En caso de que las normas de la BAT no sean suficientes para alcanzar un "margen amplio de seguridad" de protección del ambiente y la salud pública ante ciertos contaminantes tóxicos, la EPA tiene la autoridad de emitir normas para efluentes contaminantes tóxicos (Código, título 33, sec. 1317). Al establecer dichas normas, la dependencia no considera factores económicos. Ya se establecieron normas de efluentes contaminantes tóxicos para seis sustancias químicas: aldrina, DDT y compuestos derivados, endrina, toxafeno, benzidina y bifenilos policlorados (CFR, título 40, pt. 129).

Normas estatales. Los estados tienen el derecho explícito para aplicar normas de calidad del agua o limitaciones más estrictas que las requeridas por la legislación federal (Código, título 33, sec. 1370). La mayoría de los estados ha promulgado leyes y reglamentos estatales e independientes para controlar la contaminación del agua. Los estados también asumen el papel conductor en el establecimiento de normas de calidad del agua, que forman la base tanto para el Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES) como para los permisos estatales. Los estados deben tener la oportunidad de revisar las licencias federales antes de que se expidan, pues podría haber descargas en sus aguas navegables. El estado puede oponerse a la licencia si su norma no se va a cumplir (Código, título 33, sec. 1342).

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9.2 Fuentes fijas

 

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Permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES). La Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA) prohíbe a toda persona la descarga de contaminantes en aguas navegables desde fuentes fijas sin permiso del NPDES (Código, título 33, sec. 1342; CFR, título 40, pt. 122). El permiso del NPDES es un instrumento regulatorio para convertir las normas generales descritas en el apartado 9.1 en limitaciones específicas sobre aguas residuales aplicables a generadores de contaminantes específicos. La definición de "fuente fija" es muy amplia, de modo que incluye cualquier "conducción discernible, confinada y discreta", lo cual comprende, por ejemplo, toda tubería, dique, canal, túnel, conducto, pozo o contenedor del cual se descarguen o se puedan descargar contaminantes. Las "aguas navegables" se han definido con la generalidad suficiente para incluir prácticamente todo cuerpo de agua superficial del país que se use o se pueda emplear en el comercio exterior o interestatal, incluidos los pantanos (Código, título 33, sec. 1362(7)); CFR, título 40, sec. 122.2).

Excepciones al NPDES. La definición de fuente fija excluye de manera expresa las descargas de aguas pluviales o corrientes de reflujo de la agricultura (Código, título 33, sec. 1362(14)). Otras excepciones a los requisitos para obtener un permiso del NPDES incluyen las descargas rutinarias de los barcos; casi todas las descargas de material de dragado o relleno, que son reguladas por la sección 6406 de la CWA (véase el apartado 9.7: Protección de los ecosistemas de agua dulce); las descargas indirectas a plantas públicas de tratamiento (publicly owned treatment works, POTW), que están reguladas por normas de tratamiento previo; las descargas en cumplimiento de ciertas medidas de respuesta a emergencia, y las descargas en plantas *de tratamiento de propiedad privada (CFR, título 40, sec. 122.3).

Plantas públicas de tratamiento y aguas residuales municipales. El sistema de permisos del NPDES sólo se aplica a descargas directas en aguas navegables. Las descargas a POTW no requieren permiso del NPDES, pero aún así deben cumplir con normas de tratamiento previo para evitar que los contaminantes interfieran con el funcionamiento de las POTW (Código, título 33, sec. 1317; CFR, título 40, pt. 403). Si cuenta con un programa aprobado por el NPDES, un estado puede asumir la responsabilidad del programa local de tratamiento previo (CFR, título 40, pt. 403).

Desviaciones. Los generadores de contaminantes pueden solicitar una aprobación para desviarse de directrices o normas federales sobre efluentes si son capaces de demostrar que en la planta hay factores técnicos o económicos fundamentalmente distintos a los que subyacen a las normas de la EPA en materia de aguas residuales (Código, título 33. sec. 1311(n)). Se permiten otras desviaciones para ciertos contaminantes no convencionales como amoníaco, cloro, colorantes, hierro y fenoles totales, si quien los descarga demuestra que dicha acción no dañará el abasto público de agua, la propagación de peces y vida silvestre o la salud humana (Código, título 33. Sec. 1311(g)). En la práctica, esta norma es difícil de cumplir. Una disposición similar permite desviarse de la norma BAT aplicable a la contaminación térmica si una planta demuestra que la norma por ella propuesta es más estricta de lo necesario para proteger la vida silvestre y piscícola. Esta desviación la utilizan principalmente las torres de enfriamiento de plantas generadoras de energía (Código, título 33, sec. 1326).

Permisos estatales de calidad del agua. Corresponde a cada estado regular la contaminación del agua en su territorio. A veces esto crea un sistema doble de otorgamiento de permisos, obligando a cada establecimiento a obtener un permiso federal del NPDES y un permiso estatal de descarga. Los estados también pueden obtener la aprobación de la EPA para los sistemas de otorgamiento de permisos estatales, para así poder ellos mismos administrar el programa del NPDES. En tales casos, un permiso emitido por el gobierno del estado cumple los requisitos tanto del estado como los federales (Código, título 33, sec. 1342(a)(5)).

Ley de Ríos y Puertos. De acuerdo con la Ley de Ríos y Puertos, también está prohibido depositar residuos en aguas navegables, a menos que se obtenga un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Código, título 33, sec. 407).

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9.3 Fuentes móviles

 

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Véanse también los capítulos 19: Agricultura y 15: Planeación del uso de las tierras privadas y su manejo.

Las fuentes móviles de contaminación del agua (por ejemplo, escurrimientos agrícolas y urbanos) se pueden regular ya sea al amparo de la Ley de Agua Limpia (CWA), la Ley de Manejo de Zonas Costeras (Coastal Zone Management Act, CZMA) o programas estatales.

Ley de Agua Limpia. La CWA exige a cada estado identificar: las aguas que no pueden cumplir con normas de calidad sin el control de las fuentes móviles; las categorías de fuentes móviles que contaminan de manera significativa dichas aguas; los métodos usados para determinar las mejores prácticas de manejo (best management practices, BMP) para tales categorías de fuentes móviles, y los programas en vigor encaminados a disminuir la contaminación de fuentes móviles (Código, título 33, sec. 1329). Asimismo, cada estado debe someter a aprobación de la EPA un programa de manejo estatal en el cual se detalle la manera en que el estado se propone reducir la contaminación de fuentes móviles mediante la instrumentación de las mejores prácticas de manejo (Código, título 33, sec. 1329(b)). Aprobados por la EPA la evaluación y el programa, el estado puede obtener del gobierno federal hasta 60 por ciento de los costos para instrumentar el programa (Código, título 33, sec. 1329(h)). La EPA está autorizada para concluir la evaluación y elaborar un programa de administración para el estado que no lo haga (Código, título 33, sec. 1329(d)(3)). En dichos casos, los gobiernos locales pueden recibir directamente fondos federales (Código, título 33, sec. 1329(e)).

Ley de Manejo de Zonas Costeras. Al amparo de esta ley (la CZMA), los estados que deseen seguir recibiendo financiamiento federal total para sus programas de manejo de zonas costeras deben adoptar un programa de control de la contaminación por fuentes costeras móviles. Estos programas intentan promover prácticas de uso de la tierra y un mejor manejo de áreas costeras críticas a fin de detener la degradación de las aguas costeras (Código, título 16, sec. 1455b). Véase el apartado 10.1: Manejo de las costas y restricciones al uso de la tierra.

Programas estatales. Además de cumplir con el mandato federal, varios estados han adoptado sus propios programas para reducir los escurrimientos urbanos y agrícolas.

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9.4 Protección del agua potable

 

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Véase también el capítulo 19: Agricultura.

La Ley de Agua Potable (Safe Drinking Water Act, SDWA) de naturaleza federal, que entró en vigor en 1974 y se reformó en 1986, exige que todos los sistemas públicos de aguas cumplan con ciertos reglamentos nacionales primarios sobre el agua potable (Código, título 42, secs. 300f a 300j-36). La EPA debe establecer normas de salud, denominadas metas de niveles máximos de contaminación (maximum contaminant levels goals, MCLG) para sustancias químicas "que se sabe o se prevé que se puedan hallar" en el suministro público de agua, así como reglamentos sobre niveles máximos de contaminantes (maximum contaminant level, MCL) que sean los más cercanos a las citadas metas en la medida de lo posible en cuanto a viabilidad económica y técnica empleando las mejores prácticas y tecnologías disponibles (Código, título 42, sec. 300g-1). La SDWA, reformada sustancialmente en 1996 (Pub. L. No. 182, 11 Stat. 1613), dispone que para el 2001, y posteriormente cada cinco años, la EPA debe decidir si regula al menos cinco de los contaminantes enumerados en la legislación. El objetivo es regular los contaminantes que representen el mayor riesgo para la salud pública de acuerdo con lo que se determine mediante análisis de evaluación de riesgo y de costo-beneficio. Una vez que se identifica que un contaminante requiere regulación, la EPA debe proponer en un plazo de dos años una meta de nivel máximo de contaminación (MCLG) y un reglamento nacional primario de agua potable que debe estar en vigor en los siguientes 18 meses. Los sistemas públicos de agua deben cumplir con los reglamentos de niveles máximos de contaminantes. La SDWA creó también un programa para eliminar el plomo de los enfriadores de agua en escuelas y otras instalaciones (Código, título 42, secs. 300j-21 a 300j-26).

Estados. Casi todos los estados y territorios están autorizados para administrar la SDWA (Código, título 42, sec. 300g-2). Un estado autorizado puede emitir disposiciones para apartarse de los reglamentos nacionales primarios sobre agua potable si los niveles de fondo de las aguas que entran al sistema público de aguas hacen imposible el cumplimiento de tales reglamentos y el abastecedor ha empleado la mejor tecnología disponible. Asimismo, un sistema público de agua del estado puede quedar exento de los reglamentos nacionales por causas de fuerza mayor, como son factores económicos. Ante tal situación, el estado debe establecer un programa de cumplimiento para el sistema público de agua (Código, título 42, sec. 300g-4(a)).

Fondo revolvente para los estados. Las reformas a la SDWA de 1996 establecieron un fondo revolvente para los estados (state revolving fund, SRF) a fin de poner a disposición de los estados y los sistemas de agua recursos para promover los objetivos de protección de la salud estipulados en la SDWA. Los fondos, otorgados en forma de subvenciones y préstamos blandos, han de emplearse para mejorar la infraestructura, proteger las fuentes de agua, generar capacidad y llevar a cabo programas de certificación de operadores. Para poder recibir un fondo revolvente, los estados deben cumplir 14 criterios establecidos por la EPA, como son aplicar los fondos según un "plan de uso propuesto" y presentar a la EPA un informe bienal y una auditoría anual. La EPA puede retener los fondos de los estados que no hayan desarrollado e instrumentado los programas adecuados de desarrollo de la capacidad. Con objeto de dar amplia flexibilidad a los estados en el desarrollo y la instrumentación de sus programas, los requisitos federales son mínimos.

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9.5 Protección de las aguas subterráneas

 

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Véanse también los capítulos 15: Planeación y gestión del uso de tierras privadas, y 16: Gestión ambiental de tierras públicas.

Entre las leyes federales que protegen las aguas subterráneas figuran la SDWA (Ley de Agua Potable), la RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos) y la CERCLA (Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales). El programa de la SDWA comprende la inyección subterránea y la protección de manantiales y establece un programa de protección de aguas subterráneas estatales. Tal proyecto autoriza a la EPA a otorgar a los estados recursos para desarrollar programas destinados a fomentar la protección de las aguas subterráneas. Los fondos para esos programas ascienden a 15 millones de dólares anuales para los años fiscales 1997-2003.

Control de inyecciones subterráneas. Amparándose en la SDWA, la EPA prohíbe toda inyección subterránea no autorizada (CFR, título 40, sec. 144.11). La EPA exige a los estados la preparación de un programa sobre inyección subterránea, en particular para proteger las reservas de agua potable del subsuelo (Código, título 42, sec. 300h a 300h-7; CFR, título 40, pts. 144-148). Existe un programa especial que regula la inyección de desechos peligrosos de acuerdo con la RCRA (CFR, título 40, pts. 144 y 148). Véase el apartado 12.2: Residuos peligrosos.

Programas de protección de manantiales. La SDWA también estimula a los estados a desarrollar y presentar programas de protección de manantiales destinados a proteger las áreas superficiales y subterráneas alrededor de un manantial o pozo de agua que abastezca a un sistema público de agua (Código, título 42, sec. 300h-7). Los estados que decidan desarrollar programas de protección de manantiales disponen de apoyo financiero por parte del gobierno federal. Existe un programa similar para promover que los estados adopten áreas de protección de mantos acuíferos críticos (CFR, título 40, pt. 149).

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9.6 Cantidad de agua y su uso

 

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Las leyes de los estados suelen regir la mayoría de los aspectos concernientes a la cantidad y el uso del agua. Las dos doctrinas principales relativas a la adquisición del agua son la de uso ribereño, que predomina en el este, y la de apropiación previa, que predomina en el oeste. Varios estados, sobre todo California, aplican un sistema dual que recurre a partes de ambas doctrinas. Originalmente esos sistemas se desarrollaron en el marco del derecho consuetudinario, pero hoy en día la mayoría de los estados han promulgado programas normativos y sistemas de permisos que rigen el uso y la adquisición del agua.

Según la doctrina de uso ribereño, los propietarios de inmuebles contiguos a una corriente de agua pueden hacer un uso razonable de ésta, incluso desviarla para su consumo dentro de la cuenca hidrográfica, siempre y cuando tal uso no interfiera de forma poco razonable con el uso de otros propietarios ribereños. En años de sequía, el agua será distribuida proporcionalmente o compartida entre los usuarios.

En el marco de la doctrina de apropiación previa, la primera persona en desviar agua para usarla en usufructo adquiere el derecho de uso de esas aguas a perpetuidad y en años de sequía no se divide proporcionalmente entre los usuarios; la persona con el mayor número de años con derechos obtiene la cantidad total de agua que siempre ha utilizado. Los propietarios posteriores sólo reciben el agua disponible en un año determinado.

Derechos públicos sobre el agua. Tanto el derecho de uso ribereño como el de apropiación previa pueden estar limitados por el derecho "público" al uso del agua. En primer lugar, las leyes federales pueden predominar sobre las estatales en el uso del agua para ciertos fines, como la regulación y el desarrollo de energía hidroeléctrica (First Iowa Hydroelectric Co-op. v. Federal Power Commission, 328 U.S. 152, 66 S. Ct. 906, 90 L. Ed. 1143 (1946)). Varias leyes federales también preservan caudales fluviales, principalmente la Ley Federal de Ríos Silvestres y Escénicos (Federal Wild and Scenic Rivers Act, FWSRA) (Código, título 16, secs. 1271-1287). En segundo lugar, los derechos de uso privado del agua pueden estar sujetos a servidumbre por navegación, lo que ofrece al público un derecho inherente de circulación en aguas navegables. En tercer lugar, la doctrina de fideicomiso público puede poner un límite a la capacidad de los estados para privatizar ciertas aguas. En algunos, dicha doctrina preserva ciertos derechos públicos, como a la navegación y la pesca en el agua (Illinois Central Railroad Co. v. Illinois, 146 US 387, 13 S. Ct. 110, 36 L. Ed. 1018 (1892)). También puede haber derechos federales reservados sobre el agua de parques nacionales, áreas silvestres y reservaciones indígenas (Winters v. United States, 207 U.S. 564, 28 S. Ct. 755 (1908) (derechos indígenas); Arizona v. California, 376. I-S- 340, 84 S. Ct. 755 (1963)). Finalmente, las leyes de los estados pueden proteger los caudales fluviales ya sea permitiendo a las dependencias del estado a solicitar los derechos sobre ellos o identificando las aguas específicas que deben protegerse.

Distribución de las aguas subterráneas. Los ordenamientos que rigen las aguas subterráneas pueden ser diferentes a los que regulan las superficiales. Cinco doctrinas principales rigen la apropiación de las aguas subterráneas: (1) propiedad de toda el agua subterránea que se pueda extraer, sin importar los efectos en pozos aledaños; (2) la norma de "uso razonable" que autoriza a los propietarios de tierras una "cantidad razonable" de agua subterránea para utilizarla en las tierras bajo las cuales fluye la corriente; (3) una regla que prohíbe todo uso del agua del subsuelo que cause daños poco razonables por disminuir los mantos freáticos, reducir la presión artesiana o afectar de manera considerable el curso de las aguas; (4) la regla de derechos correlativos, aplicada principalmente en California, que asigna la cantidad de aguas subterráneas según el porcentaje de tierra que se posee del total de la tierra por encima del manto acuífero, y (5) la regla de apropiación previa, que concede prioridad de acuerdo con la fecha en que se perforó un pozo.

Oficina de Aprovechamiento Hídrico. La Ley Federal de Aprovechamiento Hídrico de 1902 (cap. 1093, 32 Stat. 388; codificada como reformada en el Código, título 43, secs. 371-379, 383-600), creo la Oficina de Aprovechamiento Hídrico (Bureau of Reclamation) del Departamento del Interior para la construcción de presas, canales y otras obras hidrológicas para aprovechar los recursos acuíferos de las zonas áridas del oeste. Estos proyectos los manejan distritos de riego dependientes de la Oficina de Aprovechamiento Hídrico, pero la ley del estado conserva la facultad para regular la asignación de agua entre tales proyectos y otros usuarios del agua.

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9.7 Protección de los ecosistemas de agua dulce

 

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Véanse también el capítulo 15: Planeación y gestión del uso de tierras privadas, el apartado 17.4: Protección de hábitats y ecosistemas, y el capítulo 25: Asuntos transfronterizos e internacionales.

Ríos de cauce libre. La Ley Federal de Ríos Silvestres y Escénicos (Federal Wild and Scenic Rivers Act, FWSRA) (Código, título 16, secs. 1271-1287), crea un sistema nacional para proteger los ríos de cauce libre con extraordinarios valores escénicos o recreativos. Los ríos se consideran "silvestres", "escénicos" o "recreativos" según el nivel de desarrollo a lo largo del río. Los ríos pueden ser designados ya sea por el Congreso o por iniciativa del estado si la Secretaría del Interior (Secretary of the Interior) aprueba y el estado está de acuerdo en administrar el río (Código, título 16. sec. 1273). En los ríos no se permiten actividades como tala, desviación del agua o proyectos que puedan ser contrarios a los propósitos de su designación como río silvestre o escénico. Se permite la actividad minera siempre y cuando los derechos de ésta sean anteriores a la designación. En el caso de ríos designados después de 1985 se deben desarrollar planes administrativos que regulen las actividades en las tierras adyacentes.

Humedales. La principal ley federal de protección de los humedales es la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act, CWA). Los humedales constituyen un subconjunto de las aguas de Estados Unidos identificadas con base en su suelo, hidrología y vegetación (CFR, título 40, sec. 230.41). Las descargas de material de dragado o relleno desde fuentes fijas en los pantanos requieren de un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Véase la CWA (Código, título 33, sec. 1344; CFR, título 33, pt. 323). La EPA conserva la autoridad para hacer cumplir las leyes y reglamentos y para establecer los lineamientos básicos que el Cuerpo del Ejército debe seguir al emitir estos permisos (Código, título 33, sec. 1344(b)(1); CFR, título 33, pt. 323; CFR, título 40, sec. 230.41). Además, la EPA emite permisos para descargas de fuentes fijas de contaminantes que no sean materiales de dragado o relleno.

El Cuerpo del Ejercito tiene facultades para emitir permisos generales, regionales, estatales o nacionales en que se autorizan ciertas actividades de relleno de humedales sin necesidad de permisos individuales (Código, título 33, sec. 1344(e)). No se otorgan permisos a proyectos cuando: exista una alternativa viable con menos efectos; la actividad viola normas del estado sobre la calidad del agua; se incumplen las normas de efluentes tóxicos; se pone en riesgo una especie en peligro de extinción o se daña un santuario marino; se degradan las aguas, o la acción no incluye medidas adecuadas para minimizar los posibles efectos negativos en ecosistemas acuáticos (CFR, título 40, sec. 230.10). Los requisitos para otorgar un permiso relativo a humedales federales admiten ciertas excepciones mínimas, como actividades agrícolas de rutina, mantenimiento de presas u otra clase de infraestructura, construcción de estanques o caminos en tierras agrícolas o acciones autorizadas por un programa estatal aprobado (Código, título 33, sec. 1344(f)).

Asimismo, se han formulado diversos programas agrícolas federales para la preservación de los humedales.

Estuarios

Los estuarios, que son vías o ríos costeros y sus afluentes de agua dulce, tienen usos tan diversos como transporte, actividades recreativas y hábitat natural. Las reformas a la Ley de Agua Limpia de 1987 (P.L. 100-4) crearon el Programa Nacional de Estuarios para identificar estuarios de importancia nacional amenazados por contaminación, desarrollo urbano o exceso de uso, y para otorgar subvenciones que apoyen el desarrollo de planes de administración integrales para restaurarlos y protegerlos. Los gobernadores de los estados proponen estuarios ubicados dentro de los límites estatales para que sean incorporados al Programa mencionado. El 106 Congreso promulgó la Ley de Estuarios y Agua Limpia de 2000 (P.L. 106-457), que autorizó nuevamente el programa y le asignó fondos de $35 millones anuales para los ejercicios de 2001 a 2005.

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9.8 Responsabilidad y aplicación

 

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La EPA posee amplias facultades de inspección y supervisión para administrar y aplicar tanto la Ley de Agua Limpia (CWA) como la Ley de Agua Potable (SDWA). Por ejemplo, la EPA tiene derecho de acceso e inspección de bienes, equipo y registros; también puede solicitar monitoreos internos específicos y tomar muestras de descargas (CWA, Código, título 33, sec. 1318; SDWA, Código, título 42, sec. 300j-4).

Aplicación federal de la CWA. La EPA cuenta con tres instrumentos básicos de aplicación por la vía civil: órdenes administrativas que exigen el cumplimento de la ley, sanciones administrativas y acciones civiles para cobrar multas u obtener una orden judicial (Código, título 33, secs. 1319, 1321). Las sanciones civiles pueden ascender hasta a 25,000 dólares y las administrativas hasta a 10,000 dólares diarios por infracción, respectivamente. Las descargas de petróleo son objeto de aplicación de disposiciones separadas (Código, título 33, sec. 1321), y las actividades de dragado y relleno de aguas de Estados Unidos requieren un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Código, título 33, sec. 1344(s)).

La EPA se reserva facultades discrecionales casi absolutas para negociar y transigir las acciones de aplicación civiles o administrativas que entable. Las multas se calculan siguiendo políticas y lineamientos específicos que suelen destacar la gravedad, frecuencia y duración de la infracción. Los convenios de transacción también suelen incluir una orden de consentimiento en la cual se asienta un calendario específico de cumplimiento y se estipulan las sanciones por violar dicha orden.

Aplicación federal de la Ley de Agua Potable (SDWA). La aplicación principal de la SDWA se delega en los estados (Código, título 42, sec. 300h-1), pero la EPA puede enviar una orden a un estado solicitando su aplicación. La EPA cuenta además con vías de aplicación independientes. Puede emitir una orden administrativa exigiendo el cumplimiento o la imposición de sanciones administrativas o puede iniciar una acción civil para imponer multas u obtener una orden judicial. También posee amplias facultades de emergencia cuando la contaminación de las fuentes de agua signifique un "peligro sustancial e inminente" para la salud pública (Código, título 42, sec. 300i).

La responsabilidad en la Ley de Agua Limpia (CWA). La CWA responsabiliza a los dueños u operadores de establecimientos o barcos que descarguen petróleo o sustancias peligrosas por los costos de respuesta en que incurra el gobierno, hasta ciertos límites. Los terceros causantes de la descarga también pueden ser considerados responsables. El gobierno federal tiene amplias facultades de emergencia para responder a descargas que representen una "amenaza grave" para la salud o el bienestar públicos (Código, título 33, sec. 1321).

Ley de Contaminación por Petróleo de 1990. A raíz del derrame de petróleo del Exxon Valdez, el Congreso promulgó la Ley de Contaminación por Petróleo (Oil Pollution Act, OPA), de 1990, que es una ley de responsabilidad integral similar a la Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (CERCLA), pero aplicable a descargas petroleras (Código, título 33, secs. 2701-2719). Cualquier propietario u operador (u otra parte responsable) de un buque o establecimiento que descargue petróleo (o amenace con hacerlo) en aguas navegables y litorales adyacentes o en la zona económica restringida de Estados Unidos es responsable, hasta cierto punto, de los costos derivados de la limpieza en congruencia con el Plan Nacional de Contingencias (National Contingency Plan, NPC), así como de ciertos daños (Código, título 33, sec. 2702(a)). Asimismo, a cualquier tercero que se le descubra como el único causante de la descarga también se le podrá considerar como responsable (Código, título 33, sec. 2702(d)). Los "daños" incluyen los estragos causados a los recursos naturales; las pérdidas económicas a bienes muebles o inmuebles; la merma de los recursos naturales que constituyen medios de subsistencia; la disminución neta de ingresos del gobierno; pérdida de utilidades o el aumento en el costo de prestación de servicios públicos (Código, título 33, sec. 2702(b)(2)). Los límites de responsabilidad previstos por la ley dependen del tamaño o el tipo de la embarcación o establecimiento (Código, título 33, sec. 2704). Véase el capítulo 13: Medidas para combatir la contaminación ambiental. Asimismo, la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 estableció el Fideicomiso para la Responsabilidad por Derrames de Petróleo (Oil Spill Liability Trust Fund) (Código, título 26, sec. 9509).

Responsabilidad financiera. Los propietarios u operadores de embarcaciones con peso bruto de más de 300 toneladas, las plantas ubicadas en la costa y los puertos de aguas profundas deben contar con cobertura de responsabilidad financiera (seguros, fianzas, garantías, etc.) por lo menos igual a los límites de responsabilidad a los que podrían quedar sujetos (Código, título 33, sec. 2716(a)).

Actividades de aplicación de los estados. Los estados son la principal instancia para hacer cumplir las normas de calidad del agua contenidas en la CWA, pero el gobierno federal conserva amplia autoridad para inspeccionar, visitar o monitorear establecimientos e iniciar acciones de aplicación (Código, título 33, sec. 1319). Al amparo de la Ley de Agua Potable (SDWA), en los estados que no posean la facultad de aplicación principal (primacía), la EPA es la responsable de hacer cumplir las leyes y los reglamentos en la materia.

Demandas de los ciudadanos. Tanto la CWA como la SDWA permiten el inicio de juicios ciudadanos. De acuerdo con la primera, un ciudadano puede iniciar una acción civil contra cualquier persona que viole las normas de efluentes u otra limitación impuesta por la ley. Los ciudadanos pueden también iniciar juicio para obligar a la EPA a cumplir una obligación no discrecional prevista en la CWA (Código, título 33, sec. 1365). Por su parte, la SDWA autoriza al ciudadano a presentar demanda contra cualquier persona, incluidas las dependencias federales y estatales, que no esté cumpliendo con dicha Ley (Código, título 42, sec. 300j-8).

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2003